Diversos sectores reclaman que se formulen cargos penales contra Pervez Musharraf, quien renunció el 18 de este mes a la presidencia de Pakistán para evitar un juicio político.
"Quiero que sea procesado y enviado a la horca", dijo Humaira Ghazi, viuda de Maulana Abdul Rashid Ghazi, un clérigo de la Mesquita Roja de Islamabad, quien murió cuando Musharraf, en julio de 2007, ordenó que el ejército atacara el templo para desalojar a los fundamentalistas armados que se habían apoderado de él.
"Quiero ver con mis propios ojos cómo su esposa y su madre lloran por él, cuando el nudo se ajuste alrededor de su cuello. Mi corazón continuará sangrando y mi ira no se calmará por el resto de mi vida", agregó.
Otra persona que considera que Musharraf debe "ser arrestado y juzgado por el máximo tribunal" es Abdul Qadeer Khan, "padre" de la bomba atómica en Pakistán.
Considerado en su momento un héroe nacional, cayó en desgracia y el 5 de febrero de 2004 fue forzado a confesar en televisión que había vendido tecnología nuclear a Corea del Norte, Irán y Libia. Fue puesto bajo arresto domiciliario, pero jamás llevado a juicio.
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Con la renuncia de Musharraf, Khan tiene la esperanza de que se retiren los cargos contra él. Pero muchos creen que la decisión de arrestarlo fue tomada para evitar entregarlo a Estados Unidos, que ha estado presionando para tener la oportunidad de interrogarlo.
En la primera sesión parlamentaria luego de la renuncia de Musharraf, una mayoría de legisladores se opuso a otorgarle garantías para que abandonara el país. Reclamaron que se lo someta a juicio por suspender la vigencia de la Constitución en dos oportunidades.
La primera fue en octubre de 1999, cuando Musharraf, que era entonces jefe del ejército, tomó el poder a través de un golpe de Estado, puso fin al segundo mandato como primer ministro de Nawaz Sharif (1990-1993, 1997-1999) y lo envió al exilio.
En junio de 2001, Musharraf reemplazó a Rafiq Tarar como presidente y en octubre de 2002 llamó a comicios para legitimarse en el cargo. Cinco años después obtuvo la reelección, sin abandonar su posición como jefe del ejército.
Sin embargo, temiendo que la Corte Suprema declarara la nulidad de su candidatura, incompatible con su posición de militar en actividad, suspendió por segunda vez la vigencia de la Constitución y desplazó a todos los jueces.
Aunque este era uno de los principales motivos por los cuales Musharraf iba a ser sometido a juicio político, su renuncia puso fin a ese proceso.
Pero Mian Mohammad Aslam, vicepresidente de la asociación de abogados de Lahore, urge al gobierno para que lleve a juicio a Musharraf por "alta traición".
Los cargos por los que Aslam quiere verlo procesado incluyen el derrocamiento del gobierno civil en 1999, hacerse designar presidente en 2002 a través de "un referéndum fraudulento", permitir bases militares de Estados Unidos en territorio de Pakistán sin autorización del parlamento y entregar a ese país "a ciudadanos paquistaníes inocentes".
Pero es más fácil hablar de llevar a juicio a Musharraf que sentarlo efectivamente en el banquillo de los acusados.
"Un proceso por alta traición requiere que el gobierno federal actúe como querellante. ¿Permitirán los militares que lo haga?", se preguntó Munir A. Malik, quien encabezó el equipo de abogados que defendió al presidente de la Corte Suprema, Iftikhar Mohammad Chaudhry, cuando fue desplazado por Musharraf al imponer el año pasado el estado de emergencia.
Para la activista por los derechos humanos Najma Sadeque, los juicios no deben ser realizados "selectivamente".
"Si Musharraf es procesado, también deben serlo Asif Ali Zardari (copresidente del Partido del Pueblo de Pakistán), Rehman Malik (actual ministro del Interior y estrechamente vinculado a Zardari), Altaf Hussain (jefe del movimiento Muttahida Qaumi) y una larga nómina de sus lacayos, en su mayoría delincuentes", afirmó.
"De no ser así, la justicia seguirá siendo una herramienta de los privilegiados, al servicio del patronazgo, y este gobierno elegido democráticamente representará una continuación de la misma vieja farsa", aseguró Sadeque.
¿Se abrirá la caja de Pandora del juicio a Musharraf? "Si no se abre, jamás haremos frente a los temas que nos han angustiado y obsesionado por más de medio siglo", dijo Sadeque.
"Es un riesgo que debemos asumir. Si no hacemos nada, tendremos otra vez intervenciones extraconstitucionales", señaló Malik.
Algunos expertos consideran que para juzgar a Musharraf es necesario reponer en sus cargos a los jueces de los tribunales superiores que fueron desplazados el año pasado. Sin embargo, Malik sostiene que no es imprescindible, y que el proceso podría realizarse en un tribunal de primera instancia.
En cambio, Badar Alam, columnista del mensuario Herald, opina que enjuiciar a Musharraf no es necesario.
"Los medios de prensa, la sociedad civil y algunos políticos están poniendo demasiado el acento sobre este tema, sin tomar conciencia de las repercusiones. Todos tienen algunos esqueletos ocultos en el armario, ya sea Sharif o Zardari. ¿Qué lograremos procesando a un solo individuo?", señaló.
Alam prefiere una "gran reconciliación" que incluya al ejército, los políticos, los magistrados, los clérigos y los medios de prensa. "Deben abandonar la confrontación y ayudar a crear un camino consensuado hacia el futuro", afirmó.
Malik considera que esa alternativa es posible. "El parlamento podría aprobar una ley, estableciendo que quienes testimonien ante una comisión de la verdad y reconciliación, y muestren arrepentimiento, reciban penas más benignas que las contempladas en la ley de alta traición de 1973", indicó.
