La última noche de los 18 meses de los que dispuso para legislar por decreto el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó 26 normas, que, según sus críticos, implantan gran parte de la reforma de tinte socialista que el electorado rechazó en el referendo de diciembre.
Para mayor estupor de la oposición, la Gaceta Oficial (diario que recoge los documentos que emanan del Poder Ejecutivo) inicialmente publicó los títulos, pero no los textos de las leyes, finalmente divulgados en la víspera al cabo de cuatro días de "suspense".
En paralelo, este martes comienza la inscripción de candidatos a gobernadores para 23 de los 24 estados y para las 330 alcaldías, en elecciones que se realizarán el venidero 23 de noviembre y que tanto el gobierno como la oposición consideran decisiva para acentuar o detener, respectivamente el rumbo que esta administración quiere imprimirle al país.
"Esas son leyes en beneficio del pueblo, las leyes de la liberación. Las leyes de la oposición son leyes apátridas", dijo Chávez al defender los decretos en su programa dominical de radio y televisión.
"Yo recibí facultades habilitantes hasta el 31 de julio y al que no le guste una ley que recurra al Tribunal Supremo de Justicia", dijo el mandatario.
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En enero de 2007, cuando Chávez recién reelegido planteó acelerar el camino al "socialismo del siglo XXI", fue autorizado a legislar por decreto durante año y medio por la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral cuyos 167 miembros en ese entonces eran todos oficialistas debido a que la oposición no quiso participar de los comicios para integrarlo,
A partir de esa autorización, Chávez emitió leyes que le permitieron estatizar empresas y negocios petroleros, de electricidad y telecomunicaciones, pero apostó a un proyecto de reforma constitucional el grueso de sus propuestas para crear un "poder popular", reformar las Fuerzas Armadas, concentrar potestades dispersas en los estados y posibilitar su reelección indefinida.
La reforma que propuso en agosto de 2007 contenía 33 artículos y el parlamento los elevó a 67, pero en el referendo del 2 de diciembre se impuso el "No" con una proporción de 51 a 49 por ciento de los sufragios emitidos.
El vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizález, explicó que muchas normas fueron reelaboradas, pues se las redactó suponiendo un triunfo en el referendo, y su confección definitiva se hizo en consejos de ministros a lo largo del último semestre. "Quedaron otras 16 leyes pendientes y se enviarán sus borradores a la Asamblea", indicó.
Entre los nuevos textos destacan leyes sobre la Fuerza Armada, sobre los sectores financiero, agrícola y alimentario, la administración pública, la pequeña y mediana industria, ferrocarriles, vivienda, turismo y fomento de la economía popular.
"El presidente comete un fraude a la Constitución porque se saltó el principio que ella establece y repite en una veintena de artículos, sobre participación ciudadana en la elaboración de leyes, y se burla de su parlamento, que le dio un cheque en blanco y no lo utilizó hasta última hora", dijo a IPS el abogado constitucionalista Rafael Chavero.
En cambio, el jurista Carlos Escarrá, dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sostuvo que "el presidente actuó dentro del lapso que le dio la Asamblea y sus actuaciones se ajustan a la Constitución y a la ley que lo habilitó".
Carrizález desestimó las críticas opositoras porque "muchos de los textos cumplen con un pedido de la oposición durante la campaña del año pasado, en el sentido de que no era necesario reformar la Constitución para producir cambios legales, y atienden necesidades como impulsar la pequeña y mediana industria o simplificar trámites administrativos".
Una de las leyes, para el fomento de la economía popular, establece para cualesquiera comunidades organizadas un "modelo socio-productivo comunitario", que reconoce el trabajo colectivo y las brigadas de producción, distribución y consumo que integren voluntarios "prosumidores", vocablo síntesis de productores y consumidores.
Adquiere rango legal el trueque, bien sea el directo sobre "bienes, servicios o saberes" mutuamente equivalentes, o el indirecto, con valores no equivalentes y que requieren de mecanismos de compensación, los que pueden hallarse en mercados específicos.
También hay un reconocimiento para monedas comunales, con base en experimentos que se han intentado en algunas localidades deprimidas del interior del país.
Igualmente adquieren personería legal los "núcleos de desarrollo endógeno", que suelen reunir en un mismo espacio a cooperativas locales con servicios o programas gubernamentales de salud y distribución de alimentos, principalmente.
A medida que cada sector interesado escudriña en la ley del área en que se desempeña, encuentra novedades "que estrechan cada vez más el cerco sobre el sector privado", dijo el presidente de la asociación empresarial Fedecámaras, Juan Manuel González.
