La Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, que emergió como institución clave de los acuerdos de paz, son acusadas de una «desnaturalización» que violenta las garantías ciudadanas.
En enero de 1992, el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) y el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) habían firmado en México un acuerdo para terminar una guerra civil que, en 12 años, dejo unas 75.000 personas muertas y 8.000 desaparecidas.
El despliegue del primer contingente de la PNC en junio de 1993 marcó el nacimiento de "un cuerpo independiente de las Fuerzas Armadas y ajeno a toda actividad partidista", que "respetaría y protegería la dignidad y los derechos humanos de la población", según lo establecía la reforma constitucional insertada en el Capítulo II del pacto de paz.
Las reformas de los artículos 167 y 168 de la Constitución establecieron la responsabilidad directa del presidente para "organizar, conducir y mantener a la PNC" como instrumento del "resguardo de la paz, el orden y la seguridad pública", al tiempo que "ningún miembro deberá tolerar acto de tortura u otros tratos o penas crueles o inhumanos, ni invocar una orden superior" para cometerlos.
La ley de carrera policial, además, definió un perfil del personal dedicado al orden público basado en un "amplio conocimiento sobre derechos humanos, tratados internacionales y la Constitución, y su sólida vocación de servicio a la comunidad".
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La PNC es auxiliar de la Fiscalía General de la República en la investigación del delito con "apego a la ley", atribuciones conferidas al ente acusador en la reformada Constitución.
Pero, la PNC "se ha desnaturalizado" de los objetivos para los cuales fue creada ya que "muy a menudo hace uso excesivo de la fuerza y comente abusos cuando realiza capturas", según el titular de la estatal pero autónoma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna.
"Eso es preocupante porque se ha vuelto sistemático", dijo Luna a IPS.
Uno de los problemas es que los "policías no conocen la ley", lo que evidencia deficiencias en su formación, sostuvo. Para subsanarlos, se requiere "una revisión completa de la política de seguridad pública", que considere los mecanismos de ingreso a la academia de policía, los programas educativos y la ley orgánica de la PNC, recomendó.
El acuerdo que alumbró a la PNC estableció que el cuerpo se conformaría con 20 por ciento de combatientes del FMLN e igual proporción de miembros de las anteriores fuerzas de seguridad, mientras el 60 por ciento restante de sus efectivos provendría de la población civil.
Pero las dos partes "escamotearon" la verdadera cantidad de integrantes que colocaron en la PNC, lo que podría estar afectando la conducta actual de la policía, advierten expertos.
Ese proceso de desnaturalización ha ido convirtiendo a la PNC en una fuerza policial poco diferente de sus antecesoras, apegada a prácticas del pasado, como las violaciones de derechos humanos, y la connivencia o participación directa de muchos de sus miembros en robos, secuestros, extorsiones y "grupos de exterminio", alegan los críticos.
A fines de enero, el sargento Nelson Arriaza, capturado con otros dos policías y un civil por el asesinato de un campesino en junio de 2007, fue condenado a 30 años de prisión por comandar uno de esos grupos de sicarios. En los últimos cuatro meses, se han abierto investigaciones contra varios fiscales y policías por posibles nexos con una banda de narcotraficantes centroamericanos, supuestamente liderada por el salvadoreño Reynerio Flores.
De las 2.779 denuncias que recibió la Procuraduría en 2007, 1.826 —casi 66 por ciento— eran por violaciones de derechos constitucionales atribuidas a la PNC. En 2006, unos 400 agentes y oficiales fueron destituidos por faltas graves, de acuerdo con registros de la Inspectoría General de la Policía.
La política de "mano dura", implementada por los gobiernos de Francisco Flores (1999-2004) y del ahora presidente Antonio Saca para afrontar la ola de violencia que vive esta nación centroamericana, ha profundizado la visión de un "Estado policiaco, donde el uso de la fuerza, el control poblacional y territorial es lo primordial", señaló a IPS David Morales, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Morales, encargado del seguimiento a las políticas de seguridad ciudadana de la Fespad, agregó que esta óptica ha generado que la policía "asuma como práctica la tortura a los detenidos".
El gobierno debe cambiar esa visión de seguridad pública, que se concibe como "un conflicto militar donde hay un enemigo a exterminar", como sucedió con los pandilleros, y sustituirla por la de seguridad ciudadana, en la que los problemas y soluciones a la violencia no son responsabilidad exclusiva de la policía sino de toda la sociedad, recomendó.
Desde 2003 se han aplicado planes y leyes contra las pandillas, acusadas de cometer hasta 80 por ciento de los delitos graves. En la actualidad unos 5.000 pandilleros guardan prisión, pero la violencia no se ha detenido.
De acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre los costos de la violencia en América Central, en El Salvador la tasa de asesinatos es de 68 por cada 100.000 habitantes (2006), una de las más altas de América Latina y del mundo.
Acerca del papel de la fiscalía, la jueza Aída de Escobar dijo a IPS que sus colegas han descubierto que algunos fiscales tratan a menudo de "esgrimir juegos sucios" intentando "utilizar a un mismo testigo hasta en 50 distintos casos".
Para Luna, la fiscalía ha "perdido su capacidad de investigación" y muchos fiscales están desprovistos de una "formación calificada adecuada", cuando su perfil debería incluir cualidades sólidas de probidad, idoneidad y obligaciones éticas, que les permitan afrontar los desafíos de la persecución y castigo del delito.
Por ahora, "la delincuencia le está ganando la batalla a la fiscalía y a la policía", concluyó el procurador.
