La indignación social ante el agravamiento de la seguridad ciudadana en México, sumada a la convocatoria de una movilización que se presumen será multitudinaria, obligó a las autoridades a presentar un plan salpicado de reiteraciones, aunque como pocas veces con plazos y mecanismos de evaluación.
Si el gobierno de Felipe Calderón, las autoridades de los estados, los legisladores y los jueces que firmaron el plan la noche del jueves fallan, la poca credibilidad que les queda en esta materia se esfumará y con ello bajará el apoyo al sistema democrático, advirtió ante IPS Guillermo Zepeda, experto en temas de seguridad.
Entre los compromisos firmados por las autoridades en la cita, que estuvo marcada por una cargada parafernalia, están dictar nuevas leyes, depurar en un año todos los cuerpos policiales, emprender acciones en inteligencia, construir nuevas cárceles de alta seguridad e implementar instrumentos de denuncia ciudadana.
Se trata en la mayoría de los casos de una serie de reiteraciones de intenciones, sólo que ahora se hizo en un solo documento y por autoridades y legisladores que pertenecen a distintos partidos políticos, oficialistas y opositores, que para ese acto dejaron de lado sus continuas acusaciones y enfrentamientos.
Incluso y por primera vez, el alcalde de la capital mexicana, el izquierdista Marcelo Ebrard, acudió a una convocatoria donde estuvo Calderón, Hasta la víspera se había negado a tener cualquier contacto con el mandatario conservador, con el argumento de que éste habría ganado las elecciones de 2006 a través de un fraude.
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Una de las novedades del documento suscrito el jueves fue la creación de un observatorio ciudadano. Otras fueron la promesa de que en 30 días volverán a reunirse las autoridades para hacer una primera evaluación. En 100 días habrá otra reunión en la que se pidió que centros académicos midan y dictaminen cuál fue el cumplimiento de las metas.
"La sociedad quizá otorga el beneficio de la duda a sus autoridades, aunque la reacción del Estado es tardía y reactiva", señaló Zepeda, quien forma parte del Centro de Investigación para el Desarrollo, Asociación Civil (Cidac).
El documento firmado fue bautizado como Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Datos oficiales indican que en la actualidad se cometen cada hora un promedio de 256 delitos en México, alrededor de 98 por ciento de ellos quedan impunes por la ineficacia policial, de investigadores y de jueces y porque un ínfimo porcentaje de las víctimas se anima a presentar su denuncia.
Se trata de las cifras delictivas más altas de la historia en este país de poco más de 104 millones de habitantes.
En lo que va de la administración de Calderón, iniciada en diciembre de 2006, se registraron alrededor de 4.800 asesinatos vinculados al combate entre y contra narcotraficantes. En la gestión de su antecesor y correligionario del conservador Partido Acción Nacional, Vicente Fox, iniciada en 2000, esa cifra fue de 9.000.
A estos crímenes cada vez más violentos se les suman continuas informaciones de secuestros, violaciones y robos, entre otros delitos en los que ya ni siquiera causa sorpresa que estén involucrados policías en actividad.
Uno de los hechos vinculados al hampa que más indignó fue el secuestro y posterior asesinato, al parecer a manos de agentes policiales, de un hijo de 14 años del prominente empresario Alejandro Martí, lo cual se conoció el 1 de este mes. El crimen fue la gota que rebosó el vaso de la indignación social y puso contra las cuerdas al Estado en su conjunto.
El caso Martí "devolvió el asombro y la indignación a la sociedad, pues ya estábamos acostumbrándonos a la violencia, a ver tanto crimen sin inmutarnos", dijo Zepeda del Cidac.
Tras ese hecho, organizaciones sociales, en su mayoría vinculadas a grupos empresariales, pero con la progresiva adhesión de asociaciones barriales, sindicatos y otros, convocaron para el 30 de este mes a una marcha que se realizará en la capital y otras ciudades. Los asistentes, que se espera sean cientos de miles, irán vestidos de blanco y cada uno deberá llevar una vela.
El empresario Martí, presente en la reunión del jueves, instó a las autoridades a dejar sus cargos si consideran que no podrán frenar la delincuencia.
"Si no pueden renuncien, no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción", expresó.
El presidente Calderón declaró que la proliferación del crimen en México "no puede entenderse sin el cobijo que por muchos años brindó la impunidad, impunidad que aprovechándose de una mal entendida división de competencias entre autoridades ha encontrado el camino a sus anchas".
Zepeda, que comandó en el Cidac una amplia investigación sobre la inseguridad en México, indicó que 98,3 por ciento de los crímenes quedan en la impunidad. "Llevamos más de 10 años escuchando de las autoridades promesas sobre seguridad, pero lo único que observamos es que la situación empeora".
Para hacer frente al violento narcotráfico, Calderón desplazó a miles de militares y policías federales a diferentes estados.
Sin embargo, datos de la propia Procuraduría (fiscalía) General indican que la estrategia no logró disminuir ese crimen. Por el contrario, aumentó 24 por ciento en promedio en sus diferentes modalidades de transporte, producción y posesión durante la gestión de Calderón.
En cambio, se multiplicaron las denuncias contra soldados por violaciones a los derechos humanos durante sus operativos, entre ellos cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas y abusos sexuales.
El gobierno justifica el uso de los militares indicando que no hay otra fuerza con capacidad de fuego similar a la de los narcotraficantes. Además, las policías tienen en general escasas posibilidades de enfrentar a las mafias, no tienen un mando central y están seriamente afectadas por la corrupción.
Ahora, las autoridades prometen por enésima vez mejorar a las policías y sobre todo coordinarlas.
Según los últimos datos oficiales, en México hay 412.000 policías repartidos en 1.600 corporaciones, cada una de las cuales tiene un mando propio.
La gran mayoría de policías son manejadas por gobernadores y alcaldes. Las leyes indican que la prevención y persecución de casi todos los delitos, con excepción del narcotráfico, corresponde a esas autoridades y no al gobierno nacional.
"Ojalá que los nuevos compromisos sobre delincuencia representen un punto de quiebre, de lo contrario la crisis se extenderá a todo el aparato del Estado", expresó Zepeda.
