El empuje del gobierno por aprobar su proyecto de refundación de Bolivia en un referendo convocado directamente por decreto para el 7 de diciembre cedió ante la presión opositora. La consulta sobre el nuevo texto constitucional pasó para el 25 de enero y con reglas impuestas por el parlamento.
El presidente de Bolivia, el izquierdista Evo Morales, decidió el cambio de fecha y solicitó el concurso del Congreso Nacional legislativo, para lo cual requerirá del consenso de por lo menos 20 de los 56 representantes de la agrupación ciudadana derechista Poder Democrático y Social (Podemos).
La negativa de la Corte Nacional Electoral (CNE) a celebrar la consulta sin aprobación parlamentaria y en estricto apego a la legislación obligó a Morales a dar un paso atrás en una decisión que había sido adoptada con el aliento del gran respaldo popular obtenido el 10 de agosto, cuando consiguió 67 por ciento de votos en el referendo revocatorio de su mandato.
Conocidos los resultados oficiales difundidos por la CNE, el Sí a la ratificación presidencial de Morales obtuvo la mayoría de los votantes en 82 de las 98 provincias que subdividen los nueve departamentos del país, sumando 2,1 millones de los 3,1 millones de votos válidos.
Precisamente, ese caudal de sufragios, el mayor logrado por un mandatario en el último ciclo democrático reanudado en 1982, crea una interrogante en el sociólogo y docente universitario Joaquín Saravia, quien expresó a IPS su incredulidad por la falta de operatividad del gobierno.
"Se observa una inseguridad en el gobierno porque el apoyo social y político no se traduce en hegemonía. Eso es alarmante", sostuvo.
El jefe de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), César Navarro, expresó que el cambio impulsado por el gobierno, en un marco democrático, encuentra resistencia en sectores que vivieron privilegiados con los beneficios del Estado, por lo que encuentra lógica la resistencia.
El presidente Morales y su equipo de colaboradores han convocado una movilización de sectores sociales en respuesta a los 15 días de bloqueos de carreteras que llevan adelante opositores en las zonas fronterizas con Argentina, Paraguay y al sur de La Paz, así como la amenaza de hacer lo propio en las rutas hacia Brasil, en el oriental departamento de Santa Cruz.
Hasta ahora, el conflicto se ha librado a cientos de kilómetros de las ciudades más pobladas, como Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz, que tradicionalmente han sido los escenarios donde las movilizaciones sociales o las asonadas militares han derrocado gobiernos a lo largo de 183 años de historia republicana.
Aunque los problemas de despacho de hidrocarburos anticipan que en ciudades cercanas a los bloqueos se agotará la existencia de gasolina y gas para uso doméstico a lo sumo en una semana más, la serenidad parece imponerse en el gobierno, que observa con cuidado las protestas.
Los reclamos, que en un principio sólo eran por la devolución del llamado Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por 49 millones de dólares para las provincias productoras, pasaron ahora también a rechazar el llamado a referendo para aprobar la nueva ley fundamental y el fin del latifundio. Saravia vuelve a examinar y cuantificar al movimiento ciudadano y empresarial agrupados en comités cívicos y concluye que, numéricamente, son 20 familias de hacendados e industriales, pero que tienen capacidad de perjudicar la gobernabilidad del primer mandatario indígena en la historia de Bolivia, cuya población es mayoritariamente de ese origen.
Pero con preocupación observa que ante la ausencia de un gobierno encargado del orden público, los actores sociales tanto de derecha como de izquierda podrían tomar la iniciativa para intentar resolver el conflicto mediante la violencia, con resultados imprevisibles.
"El gobierno actúa con miopía e irresponsabilidad, porque se avecina una violencia social que vulnera las normas institucionales de orden y eso significa faltarle el respeto a la policía y las Fuerzas Armadas", comentó.
Una de las estrategias de la oposición en marcha es la toma de edificios estatales, y esta acción provoco choques con la policía y el ejército. Hasta este lunes continuaba tomado el aeropuerto de la ciudad de Cobija, la capital departamento de Pando, al norte de La Paz, y otra reparticiones públicas en las ciudades de Trinidad, en el norteño Beni, y en Tarija, al sur del país.
En esas circunstancias, "el último resquicio que recupera la razón de Estado y el cumplimiento de la Constitución es la institución armada que actuaría en el caso de una violencia generalizada", advirtió. "Se trata de un arbitraje en medio de un enfrentamiento de dos sectores sociales", indicó.
El constituyente José Antonio Aruquipa, de la agrupación ciudadana derechista Podemos, dijo a IPS que el pedido presidencial para el análisis de una ley es una forma de imposición del proyecto constitucional "que puede dividir y provocar una confrontación".
Como un anticipo al debate parlamentario, Aruquipa reclama la revisión del proyecto de constitución y reitera sus observaciones a la forma de trámite y aprobación rápida en la ciudad de Oruro, el 9 de diciembre del pasado año, cuando se aprobó el contenido sin mayor discusión y en ausencia voluntaria de los opositores de Podemos. El gobierno proyecta una marcha de organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones populares que arribarán a la ciudad de La Paz el miércoles 16 de este mes para presionar al Congreso Nacional durante el trámite de ley de convocatoria a referendo.
