Tras un arduo debate, la Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles por un voto de diferencia el proyecto de ley que establece un subsidio permanente para el sistema de transporte público de la capital, conocido como Transantiago.
La iniciativa legal, que crea un subsidio permanente para el transporte público remunerado de pasajeros del país y dos fondos transitorios, ingresó a la cámara baja el 6 de mayo y hasta último momento el gobierno de Michelle Bachelet temió su rechazo.
El proyecto fue aprobado en general por 57 votos a favor y 56 en contra en una sesión que se extendió por más de seis horas.
Se trata de un subsidio anual de 210 millones de dólares para la capital y otro por el mismo monto para las 14 regiones restantes, que concentran 60 por ciento de la población del país. En total, el fisco desembolsará 420 millones de dólares al año por este concepto.
En Santiago, el aporte permitirá mantener congelada la tarifa de los autobuses durante el resto del año y subirla de forma moderada en el futuro.
[related_articles]
En las regiones, el valor del transporte podría disminuir entre 30 y 60 pesos (0,05 ó 0,11 centavos de dólar), según las proyecciones del ministro de Transportes, René Cortázar.
Los dos subsidios transitorios están destinados a la capital y al conjunto de las otras regiones. Ambos tendrán vigencia desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011.
El salvavidas financiero aliviará el déficit de Transantiago, inaugurado hace un año y medio, y permitirá mejorar la infraestructura en las regiones.
Antes de la votación, Bachelet señaló que el proyecto "va en directo beneficio de todas las personas, al permitir que nuestra gente pague menos por su pasaje" o que en algunos lugares la tarifa "se mantenga y no suba".
Los diputados de la centroizquierdista Concertación por la Democracia, la coalición de gobierno, se inclinaron a favor de la iniciativa tras firmar durante la sesión de este miércoles un protocolo de acuerdo con el ministro Cortázar, donde el gobierno se compromete a mejorar el Transantiago y hacer eficiente la entrega del subsidio a las regiones.
Este acuerdo fue rubricado por los bloques de los partidos Socialista, Por la Democracia y Radical Socialdemócrata. La otra fuerza política de la alianza gubernamental, el Partido Demócrata Cristiano, consideró innecesaria la firma del protocolo, ya que sus portavoces aseguraron que su apoyo a la socialista Bachelet es "incondicional".
La oposición derechista y algunos independientes votaron en contra de la iniciativa porque consideran que el subsidio no mejorará el funcionamiento del Transantiago y no se traducirá en rebajas de tarifas en todos los rincones del país.
"Sólo en Santiago el subsidio es automático", dijo al diario El Mercurio Jovino Novoa, senador del ultraderechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI).
En medio del debate legislativo, se produjo un grave altercado. El diputado Julio Dittborn, de la UDI, acusó a su par democristiano Gabriel Ascencio de vender su voto al gobierno, al supeditarlo a un beneficio económico para la zona que representa, el Archipiélago de Chiloé.
El plan Transantiago, diseñado por el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) e implementado por Bachelet, tuvo un caótico inicio el 10 de febrero de 2007, por diversas razones.
Los recorridos dejaron zonas periféricas de la capital sin cobertura, lo que obligó a los usuarios a hacer numerosos transbordos. Al reducirse a la mitad la flota de autobuses, la frecuencia de los viajes bajó demasiado, sobrecargando la capacidad del tren subterráneo.
Tampoco se contaba con la tecnología de gestión en línea, las vías segregadas y las paradas necesarias para operar.
En mayo de 2007, a tres meses de su inauguración, la jefa de la división de Ingeniería de Transportes de la estatal Universidad de Chile y presidenta de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transportes, Marcela Munizaga, dijo a IPS que "Transantiago necesita un cambio estructural, porque pasar de los 4.500 autobuses originales, que hacían viable económicamente el sistema, a los 6.500 que las autoridades estiman necesarios, no es algo menor".
La experta sostuvo que se terminaría instaurando un subsidio permanente al transporte público.
En esa fecha, Cortázar señaló que el Estado desembolsaría 290 millones de dólares para financiar los "costos de puesta en marcha de Transantiago" para lo que restaba de 2007, previa autorización del parlamento a través de un proyecto de ley.
Aunque ha mejorado en el último año, Transantiago aún dista de ser el moderno y eficiente sistema prometido por las autoridades, pensado para disminuir el tránsito vehicular y la contaminación atmosférica.
En vista de su mal funcionamiento y del déficit financiero que originó el abandono de los usuarios disconformes con el servicio, el gobierno se comprometió a dejar congelada la actual tarifa de 380 pesos (70 centavos de dólar) hasta que el sistema operara exitosamente. Para lograrlo pidió un préstamo al Metro (subterráneo) de Santiago.
Pero ese dinero se acabó rápidamente. El Ejecutivo se vio en la obligación de establecer un subsidio permanente. De lo contrario, la tarifa subiría inmediatamente a 560 pesos (poco más de un dólar).
"Los subsidios al transporte público de pasajeros se otorgan en la mayoría de los países del mundo, ya sean ricos o en desarrollo", señaló el gobierno en los fundamentos del proyecto de ley que obtuvo la media sanción de los diputados.
Un comité de expertos convocado por el ministro Cortázar a principios de año recomendó por unanimidad la creación de un subsidio "razonable", que beneficiara en primer término a los estudiantes, señaló a IPS Juan Enrique Coeymans, coordinador del grupo.
Pero "el ministro ha propuesto un subsidio muy bajo, que sólo sirve para mantener el valor de la tarifa" en lugar de reducirla, como "correspondería para aprovechar sus externalidades positivas", aseguró. "Cortázar fue muy conservador", dijo Coeymans, académico del departamento de ingeniería en transporte de la Universidad Católica.
Varios economistas han planteado que el congelamiento de la tarifa del Transantiago ha impedido que la inflación, que fue de 9,5 por ciento en los últimos 12 meses, quebrara la barrera de los dos dígitos.
Analistas políticos estiman que el debate de esta iniciativa en el Senado, que debe ratificarla para convertirla en ley, o enviarla nuevamente a los diputados con modificaciones, será igual o más candente que en la cámara baja.