Por ejemplo, en caso de considerarlo de utilidad pública, el gobierno podrá tomar, intervenir u ocupar un bien de manera cautelar, mientras espera las resultas de un juicio de expropiación. El punto lo había propuesto Chávez en la reforma constitucional puesta a consideración de la ciudadanía en diciembre.
La nueva norma de seguridad alimentaria ordena privilegiar la producción interna, en este país que importa más de 60 por ciento de los alimentos que consume y cuyo gobierno ha creado redes de distribución que abastece con productos traídos del exterior.
La planificación en seguridad alimentaria deberá cogestionarse con productores, consejos comunales y otras formas de organización popular, y se sustituyen las juntas nacionales por sector, que fijaba condiciones a la producción y precios de los principales rubros, por "asambleas agrarias" que permitirían la participación de los gremios.
El Estado deberá "garantizar reservas estratégicas" de alimentos, "facilitar el intercambio y el trueque" y se establece un "voluntariado agrícola", en el que participarán los funcionarios de la administración pública y comunidades organizadas. Los enunciados genéricos de las leyes se concretarán en reglamentos por venir, recordó Carrizález.
El centro de la ley para simplificar trámites administrativos es que cada organismo estatal deberá elaborar un plan para reducir sus trabas burocráticas.
Las leyes de bancos (más de 500 artículos) y de financiamiento agrícola no contienen mayores novedades, según las primeras lecturas de expertos. Hay detalles como que la cartera de créditos agrícolas podría extenderse de su actual pauta de 21 por ciento hasta 30 por ciento en cada instituto dedicado a la intermediación financiera.
La nueva ley de la Fuerza Armada promete un largo debate público, porque suma un quinto componente, la llamada Milicia Nacional Bolivariana, a los cuatro tradicionales que son el ejército, armada, aviación y guardia nacional, a cada uno de los cuales también se agrega el cognomento "bolivariano".
Las milicias podrán coordinarse con los Consejos Comunales, célula de organización popular promovida por el gobierno, lo que despierta aprensión en sectores de oposición que las ven como adversarios armados, pues "la dinámica política ha hecho del término bolivariano un sinónimo de chavista", dijo el ex líder socialista Teodoro Petkoff.
Pero, además, el mando operacional de la Fuerza Armada se separa del Ministerio de la Defensa, que se reducirá a cuestiones administrativas, y se entrega a una pirámide cuyo vértice es el comandante en jefe, rango militar activo que corresponde al presidente, nueva cabeza del estado mayor operacional.
Además se crea un nuevo rango, el de mayor general, para que la ampliada cúpula castrense quede, en orden descendente, así: comandante en jefe, general en jefe (almirante en jefe para la fuerza naval), mayor general o almirante, general de división o vicealmirante, y general de brigada o contralmirante.
Durante la última mitad del siglo XX los jerarcas militares sólo llegaban a los grados de generales de división y de brigada, o de vicealmirante y contralmirante.
El PSUV y sus aliados anunciaron que defenderán en todos los escenarios las bondades de los nuevos textos. El pequeño Partido Comunista fue la excepción en ese bloque, pues "no conocimos ni conocemos el contenido de esas leyes", dijo su secretario general, Oscar Figuera.
En la acera opositora, la totalidad de líderes políticos y de opinión, empresarios y medios de comunicación alineados contra el gobierno sostienen que Chávez en los hechos reforma la Constitución a pesar del rechazo en el referendo de diciembre.
"Con esta emboscada, el gobierno pretende meter de contrabando la rechazada reforma constitucional. El país debe ponerse de pie porque si el chavismo gana en noviembre el porvenir será oscuro", dijo por ejemplo el octogenario Luis Miquilena, quien rompió con Chávez después que fue arquitecto de su primer triunfo electoral en 1998 y su principal operador político en los primeros años de gobierno.
Para Manuel Rosales, candidato opositor que perdió ante Chávez en las últimas elecciones presidenciales de 2006, "son unas leyes piratas, un madrugonazo al pueblo", y para González, de Fedecámaras, "es un fraude a la democracia".
Mientras Chávez permanecía de visita oficial en Buenos Aires, donde se reunió el lunes con sus pares Cristina Fernández, de Argentina, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, los jefes de los partidos opositores comenzaban a hacer llamados de campaña contra las nuevas leyes e, incluso, buscar una referendo que las abrogase.
