Mientras los familiares sepultan a sus muertos en medio de gritos pidiendo justicia, comenzó en Bolivia el tiempo de buscar a los culpables de la masacre de una treintena de campesinos y de la desaparición de decenas de ellos en la emboscada de que fueron víctima en el departamento de Pando.
El fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, y una iniciativa parlamentaria, para crear una comisión especial de investigación, abren el camino para el esclarecimiento de los hechos de violencia registrados el jueves pasado en la población amazónica de Porvenir, en el norteño Pando.
Al pie de los féretros de los estudiantes Johnny Cori, Alfonso Cruz y Wilson Castillo, asesinados en Pando, el secretario general de los indígenas aymaras denominados "ponchos rojos", Bernabé Gutiérrez, juró luchar hasta alcanzar la justicia por los caídos.
La causa de la muerte de Cori y Castillo es por impacto de proyectil de arma de fuego, mientras Cruz murió estrangulado, según el informe forense difundido el lunes por los investigadores en La Paz.
El líder de los "ponchos rojos", dijo a IPS que hará todas las gestiones ante el gobierno de Evo Morales hasta obtener el enjuiciamiento del prefecto (gobernador) derechista de Pando, Leopoldo Fernández, quien es señalado por el oficialismo como el autor intelectual de organizar un grupo irregular de "sicarios" bolivianos, peruanos y brasileños, vinculados al tráfico de drogas.
El fiscal Uribe resolvió actuar por iniciativa propia y levantar las primeras diligencias contra Fernández por el delito de "genocidio en su forma de masacre", pero incluyó en la causa al ex alcalde de Cobija, Miguel Becerra, y al senador de la centroizquierdista Unidad Nacional (UN), Abraham Cuellar, ambos férreos opositores del prefecto pandino.
En el Congreso Nacional, el senador del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Ricardo Díaz, comenzó gestiones para organizar una comisión especial que acumule las evidencias y recoja declaraciones de los supuestos responsables y de los sobrevivientes del hecho que ahora los medios denominan la "masacre de Porvenir".
Desde Cobija, el cuestionado prefecto habló con medios de información y acusó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de montar un "show" y engañar al pueblo, e insistió en una investigación independiente, expresando su desconfianza por la incursión militar tras el estado de sitio, a la cual atribuye la tarea de eliminar pruebas.
Los uniformados tomaron el control de Cobija, capital de Pando, después del estado de sitio regional, decretado por el presidente Morales el viernes pasado, y dos días después allanaron la vivienda de supuestos organizadores de los hechos de violencia contra los campesinos partidarios de Morales.
Un jefe militar mostró a los medios de comunicación un conjunto de armas de fuego, proyectiles de doble detonación (dum-dum), prohibidos por convenciones internacionales en materia de conflictos bélicos.
El ministro de la Defensa, Walker San Miguel, anunció la detención de 12 personas, que fueron trasladadas a La Paz y que, en el marco del decreto de estadio de sitio, serán "confinados" en una región aún no determinada, donde prestarán declaraciones sobre las acciones de los grupos irregulares.
Fernández interpreta la misión militar como una "persecución política" que no guarda relación con los acontecimientos de Porvenir, y confirmó la detención de dirigentes cívicos y funcionarios de su prefectura.
Aún con una herida en la mejilla derecha y el lóbulo de la oreja amoratado por el golpe recibido con la culata de un arma de fuego, el estudiante Raúl Lucas marchó el lunes junto a los tres féretros de sus compañeros de la escuela de formación de maestros de la localidad de Filadelfia, localizada a unos 40 kilómetros de Porvenir.
"Querían quemarme", relató a IPS con la voz apagada. Lucas es uno de los 120 estudiantes de la escuela normal que el día trágico salió en solidaridad de los campesinos muertos y perseguidos, pero terminó sufriendo la represión atribuida a funcionarios de la prefectura de Pando.
La mayoría de los estudiantes de ese centro educativo, que recoge jóvenes de distintas regiones del país, provienen de los pueblos aymaras del occidente boliviano, que hallaron una oportunidad para obtener un título y un empleo como maestros en empobrecidas zonas tropicales.
El último domingo, la estudiante Esperanza Sánchez y unos 50 compañeros de estudio consiguieron ser rescatados por los militares y se embarcaron en un avión de transporte de tropas para llegar a La Paz, relató ella a IPS.
En Filadelfia, "temíamos por nuestras vidas, porque no hay garantías", afirmó Sánchez. "Collas de mierda, por uno pagan todos", fue la amenaza que escuchó horas después de la muerte de los primeros campesinos y mientras los cirios estaba encendidos para rendir homenaje a los primero caídos.
Ante una inminente incursión de los grupos irregulares, Sánchez, junto a otros compañeros de estudios, huyó a la espesura del monte, donde estuvo escondida cerca de 48 horas, alimentándose de frutos silvestres.
La población de Filadelfia está habitada por humildes indígenas amazónicos, a los cuales se suman los inmigrantes aymaras que tienen por alcalde a un militante del gobernante MAS.
Estas diferencias culturales han quedado expuestas este lunes, cuando los familiares de los tres estudiantes muertos clamaron sumidos en lágrimas por el enjuiciamiento del prefecto Fernández, a quien acusan de promover la violencia racial.
El estudiante Raúl Lucas estuvo entre los que resultaron heridos el jueves, llevado inconsciente hasta el hospital de Pando, sintió la amenaza permanente de los grupos irregulares que pretendían acabar con la vida de los campesinos sobrevivientes.
"Tuve que escapar del hospital", explica. Junto a Sánchez afirman que aún existen decenas de personas escondidas en el monte y presumen que muchos murieron a manos de los civiles armados que tienen el apoyo del prefecto Fernández.
El ministro de Gobierno, encargado de la seguridad interna, Alfredo Rada, afirma que la hipótesis gubernamental se concentra en una posible combinación entre el narcotráfico y el paramilitarismo, que emplearon sus armas para la eliminación selectiva de los dirigentes sindicales y sociales.
Rada vincula los hechos con la presencia de bandas de traficantes de drogas en Pando, el departamento fronterizo con Brasil. A mediados de este año, las autoridades capturaron al supuesto jefe de la mafia pandina, Mauro Vásquez, quien fue presentado ante un juez en La Paz, para su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
La justicia declaró inviable el procedimiento e instruyó el retorno de Vásquez a Cobija, donde quedó detenido.
"Hay una conexión del poder político que ha conformado grupos paramilitares" con la participación del narcotráfico, según Rada.
