Una protesta de personas con discapacidades puede convertirse en el detonante de la violencia tan temida en Bolivia y el preámbulo de un paro de actividades en cinco departamentos, convocado por los gobiernos locales contra el presidente Evo Morales, ratificado en su cargo por 67 por ciento de los votos.
Legisladores y dirigentes del movimiento cívico de la llamada media luna oriental lideraron este viernes un enfrentamiento a golpes con policías antimotines en la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sumándose a una protesta de personas con discapacidad que demandan un bono anual equivalente a 428 dólares.
La pelea campal se originó en respuesta al desalojo violento esta madrugada por parte de la policía de un grupo de manifestantes de las oficinas de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La interrupción de actividades administrativas en YPFB dificultaba la comercialización de carburantes en la región.
El incidente llevó a la solidaridad de los movimientos conservadores locales que encararon a los uniformados en una mezcla de agresiones verbales contra el gobierno nacional y el propio Morales, además intentar una toma por asalto las instalaciones del cuartel principal de la policía.
Los efectivos respondieron con gases lacrimógenos a un grupo de personas en sillas de rueda apoyadas por el legislador Wilfredo Añez, de la agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos), y dirigentes cívicos, quienes destruyeron una motocicleta de las fuerzas de seguridad en su intento por romper una barrera formada por policías armados con cascos y escudos, en las puertas del comando principal.
Desde hace 20 días, las personas con discapacidad protagonizan marchas, bloqueos y vigilias en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba, y reclaman al parlamento nacional una resolución que apruebe la creación de un fondo financiero y un bono anual en su favor.
Este incidente podría resultar rutinario en un país donde las demandas sociales son una constante, pero el clima se enrareció con la presencia de un legislador y dirigentes cívicos en un conflicto ajeno, un día después que los cincos prefectos (gobernadores) de la media luna oriental anunciaron un paro cívico de actividades para el martes próximo.
Los prefectos enfrentados al gobierno izquierdista de Morales son Rubén Costas, del oriental departamento de Santa Cruz, Ernesto Suárez, del nororiental Beni, Leopoldo Fernández, del norteño Pando, Mario Cossío, del sureño Tarija, y Savina Cuellar, de Chuquisaca.
Esas autoridades, reunidas el jueves en el Consejo Nacional Democrático (Conalde), resolvieron paralizar las actividades en sus distritos, en respuesta a la fórmula del gobierno nacional de atender las demandas regionales sobre reposición de recursos generados por la venta de hidrocarburos simultáneamente a la aprobación de una nueva Constitución de Bolivia.
Después de confirmar su aplastante victoria en el referéndum revocatorio del domingo, cuando logró 67 por ciento de los votos, el porcentaje más alto recibido por un mandatario en los últimos 30 años, Morales invitó a los prefectos opositores a buscar consenso y combinar los postulados de la nueva Constitución con los estatutos aprobados en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.
Un primer encuentro de los prefectos con el presidente Morales, entre la noche del miércoles y la mañana del jueves en La Paz, no logró el objetivo de elaborar una agenda compartida, y por el contrario generó mayor distancia.
El caudal de votos obtenidos por Morales no se muestra en real dimensión en la mesa de negociaciones, dijo al IPS el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Franklin Pareja.
Aunque los niveles de respaldo alcanzados por los prefectos de oposición son importantes, el mandatario consiguió también importantes apoyos en esos reductos de sus opositores.
Mientras los sondeos de opinión y el pronunciamiento de sectores afines a Morales piden una actuación enérgica contra la oposición, Pareja opina que el uso de la fuerza debería ser un recurso remoto e interpreta que la votación del domingo por el Sí al mandatario es una invitación a la clase política a negociar y abandonar las trincheras.
El sociólogo y profesor universitario Gonzalo Rojas comentó a IPS que el fortalecimiento de Morales y el poder ratificado de los prefectos muestra un escenario donde las partes deben comprender que ninguno podrá imponerse al otro, y por eso hay que acudir al arte de la negociación política.
Rojas pronostica un proceso de desgaste de los actores confrontados y aboga por una renuncia del gobierno y los prefectos a algunas aspiraciones, para así aproximarse y encontrar una salida al momento de tensión política.
Deben ser capaces de generar una voluntad de diálogo, porque de lo contrario perderán la legitimidad ganada en las urnas, expresó Pareja.
El analista está convencido que la polarización mencionada con frecuencia por los observadores políticos, actuará de manera favorable al obligar a una negociación ineludible, a manera de respuesta a una población ansiosa de un pacto social y concertado, comentó.
La propuesta del gobierno consistió en un pacto constitucional y autonómico orientado a recoger la demanda de mayor descentralización de los departamentos y armonizarlas con el texto de nueva ley fundamental ya aprobada por la Asamblea Constituyente.
En el tema de recursos fiscales, sugirió una reunión ampliada con los gobiernos municipales para concertar la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y garantizar el pago mensual de la renta vitalicia a los ancianos, consistentes en 26 dólares.
Pero los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca exigen la reposición inmediata del IDH.
