El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela liquidó la posibilidad de que varios aspirantes opositores se presenten a las elecciones de gobernadores y alcaldes que se realizarán el 23 de noviembre.
La Sala Constitucional del Supremo avaló el martes la potestad de la Contraloría General para inhabilitar políticamente a cientos de ex funcionarios y, bajo ese paraguas jurídico, la Sala Político-Administrativa, al estudiar varios casos concretos, negó este miércoles que hubiese errores de procedimiento por parte del órgano contralor.
Por seis votos contra uno, la Sala Constitucional ratificó el artículo de la ley que faculta a la Contraloría a "declarar la responsabilidad de aquellos funcionarios públicos incursos en ilícitos administrativos, así como para ( ) la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, cuando la gravedad de la falta así lo amerite".
El Foro por la Vida, una coalición de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, consideró en cambio que la Contraloría "violó lo expresamente dispuesto tanto en la Constitución como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Para limitar el derecho a ser elegido, la Convención exige en su artículo 23 que "la inhabilitación política sea dictada por un juez competente, en proceso penal", destacó el Foro en una declaración. La Constitución prohíbe postularse a cargos de elección popular a quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
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"Ese no es de ninguna manera este caso, pues el contralor no es un juez, ni es parte del Poder Judicial, ni se trata de un proceso penal con las garantías que el mismo contrae, ni de una sentencia condenatoria por delitos cometidos conforme a las leyes penales", dijo a IPS Marino Alvarado, coordinador de Provea, una de las organizaciones no gubernamentales que forman parte del Foro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la denuncia que presentó por su inhabilitación el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Leopoldo López, aspirante opositor a la alcaldía metropolitana de la gran Caracas.
Dos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur), Adriana Peña, del Partido Nacional de Uruguay, y Mirta Palacios, del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay, viajaron a Caracas para obtener información de primera mano sobre el tema.
Los trabajos de Peña y Palacios deben tener muy poco efecto sobre la solicitud de Venezuela de sumarse al Mercosur, fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pues las decisiones al respecto no dependen del parlamento del bloque sino de las legislaturas nacionales. Las de Brasil y Paraguay no han votado aún el ingreso venezolano.
Las salas del Tribunal Supremo adelantaron sus decisiones mediante notas de prensa al iniciarse la semana única de postulaciones para las elecciones de noviembre, y que obligará a los grupos de oposición a acordar sobre reemplazos de quienes eran, en algunos casos, sus aspirantes favoritos para las plazas en juego.
Aunque regionales, "estas son las elecciones más importantes en la historia de Venezuela", dijo hace un par de meses el presidente Hugo Chávez, porque si la oposición logra una victoria contundente "el año próximo vendrán por mí, y habrá guerra".
Así aludió a la posibilidad de que sus opositores busquen un atajo electoral para acortar su mandato, que expira en enero de 2013, en tanto la heterogénea oposición pide el voto para acumular fuerzas con las que contener "el proyecto autoritario" de Chávez.
Al despuntar agosto el país conoció 26 leyes que Chávez súbitamente dictó por decreto y que acrecientan los poderes económicos, administrativos, políticos y militares de la presidencia, así como los controles del Estado sobre la economía privada, y dan vida legal a iniciativas económicas, sociales y comunales de tinte socialista o mutualista.
Hasta entonces los reflectores políticos y mediáticos se enfocaban sobre las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos que la Contraloría dispuso como sanción para unos 300 funcionarios y ex funcionarios, entre elegidos y designados, a los que atribuyó irregularidades durante su desempeño.
La Contraloría es parte del Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes que dirigen el Estado según la Constitución de 1999, impulsada por Chávez tras asumir la presidencia, y su titular, Clodosvaldo Russián, es tildado por sus detractores como afecto al gobierno.
Entre los inhabilitados hay cuatro postulantes con posibilidad de arrebatarle al oficialismo importantes bastiones, según las encuestas, comenzando por la alcaldía mayor del área metropolitana de Caracas, la segunda región más poblada del país, y en donde López era el mejor opositor situado frente al oficialista Aristóbulo Istúriz.
Otros son Enrique Mendoza, quien busca la gobernación del estado de Miranda, este de Caracas, la tercera entidad por su población, así como Antonio Barreto y William Méndez, que aspiraban a las gobernaciones de Anzoátegui y Táchira, estados medianos pero estratégicamente ubicados en el nordeste y suroeste del país.
Se elegirán 22 de 23 gobernadores de estados, dos alcaldes mayores (regionales) y los alcaldes de los 330 municipios. La oposición ganó apenas 10 por ciento de las plazas en 2004, pero las encuestas dicen que podría conquistar entre 30 y 40 por ciento esta vez.
En dos terceras partes de las gobernaciones y la mitad de las alcaldías la oposición ya logró acuerdos unitarios en torno a un solo aspirante. Tras las inhabilitaciones, en varias zonas hay acuerdo para que el abanderado sea el segundo mejor situado.
López, el de mayor exposición mediática entre los inhabilitados, se quejó amargamente al retirar su aspiración este miércoles: "Fue una decisión cobarde del Estado contra el pueblo. Este gobierno le tiene miedo al pueblo, porque llegó la hora en que una nueva mayoría puede ganar elecciones", afirmó.
Chávez fue reelegido presidente en diciembre de 2006 con 7,3 millones de votos (63 por ciento de los votos) frente a 4,3 millones del opositor Manuel Rosales.
En el referendo de diciembre de 2007 sobre su propuesta de reforma constitucional, el gobierno consiguió 4,37 millones de sufragios por el "Sí" (49 por ciento), frente a 4,50 millones por el "No" (51 por ciento) alentado por la oposición.
