El Congreso legislativo de Perú aprobó este viernes una ley que deroga dos decretos para promover la inversión privada en territorios indígenas, que habían provocado una inusitada protesta en la Amazonia. Pero el Poder Ejecutivo ya advirtió que observará la norma.
La oposición y bloques usualmente aliados al gobierno se unieron como pocas veces para aprobar la ley 2.440 que derogó los decretos 1.015 y 1.073, considerados violatorios de derechos consagrados de las comunidades indígenas.
Sesenta y seis legisladores votaron por la derogación y 29, del bloque gobernante, lo hicieron en contra.
Los decretos fueron adoptados por el Poder Ejecutivo de forma inconstitucional y sin respetar el derecho a la consulta libre e informada de los indígenas sobre iniciativas en sus territorios, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Perú, argumenta la norma.
Para la mayoría de los parlamentarios, al emitir esos decretos, que ya habían sido rechazados por el Congreso, el gobierno se excedió en las facultades que el Poder Legislativo le había otorgado para llevar a cabo la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos. El decreto 1.015 establecía que para "gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto de disposición sobre tierras comunales" en beneficio de empresas privadas, sólo se requería los votos favorables de 50 por ciento más uno de comuneros reunidos en una asamblea.
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Leyes previas exigían el voto afirmativo de 66 por ciento de la asamblea comunitaria integrada por sus miembros inscriptos.
Con el decreto 1.073, el Poder Ejecutivo mantuvo la misma mayoría válida, 50 por ciento más uno, y sólo aceptó que la integración de la asamblea fuera por miembros inscriptos de la comunidad.
"El Ejecutivo ha sobrepasado la voluntad del Congreso, de las comunidades nativas y los instrumentos supranacionales", señaló el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, Roger Najar, al sustentar el proyecto aprobado el martes en ese ámbito.
"La soberbia" del gobierno, agregó Najar, determinó que los indígenas intensificaran sus protestas entre el 9 y 20 de agosto en diversos puntos de la Amazonia, con tomas de estaciones de petróleo, de una central hidroeléctrica y del lote 56 del proyecto gasífero de Camisea y la retención de policías y de embarcaciones de la empresa petrolera argentina Pluspetrol.
El miércoles, las organizaciones nativas levantaron la medida de fuerza luego de que el presidente del Congreso, Luis Velásquez, se comprometiera a debatir la derogación en el pleno del cuerpo.
"La manera correcta hubiese sido el diálogo, hacer sesiones descentralizadas (con las organizaciones indígenas antes de aprobar los decretos). Nosotros no avalamos definitivamente la protesta, pero esto ha sido causado por el Ejecutivo", señaló la congresista Gabriela Pérez del Solar, de Unidad Nacional.
En respuesta, el bloque del gobernante Partido Aprista Peruano manifestó que los decretos fueron aprobados para otorgar a los indígenas de la sierra y la selva las mismas herramientas que tienen los campesinos de la costa para alquilar o vender sus tierras.
"Aquí se está hablando de especialidad cultural… ¿Acaso los nativos son menores de edad? Lo que pretende esta ley es un cambio revolucionario para sacarlos de la pobreza… Las cosas tienen que aplicarse de manera uniforme porque eso es el Estado de derecho", aseguró el congresista Mauricio Mulder, secretario general del Partido Aprista.
Con esos mismos argumentos, el presidente Alan García señaló el miércoles que el Congreso iba a cometer un "error histórico" si derogaba los decretos.
Este viernes, antes de conocerse el resultado de la votación en el parlamento, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Jaime Cáceres Sayán, ya había demandado al Estado que impusiera autoridad.
El portavoz del bloque aprista, Aurelio Pastor, dijo a la prensa que el Poder Ejecutivo observará la norma aprobada, con lo que los decretos seguirían vigentes.
"Lo único que va a conseguir el gobierno es generar un malestar en el país, y eso es seguir provocando a los indígenas, eso se llama terrorismo de Estado", dijo a IPS el congresista Víctor Mayorga, quien en la pasada legislatura encabezó la comisión que revisó la constitucionalidad de los decretos promulgados por el Ejecutivo en el marco del TLC.
Mayorga explicó que el 9 de junio recomendó declarar inconstitucionales los dos decretos, pero el resto de los legisladores de la comisión no revisaron su propuesta para un pronunciamiento conjunto que hubiera podido ser elevado a la Comisión de Constitución y luego al pleno.
De esa manera, el parlamento hubiese podido derogar ambas normas sin exponerse a pasar por la observación del Poder Ejecutivo.
Con todo, Mayorga sostiene que el Poder Legislativo puede promulgar la ley votada este viernes si insiste ante el Ejecutivo.
"Nuestro país es pluricultural. Todos los programas políticos se implementan como si el Perú fuera plano. Hay que promover un desarrollo desde lo que somos. El elemento cultural debe ser considerado como base para nuestro desarrollo", señaló la congresista Gloria Ramos.
"Si observa la ley, el gobierno no estaría respetando la democracia", dijo la legisladora a IPS. "El presidente tiene que pensar que la inversión, tan ajena a nuestra realidad y diversidad que promueve, no necesariamente genera desarrollo", agregó. En la Amazonia, cientos de indígenas celebraron la votación.
"Esto es una muestra de que los pueblos se unieron para hacer llegar su voz. Aquí no hay perdedores ni ganadores, todos los peruanos hemos dado un gran paso que va a perdurar", dijo a la prensa el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pizango, que encabezó la movilización indígena.
Pizango pidió al gobierno que incluya las demandas de los pueblos indígenas en sus políticas públicas porque "no queremos ser una carga social, sino solucionar los grandes problemas", aseguró.
El vicepresidente de la Asociación, Robert Guimaraes, agregó que el siguiente paso debe ser instalar una comisión multisectorial para atender la agenda indígena, y un equipo técnico que permita implementar el Convenio 169.
La Defensoría del Pueblo (ombudsman) presentó en julio una demanda ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto los dos decretos legislativos.
El no gubernamental Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica elaboró un análisis jurídico en el que advierte la inconstitucionalidad de esas normas y de otros tres decretos que contravienen la carta magna, el Convenio 169 y el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Según ese análisis, al que tuvo acceso IPS, "la ausencia de procedimientos de consulta previa antes de emprender o autorizar actividades en tierras indígenas es una de las causas de conflicto socio ambiental".
Además, el gobierno debe otorgar facultades reales al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, creado para representar a esas comunidades en el Estado, recomienda el documento.
