El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró persona no grata al embajador de Estados Unidos en el país, Philip Goldberg, tras acusarlo de respaldar a los grupos opositores autonomistas que bloquean carreteras, ocupan entidades gubernamentales y afectaron el suministro de gas natural a Brasil.
"Es insólito que un jefe de Estado haga conocer una decisión de declaración de persona no deseable, aunque hay que ver esta decisión en el contexto de unas relaciones diplomáticas deterioradas", explicó a IPS el ex canciller Armando Loaiza.
En el último año, el gobierno izquierdista de Morales acusó en varias oportunidades a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia de ofrecer su apoyo a los gobiernos departamentales de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca en su movilización en busca de una autonomía radical.
Loaiza precisó que, en respuesta, el gobierno estadounidense podría adoptar una medida similar con el embajador boliviano en ese país, Gustavo Guzmán, profundizando la crisis en las ya difíciles relaciones bilaterales.
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Washington ha mostrado molestias por la alineación de la política exterior boliviana a los gobiernos de Cuba y de Venezuela, así como su reciente aproximación a Irán, además del largo cuestionamiento sobre la persistencia de los ancestrales cultivos de coca.
Esta decisión de declarar persona no grata a Goldberg fue precedida de fuerte choques, como la denuncia de la cancillería de que este diplomático había celebrado una reunión reservada el 2t5 de agosto con el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, el principal opositor al presidente Morales.
Un día después, Goldberg fue llamado a la cancillería para informar sobre las razones de este encuentro y Choquehuanca le pidió que tuviera "cuidado" en su relación con los prefectos de oposición.
Luego, Goldberg realizó el 4 de este mes una visita de cortesía a la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, también de oposición, generando la molestia del gobierno.
"No queremos gente separatista ni divisionista, ni que conspire contra la unidad. No queremos personas que atenten contra la democracia", expresó Morales, mientras en los departamentos de Santa Cruz (este) y Tarija (sur), continuaban los hechos de violencia alentados por las organizaciones cívicas y prefectos.
El senador Félix Rojas, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó que la decisión del presidente Morales responde al artículo 4 de la Constitución nacional, que proclama la autodeterminación de Bolivia.
Goldberg presentó sus cartas credenciales el 13 de octubre de 2006 en La Paz, a donde llegó rodeado de un llamativo historial en su labor diplomática. Fue jefe de misión de 2004 a 2006 en Kosovo, formalmente provincia de Serbia hasta que un gobierno local apoyado por la mayoría albanesa del territorio declaró la independencia el 17 de febrero.
Ese antecedente del diplomático fue empleado por el gobierno boliviano como argumento para relacionarlo con movimientos secesionistas de la llamada media luna oriental alentados por grupos conservadores.
Desde la oposición, el diputado Fernando Messmer, de la organización ciudadana derechista Poder Democrático y Social (Podemos), señaló que la actitud del gobierno es radical y no mide las consecuencias.
Como efecto inmediato en las relaciones comerciales con Estados Unidos, el legislador Michiaki Nagatani, del también derechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), advirtió que será difícil negociar una nueva ampliación de un acuerdo comercial con Estados Unidos que permita la exportación de manufacturas por unos 250 millones de dólares anuales.
"El gobierno debe pensar dos veces" antes de tomar este tipo de medidas, argumentó.
El anuncio de Morales llega un día después del desborde social impulsado por organizaciones cívicas en la oriental ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el saldo de varias oficinas públicas ocupadas y saqueadas, mientras los ejecutivos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmaron una explosión en el gasoducto de exportación de gas a Brasil.
A las cinco de la madrugada de este miércoles, el ducto fue saboteado en el kilómetro 51, entre los campos San Alberto y San Antonio, en el sureño departamento de Tarija, una zona que guarda dos terceras partes de la riqueza hidrocarburífera de Bolivia.
El presidente de YPFB, Santos Ramírez, anunció que esta acción provoca pérdidas por 100 millones de dólares, la reducción de tres millones de los 26 millones de metros cúbicos por día que se exportan a Brasil, el principal mercado para el carburante de este país.
Ramírez prevé que las obras de extinción de incendio en el gasoducto y su reparación demandarán unos 20 días.
En la ciudad de Tarija, capital del departamento de igual nombre, sectores autonomistas intentaron la ocupación de un mercado de abastecimiento de productos agrícolas y de propiedad de campesinos de la región que proveen alimentos a esta ciudad de unos 180.000 habitantes.
El presidente de la Asociación de Juntas Vecinales de la Provincia Cercado (ciudad de Tarija), Inocencio Almanza, informó a IPS que grupos de universitarios, jóvenes apoyados por el prefecto departamental, Mario Cossío, atacaron las instalaciones del centro de abasto de alimentos donde trabajan unos 5.000 agricultores.
Durante la jornada, los campesinos afines al gobierno resistieron la embestida de los grupos violentos y la policía sólo atinó a dispersar a los dos sectores con gases lacrimógenos.
En la población de Villamontes, en Tarija, grupos de civiles atacaron a soldados del ejército, los golpearon y desarmaron para tomar el campo petrolero de Vuelta Grande y la planta de refinación de petróleo.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ratificó su denuncia de que está en marcha un golpe de estado cívico prefectural (por los gobiernos locales).
Acusó a los llamados comités cívicos y a los cinco prefectos de oposición de bloquear carreteras y ordenar la toma de los campos petroleros. La autoridad instruyó el refuerzo de la custodia militar para cuidar las instalaciones de YPFB y de empresas privadas encargadas de la explotación y comercialización de carburantes.
Por segundo día, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) mantuvieron ocupadas las oficinas públicas, y al anochecer tomaron el control de la terminal terrestre y ferrocarrilera, desalojando a las fuerzas policiales de custodia que huyeron del lugar ante el avance violento de los manifestantes.
Los grupos violentos asaltaron en varias oportunidades este miércoles un centro comercial popular llamado Barrio Lindo, donde se instalan inmigrantes de zonas occidentales bolivianas como La Paz, Oruro y Potosí para vender alimentos y ropa.
