La indignación por la inseguridad pública en México, acrecentada tras el secuestro y asesinato de un adolescente hijo de un conocido empresario a manos al parecer de policías, motiva la convocatoria para el 30 de este mes de una marcha callejera de protesta.
Organizaciones sociales, en su mayoría vinculadas a firmas empresariales, anunciaron la movilización, que esperan sea multitudinaria, mientras autoridades ofrecieron por enésima vez reformas legales y nuevos cuerpos policíacos especializados en combatir los secuestros, que se cometen por docenas cada mes.
Según datos de grupos privados, más de 98 por ciento de los delitos que se cometen en el país quedan sin castigo y 86 por ciento de los consultados en este país de 104 millones de habitantes responden que tienen poca o nula confianza en las fuerzas de seguridad.
La inseguridad ciudadana en México, un problema antiguo y persistente que ha dado a este país la fama de peligroso, está en franco crecimiento pese a las múltiples reformas legales promulgadas en materia de justicia y a los programas oficiales presentados en las dos últimas décadas.
"No nos faltan leyes ni promesas, lo que se requieren son acciones efectivas y la construcción de una cultura de la legalidad", dijo a IPS Rodrigo Centeno, analista en seguridad y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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Una ola de indignación se levantó luego de que el 1 de este mes apareció el cadáver de Fernando Martí, de 14 años, miembro de una familia de empresarios dueños de una red de tiendas de ropa deportiva. El joven había sido secuestrado aparentemente en julio y se había pagado una alta suma de dinero por su liberación, finalmente frustrada.
Según las primeras investigaciones, en ese acto delictivo estuvieron involucrados policías de la capital mexicana. Tal presunción no sorprendió a los observadores, pues según diversas fuentes y estudios oficiales gran parte de las bandas de secuestradores que han sido desmanteladas en los últimos años tuvieron policías o ex policías en su integración.
Representantes de 11 organizaciones ciudadanas, en su mayoría apadrinadas o vinculadas a grupos empresariales, anunciaron el domingo que organizan una marcha en diversas ciudades del país bajo el lema "Iluminemos México".
Laura Herrejón, promotora de la manifestación y líder del grupo Movimiento Pro-Vecino, dijo a IPS que organizaciones civiles de Guadalajara, la segunda ciudad más poblada de México, y de la norteña e industrial Monterrey confirmaron su participación en la marcha. Indicó que se sumarán de otras urbes, pero indicó que la principal se realizará en la capital.
Herrejón llamó a los ciudadanos a manifestarse contra la violencia e impunidad que dice cubre a México. El país lleva muchos años en esta situación y los ciudadanos deben exigir soluciones y participar en ellas, sostuvo.
El secuestro de Martí acentuó la percepción de inseguridad ciudadana. Una encuesta telefónica realizada el 7 y 8 de este mes por el privado grupo Ulises Beltrán y Asociados, publicada este lunes por el diario local Excélsior, indica que 77 por ciento de los consultados calificaron de mala o muy mala la situación de la seguridad pública.
Ese porcentaje es el más alto registrado por la firma encuestadora desde junio de 1999, cuando gobernaba el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y ligeramente superior al de junio de 2005, durante la gestión de Vicente Fox (2000-2006).
También 66 por ciento de los 400 entrevistados este mes en el todo el país por Ulises Beltrán y Asociados indicaron conocer el caso de Martí. La responsabilidad del secuestro y posterior asesinato fue endosado mayoritariamente al gobierno municipal de la capital, donde se cometió el crimen.
Además, 86 por ciento de los encuestados dijeron tener poca o nula confianza en la policía.
Tras el asesinato de Martí, el gobierno del conservador Felipe Calderón pidió a los legisladores elevar a cadena perpetua el castigo para los secuestros y anunció la integración de un grupo policial especializado en el combate contra esta modalidad delictiva.
Mientras, portavoces del municipio de la capital, gobernado por el izquierdista Marcelo Ebrard, informaron que se integrará un nuevo cuerpo policial con agentes encubiertos y un programa de recompensas a quien proporcione información que sirva para capturar a secuestradores.
La politóloga María Amparo Casar, columnista del diario Reforma, opinó que el problema de la inseguridad no está en dictar nuevas leyes y programas, sino en cumplir los existentes.
La impunidad reinante, la falta de denuncias de la ciudadanía y la desconfianza en los policías, fiscales y jueces son hechos incontrovertibles que deberían combatirse y revertirse, sostuvo Casar.
Utilizando diversos estudios y datos oficiales, el penalista mexicano Juan Velásquez sostuvo que 98 por ciento de los delitos que se perpetran en México quedan impunes, 75 por ciento de las víctimas de delitos no lo denuncian y en 50 por ciento de los casos penales que llegan a los juzgados los magistrados no dictan órdenes de detención. El estatal Sistema de Seguridad Pública reportó que en 2007 se cometieron 438 secuestros en México. En 2004 se registraron en las estadísticas oficiales 384 secuestros, en 2005 bajaron a 280 y en 2006 se repitió esa cifra.
Por cada secuestro denunciado, que son los que aparecen en las estadísticas, hay dos o tres más que no se informan, según los expertos. Nadie tiene una cifra final, pero se calcula que los secuestros en México estarían entre 700 y 1.100 anuales y que van en aumento.
El aparente repunte en secuestros de este año se produce luego de una caída en 2005 y 2006. Expertos y portavoces de grupos no gubernamentales atribuyen el aumento al desplazamiento de narcotraficantes y sus sicarios hacia esa actividad, debido a la presión que los militares y policías vienen ejerciendo sobre la comercialización de drogas.
En lo que va de gobierno de Calderón se desplazó a miles de militares y policías a diferentes estados para combatir a los narcotraficantes. En ese frente fueron asesinadas desde diciembre de 2006 a la fecha unas 4.780 personas, 500 de las cuales eran policías y militares.
El Consejo Coordinador Empresarial, que aglutina a las grandes empresas locales, publicó este lunes un remitido desplegado en varios diarios de circulación nacional en el que señala "que la impunidad es el principal enemigo del estado de derecho". Según esta asociación, 99,3 por ciento de los delitos quedan impunes.
Los empresarios indicaron que elevar las penas contra los secuestradores no es garantía para disminuir la inseguridad y propusieron elevar la capacitación y los sueldos de los policías, transformar a las fiscalías en centros de atención a víctimas y otorgar autonomía a los fiscales, que a nivel federal son nombrados por el gobierno y a estatal por los gobernadores.
"Ya basta. Exigimos resultados. Exigimos justicia. Exigimos seguridad", indica el desplegado de los empresarios.
En junio de 2004, una ola de indignación contra la inseguridad similar a la actual recorrió México. En esa ocasión se realizó una marcha en la capital, también apadrinada por grupos ciudadanos y empresariales, que según diversos cálculos reunió a más de un millón de personas que se vistieron en blanco y caminaron en silencio.
En este agosto, los organizadores de la nueva marcha piensan aumentar la asistencia y replicarla en varios puntos del país.
