Activistas por los derechos humanos y abogados señalan al gobierno de India de hacer mal uso de las leyes antiterroristas, luego de una serie de atentados con bomba que a fines de julio sacudieron a la zona occidental del país y la meridional ciudad de Bangalore.
Teesta Setalvad, defensora de los derechos de las víctimas y sospechosos de terrorismo en India, especialmente en las regiones de Gujarat y Cachemira, asegura que los ataques son rutinariamente explotados por los políticos.
"La politización de la lucha contra el terrorismo puede entenderse viendo cómo el partido derechista Bharatiya Janata", (BJP, por sus siglas en inglés), "utilizó las tensiones políticas y religiosas en las contiendas electorales durante los últimos 20 años, la forma en que utilizó en la campaña el tema de los inmigrantes indocumentados para polarizar los sentimientos", dijo a IPS.
Luego de los atentados, el BJP y el gubernamental Partido del Congreso intercambiaron insultos y acusaciones. Olvidaron que las 21 bombas que explotaron en la ciudad de Ahmedabad, el 26 de julio, dejaron 56 muertos. Un día antes, en Bangalore, los fallecidos fueron dos.
Las reacciones políticas se ajustaron al cuadro planteado por Setalvad, con ambos partidos alegando ser que eran los que ofrecían más apoyo y seguridad a la minoría musulmana del país.
Setalvad también acusó al BJP de tener una "relación simbiótica" con violentos y fanáticos que "generan terror", utilizando a esos grupos para crear divisiones en estados como Gujarat, Rajasthan y Madhya Pradesh, donde ese partido tiene el control de los gobiernos locales.
En la sensible y multiconfesional sociedad india, la psicología del miedo en torno a los atentados con bomba se ha vuelto un tema fácilmente explotable políticamente, mientras la acción judicial efectiva para encontrar y castigar a los culpables está ausente.
Las leyes contraterrorismo en India, duras y de amplio alcance en materia de los poderes que otorgan, tienen un historial de aplicación incorrecta. "Estas severas normas son las que causan el terrorismo", dijo el abogado Prashant Bhushan.
Bajo los términos de la primera ley contraterrorista, sancionada en 1985, se arrestó a 59.509 personas sin formular cargos contra ellas y apenas se lograron 725 fallos condenatorios. La enorme mayoría de los detenidos pertenecían a minorías religiosas, principalmente la musulmana.
Esa legislación también fue empleada para extraer confesiones forzadas y acosar a periodistas, entre otras cosas.
Esa norma colapsó como consecuencia de su aplicación arbitraria en varios casos. El BJP logró en 1995 aprobar otra ley, aunque igualmente dura y que se aplicó también abusivamente. Tres casos de alto perfil involucraron a un académico y dos políticos de la oposición, quienes fueron finalmente absueltos por falta de pruebas en su contra.
La mayoría de los casos en que se aplicó esta ley no tuvieron lugar en Cachemira o los estados nororientales, donde existen grupos armados insurgentes activos, sino en la zona central del país, en el estado de Jharkand, mayoritariamente tribal, donde los arrestos incluyeron a un niño de 12 años y un anciano de 84.
En el estado de Gujarat, con la excepción de una sola persona, todos los detenidos fueron musulmanes. La mayoría de los arrestos efectuados bajo los términos de la ley anterior se produjeron en esta región del país, que no tenía casos registrados de terrorismo hasta los disturbios de 2002 que involucraron a las comunidades hindú y musulmana.
Bhushan dijo a IPS que el abuso en la aplicación de ambas leyes, especialmente en Gujarat, "convirtió en terroristas a ciudadanos comunes. Si la policía mata a inocentes en falsos enfrentamientos y estos excesos ocurren en gran escala, la consecuencia inevitable es que gente común se vuelva terrorista". En este sentido, puso como ejemplo a Iraq, donde severas leyes y un total control por parte de los militares, "sin ningún mecanismo de rendición de cuentas", irritó tanto a los ciudadanos como para convertir al país en "el más afectado por el terrorismo en el mundo".
En el estado indio de Tamil Nadu, la ley de 1995 fue utilizada como arma política para arrestar al dirigente opositor Vaiko, por haber elogiado a los insurgentes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil de Sri Lanka. En el estado septentrional de Uttar Pradesh se la aplicó contra los "dalits", el grupo más bajo en el sistema de castas de India.
Aunque esa ley de 1995 ha sido también abolida, la norma que la reemplazó, modificada en 2004, también fue aplicada de modo abusivo por las autoridades, en su intento de arrestar a los culpables de los atentados con bomba en Bangalore y Ahmedabad, a los que el gobierno señaló como miembros del prohibido Movimiento de Estudiantes Islámicos de India (SIMI, por sus siglas en inglés).
Hace 15 días, un tribunal especial en Nueva Delhi declaró ilegal la prohibición impuesta por el gobierno al SIMI, sobre la base de la insuficiencia de pruebas de sus supuestas actividades terroristas. El ministro del Interior obtuvo de la Suprema Corte de Justicia una suspensión temporal de ese fallo, que le permite ofrecer evidencias antes de fines de este mes.
Un ex jefe de un escuadrón antiterrorista indio, K.P.S. Raghuvanshi, dijo, según se informó, que el SIMI ejecuta "tareas" para Lashkar-e-Toiba, una organización militante con base en Pakistán, pero el gobierno no logró reunir evidencias para respaldar esa acusación.
"No creo que una ley tenga el más mínimo efecto para detener el terrorismo", aseguró Maja Daruwala, directora de la Iniciativa de Derechos Humanos de India. "No lo tendrá si no se mejora sustancialmente la red de agencias involucradas en la prevención, investigación y detención de las personas que participan en él", dijo a IPS.
Dado que la policía india carece prácticamente de entrenamiento en materia forense, actualmente se dedica más a proteger a "personas muy importantes" en lugar de conducir investigaciones científicas. El cierre de un laboratorio forense indica que la posibilidad de realizar buenas investigaciones es remota.
Daruwala señaló que la policía debe ser "despolitizada, apegarse a estándares profesionales y adoptar sistemas de administración interna basados en la tecnología y el conocimiento, no en un esquema de patronazgo".
"La profundamente enraizada politización de las agencias de inteligencia indias tuvo éxito en no encontrar culpables en la investigación sobre los atentados con bomba", dijo Setalvad.
Según Daruwala, siete recomendaciones de la Corte sobre reformas institucionales del sector policial han sido "diluidas" o "subvertidas" por las autoridades competentes en el tema.
Los expertos coinciden en que India necesita encarar urgentemente las raíces del terrorismo.
Daruwala cree que el sistema debe ser mejorado para que la gente común tenga acceso a una justicia rápida y eficiente. "Necesitamos cambios que vayan al fondo de la cuestión", aseguró.
