La toma de una central hidroeléctrica, la paralización de estaciones del proyecto gasífero Camisea, la retención de una veintena de policías y algunos heridos son el saldo de 10 días de protestas indígenas en la Amazonia peruana.
Desde el 9 de agosto, los indígenas reclaman la derogación inmediata de los decretos legislativos 1.015 y 1.073 que promueven la inversión privada en sus territorios y el restablecimiento del carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los derechos colectivos de los pueblos nativos sobre la tierra, tal como establecía la Constitución de 1979.
Además, exigen la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que establece la obligación de consultar a los pueblos originarios sobre cualquier proyecto en sus tierras y que fue ratificado por el Estado peruano.
El Poder Ejecutivo anunció que no retomará el diálogo si no se suspenden las protestas, pero los dirigentes indígenas ratificaron el lunes que no cederán.
"El gobierno ha declarado una guerra abierta a los indígenas y ellos estarán allí hasta que se solucione el problema. Prefieren morir allí, no tienen miedo", señaló el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonia Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, acompañado de los "apus", o dirigentes nativos.
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Pizango anunció la continuación de una medida de huelga indefinida. El ministro del Ambiente, Antonio Brack, ratificó la posición gubernamental y señaló que los nativos actúan manipulados por un movimiento internacional que promueve que los pueblos aguarunas de Perú y Ecuador se liberen de sus Estados para conformar una zona independiente.
"Son manejados por un grupo de abogados que adrede les informan mal", dijo Brack.
El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 30 días en las norteñas provincias de Bagua y Utcubamba, en la región de Amazonas, Datem del Marañón, en la también norteña Loreto, y en el distrito de Echarate, en la sureña Cusco, lo que autoriza a los militares a intervenir para restablecer el orden público.
El viernes, el ministro Brack fue enviado a Loreto para dialogar con los dirigentes nativos, pero no consiguió apaciguar las aguas.
Pizango anunció que acudirá al Congreso legislativo para exigir la derogación de los cuestionados decretos que aprobó el Ejecutivo en el marco de las facultades que le otorgó el parlamento para la implementación del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos.
El nuevo presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Medio Ambiente del parlamento, Roger Nájar, dijo a IPS que este martes se tratarán, en la primera sesión de la nueva legislatura, dos proyectos para derogar los decretos.
"Queremos dar solución al justo reclamo de estos pueblos porque el gobierno sigue actuando con mucha arrogancia y no tiene capacidad de diálogo", dijo el legislador.
Nájar aseguró que había enviado dos cartas a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando atención al reclamo de los nativos, pero no obtuvo respuesta.
El presidente de Aidesep señaló que si el Congreso demuestra disposición, se evaluará levantar las medidas de fuerza.
El domingo, indígenas y policías se enfrentaron en la bocatoma del canal de la Central Hidroeléctrica de Aramango, en la provincia amazónica de Bagua.
Un aguaruna y un agente resultaron heridos de gravedad, según el corresponsal del diario La República en la zona. Sin embargo, también se habla de 12 heridos, ocho policías y cuatro indígenas.
Los efectivos intentaban abrir la bocatoma, bloqueada por los manifestantes, para que la central reanudara sus actividades. En medio del forcejeo, la policía usó bombas lacrimógenas.
"El problema de fondo es que el gobierno intenta ver a los indígenas como unos pobres más, sin admitir que tienen otra manera de vivir, una visión cultural distinta", señaló a IPS el antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Oscar Espinosa.
Las autoridades creen que pueden apaciguar los reclamos de los nativos construyendo escuelas o postas médicas, cuando la deuda pendiente con la población indígena es más compleja, apuntó.
"No tienen que ser vistos como seres inferiores por no permitir el ingreso de inversiones privadas a sus territorios. Lo que pasa es que al Perú le cuesta ver la diferencia cultural como un valor, una riqueza. La ven como un obstáculo", reflexionó Espinosa.
"Algunas organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el tema, están levantando a la gente para que haga este tipo de cosas, que en el fondo es un acto subversivo, porque se están yendo contra los cimientos de la democracia", argumentó el vicepresidente de la República, Luis Giampietri.
"¿Cómo han logrado el milagro de poder reagrupar en un solo día y lugar a poblaciones tan dispersas como son las selváticas? Habrá que investigar", insistió.
En realidad, las protestas en la Amazonía forman parte una guerra anunciada. En reiteradas ocasiones las poblaciones indígenas manifestaron su rechazo a los decretos promulgados por el Poder Ejecutivo.
Si bien esos dos decretos son el principal elemento de irritación, los indígenas tienen una lista de 38 normas que, a su entender, deben ser derogadas porque atentan contra sus derechos.
"El Perú que en décadas atrás (en los años 70) estaba en la vanguardia en lo que concierne al tema indígena, ahora aparece en el último lugar en la lista", aseguró Espinosa.
En su opinión, se ha retrocedido en la protección de los derechos de pueblos originarios, al punto de que ni siquiera existe una ley específica, sólo una norma única de comunidades nativas de 1978 que debería incorporar, por ejemplo, los alcances de los últimos instrumentos internacionales que protegen a estas poblaciones.
Además, tampoco existe una institución fuerte que los represente en el Estado, añadió.
El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano debería cumplir la función de atender la problemática indígena, pero es una entidad desarmada que dos años después de investido el gobierno de Alan García continúa en reorganización y actuando de manera invisible.
"Puede que estas protestas terminen en un diálogo, pero el problema va a seguir porque no existen políticas de Estado que valoren y respeten a los indígenas", apuntó Espinosa.
El gobierno, preocupado de las soluciones inmediatas, dispuso sobrevolar las zonas críticas de la protesta y movilizar aproximadamente a unos 1.500 efectivos a Bagua.
