El presidente de Bolivia, Evo Morales, logró que los gobiernos locales que se le oponen acepten sus términos para encontrar la paz en el país, en una jornada en que jugó sus cartas a ganador y ordenó la detención del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado de genocidio por el asesinato de campesinos.
Entre otros términos, el convenio implica que el gobierno nacional le restituye recursos devenidos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a la vez que se contempla el respeto a las autonomías departamentales y la discusión sobre el texto de la nueva constitución política, que debe ser ratificada en un referendo.
Con el cardenal católico Julio Terrazas de testigo, Cossío pidió al gobierno que deje en suspenso la convocatoria a referendo por la nueva constitución, prevista para enero, mientras se busquen opciones negociadas con los prefectos de la llama media luna oriental boliviana.
Otro punto del acuerdo establece la restitución de la paz social en todo el país con la devolución a sus legítimas autoridades del control de las oficinas públicas ocupadas la semana pasada por manifestantes derechistas de oposición. También se abre la posibilidad de que entidades del gobierno nacional sean transferidas a departamentos, de manera institucionalizada.
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Cossío confirmó, en ese marco, que los manifestantes liderados por los gobiernos departamentales de oposición al mandatario izquierdista de Bolivia levanten los bloqueos de tránsito que llevan adelante en 35 puntos de carreteras nacionales.
Anunció la presencia de testigos y facilitadores como la Iglesia Católica y organismos internacionales, como la comisión aprobada el lunes por la Unión de Naciones Sudamericanas, para encausar el diálogo que se instalará este jueves en la ciudad de Cochabamba.
Respecto de la violencia desatada el jueves pasado en el norteño departamento de Pando, Cossío informó de la conformación de una comisión parlamentaria que investigará la masacre de campesinos, a la par de que pidió al gobierno de Morales garantías para la integridad física de Fernández y de dirigentes del movimiento derechista cívico y sociales detenidos por esta causa.
Con el respaldo rotundo expresado de manera unánime por los presidentes y representantes de los gobiernos sudamericanos en la cumbre extraordinaria del lunes en Santiago, Morales dio pasos decisivos para llegar a este acuerdo, hacer detener a Fernández en respuesta al clamor popular de justicia y, al mismo tiempo, reiteró su deseo de instalar el diálogo con la oposición.
El avance político en las últimas 72 horas del primer mandatario indígena de Bolivia y el apoyo de sus pares de Unasur, conformada por los 12 países de América del Sur, contrasta en el terreno diplomático con la "descertificación" anunciada este martes por Washington, que le cuestiona el supuesto incumplimiento de metas en la lucha contra el narcotráfico.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, la calificó de decisión política sin argumentación de fondo.
La reprobación de Estados Unidos a la lucha contra las drogas en Bolivia, al igual que en Venezuela y Birmania, estaba entre las posibilidades manejadas por La Paz tras haber expulsado la semana pasada al embajador de Washington, Philip Goldberg, a quien acusa de respaldar a los movimientos autonomistas y contribuir a una conspiración contra el presidente Morales.
El gobierno estadounidense de George W. Bush respondió del mismo modo, con la expulsión del embajador boliviano en ese país, Gustavo Guzmán, y abrió una etapa de relaciones diplomáticas en la cual sólo los encargados de negocios serán los responsables de las respectivas representaciones.
Casi en solitario, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, solicitó la libertad del prefecto Fernández como condición para iniciar el diálogo. Pero, contradiciendo esta condición, en la noche de este martes los bloqueos de carreteras en Tarija, al sur de La Paz, fueron levantados, y las instalaciones petroleras ocupadas por ciudadanos de la región fueron devueltas a control del Estado nacional.
En la ciudad de Tarija, la capital del sureño departamento de igual nombre, las organizaciones cívicas respaldadas por el gobierno local comenzaron a analizar la suspensión de las medidas de presión y la restitución a sus responsables de las oficinas públicas ocupadas la semana pasada tras violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado.
Hasta el momento, sólo las instalaciones de reparticiones gubernamentales y de la telefónica siguen ocupadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz, dado que los grupos de la derechista y violentista Unión Juvenil Cruceñista se resisten a restituirlas.
El avance de un grupo de campesinos afines al gobierno de Morales desde la región central del departamento de Cochabamba hacia la capital cruceña, para forzar la devolución de las oficinas públicas, provocó la reacción del prefecto departamental Rubén Costas.
"Si el gobierno persiste en la violencia, será de su responsabilidad. Los crímenes no serán cargados a mis espaldas, sino serán a las suyas, presidente Morales", exclamó ante el temor de enfrentamientos en víspera de la apertura de la feria internacional Expocruz, que anualmente moviliza unos 120 millones de dólares en negocios y es la mayor muestra de la producción del país.
La masacre una treintena de personas, como fue informado en un principio aunque son 15 las registradas oficialmente hasta ahora, y la desaparición de un centenar, en el marco de una emboscada a campesinos e indígenas afines a Morales, ha jugado a favor del gobierno de éste para reforzar la idea de que el movimiento cívico y regional tiene un importante contenido racista.
Del total de fallecidos, sólo dos son funcionarios de la prefectura de Pando, el resto de las víctimas tienen la piel morena y pertenecen a comunidades indígenas y campesinas de la empobrecida región amazónica, fronteriza con Brasil, y presentan heridas de proyectiles de armas de fuego.
El prefecto Fernández no ha podido explicar la presencia de personas armadas y sólo ha reclamado una comisión imparcial para demostrar, como afirma, que los campesinos también tenían armas y respondían a un plan gubernamental para desatar la violencia.
La detención de Fernández, a manos de un destacamento militar armado con fusiles automáticos y equipado para un conflicto bélico, ha representado un giro en la actitud pasiva del gobierno izquierdista. Consiguió con esa medida ejecutiva dominar a una de las autoridades más radicales y desafiantes,
El gobernante local sólo atinó a rechazar una camioneta como medio de transporte, pidiendo a los uniformados hasta con sumisión que no lo humillaran y le permitieran abordar una confortable vagoneta que lo llevó hasta el pie de un avión militar, en la capital departamental, Cobija, antes de ser llevado a La Paz.
Fernández se encuentra "confinado" y aún no se conoce el lugar donde será alojado, mientras transcurran los 90 días del estado de sitio declarado en Pando a fines de la semana pasada por el gobierno nacional, una medida a la cual se resistió y provocó su reacción.
El presidente Morales no estimó en sus cálculos políticos un desborde de excesiva violencia en Pando, y a la misma hora en que se registraba el asesinato de los campesinos, en la mañana del jueves, se disculpó por la actitud pacífica de las fuerzas de seguridad ante los ataques violentos de civiles contra instituciones gubernamentales.
