El gobierno de Sri Lanka acusó a organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales de difundir información «errónea» sobre la guerra contra los rebeldes tamiles y la política de derechos humanos. Además, hizo más estricto el régimen de visas para los trabajadores extranjeros.
"El gobierno quiere controlar la cantidad de personas que ingresan en áreas sensibles debido a los artículos negativos que aparecen en los medios del exterior. Nosotros tenemos cuidado de no criticar al gobierno. Hay una suerte de censura sutil. Nos cuidamos en lo que decimos, porque de lo contrario las visas podrían cancelarse", dijo una trabajadora humanitaria que pidió no ser identificada.
El gobierno nacionalista del presidente Mahinda Rajapakse siempre vio con malos ojos las actividades de las ONG internacionales, particularmente las que promueven la paz o están involucradas en el trabajo humanitario en áreas devastadas por la guerra donde los rebeldes controlan el territorio.
A partir del tsunami del 26 de diciembre de 2004, que arrasó gran parte de la franja costera de esta isla, proliferaron las ONG prometiendo llevar alivio a los sobrevivientes.
Ahora, tanto las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como las ONG independientes denuncian la gran cantidad de víctimas civiles de la guerra y los problemas racionados con el reasentamiento de los afectados por el tsunami, especialmente en el norte y el este del país, dominados por los tamiles, lo que molesta al gobierno.
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En un informe dado a conocer en junio, el Consejo Económico y Social de la ONU denunció que la guerra estaba obstaculizando seriamente las tareas de reconstrucción.
"El desafío más significativo para el proceso de recuperación en Sri Lanka es el conflicto civil en curso. La escalada de violencia en los últimos años retrasó los esfuerzos de reconstrucción en el norte y el este del país, aunque continúa a ritmo acelerado en el sur", indica el informe.
El Ministerio de Administración Interna, responsable del registro y control de ONG, justificó la "racionalización" de los procedimientos para la emisión de visas a extranjeros que trabajan con grupos de la sociedad civil arguyendo que un gran influjo de expatriados para "trabajos de reconstrucción y rehabilitación" ha dificultado la elaboración de los documentos.
El abogado Gomin Dayasiri dijo a IPS que las restricciones a los trabajadores extranjeros se deben esencialmente a unas pocas ONG.
"Las nuevas reglas son la consecuencia de un síndrome de causa y efecto creado por unos pocos estúpidos que desafortunadamente ha desacreditado la contribución silenciosa y sustancial hecha por muchos en la comunidad de grupos de la sociedad civil ", sostuvo.
Dayasiri, quien subrayo que no está en contra de las ONG y que no es un nacionalista, como se lo considera, sostuvo que unos pocos "visibles y manifiestos" tienden a considerar a los terroristas como luchadores por la libertad y a quienes combaten el terrorismo como buitres de los derechos humanos.
"Ahora, (algunas ONG) son aún peores que los terroristas. Por lo menos los terroristas lucharon por una causa en la que creían y para la cual estaban preparados para sacrificar sus vidas", señaló.
Hace poco, Dayasiri se presentó en tribunales para defender al ejército de Sri Lanka contra acusaciones por la masacre de 17 trabajadores de asistencia locales vinculados con una organización internacional.
El 4 de agosto de 2006, esos 17 trabajadores, entre ellos cuatro mujeres, fueron hallados fusilados en la oficina de Acción Contra el Hambre, una organización humanitaria con sede en París, en el oriental pueblo de Muttur, poco después de que el ejército hubiera recuperado la localidad de manos de los rebeldes Tigres Tamiles.
Mientras el gobierno sostiene que la organización insurgente es la responsable de la masacre, los rebeldes y los activistas por los derechos humanos acusan al ejército.
El caso atrajo la atención internacional cuando varios gobiernos occidentales respaldaron el llamado de Acción Contra el Hambre para que se realizara una investigación independiente.
En junio de este año, la organización francesa se retiró de una investigación presidencial sobre los asesinatos, alegando estar decepcionada del modo en que se realizaban los procedimientos legales y de "la flagrante falta de voluntad del gobierno de Sri Lanka para establecer la verdad".
"Acción Contra el Hambre ve el lanzamiento de una investigación internacional como el único medio confiable para identificar a los perpetradores", dijo el director ejecutivo de la entidad, François Danel.
Antes de eso, el 31 de marzo, el Grupo Internacional Independiente de Personas Eminentes (IIGEP, por sus siglas en inglés), liderado por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de India, P. N. Bhagwati, se retiró de su rol de vigilante.
Acusó a la investigación presidencial de no analizar 16 casos de violaciones a los derechos humanos en 2006 y 2007 y de no cumplir con normas y estándares internacionales.
El IIGEP contó con expertos de 11 países: Australia, Bangladesh, Canadá, Chipre, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, India, Indonesia y Japón. Las nuevas normas que rigen a las ONG no se aplicarán a agencias de la ONU ni a organizaciones extranjeras acreditadas que trabajan con el gobierno. Las autoridades srilankesas también quieren reducir la cantidad de extranjeros contratados por ONG.
El periodo máximo de visa para un trabajador extranjero es de tres años. Antes el periodo podía extenderse. Las reglas permiten que el presidente y vicepresidente de cada ONG sean extranjeros. Los otros cargos deben ser ocupados por funcionarios locales, y sólo si no hay personal disponible se permite la contratación de alguien del exterior.
Los trabajadores extranjeros deben tener el permiso del Ministerio de Defensa. Sus dependientes o familiares no pueden trabajar, y su visa pierde validez si abandonan el puesto antes de finalizado el contrato laboral.
En el pasado hubo muchos casos de trabajadores extranjeros que cambiaron de empleo y permanecieron en el país por periodos de ocho a 10 años.
El presidente de una ONG internacional dijo que muchas de estas restricciones ya estaban vigentes en el último año, pero sólo eran aplicadas en casos específicos.
"Hubo muchos problemas causados por trabajadores de ONG extranjeras y creo que la preocupación del gobierno en torno a la gran cantidad de trabajadores expatriados, hasta cierto punto, se justifica", sostuvo.
El año pasado, varias ONG que operaban en áreas de conflicto fueron acusadas en los medios de financiar a los rebeldes tamiles, entre ellas la británica Save the Children, el Programa Mundial de Alimentos y la suiza ZOA.
Todas negaron rotundamente las acusaciones y dijeron que la asistencia humanitaria estaba dirigida a los civiles afectados.
En Sri Lanka hay más de 1.000 ONG registradas. Por lo menos 10 por ciento de son internacionales.
