La ejecución de un ciudadano mexicano en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, volvió a tensar las relaciones bilaterales y obligará al gobierno de México a cambiar de estrategia si quiere evitar la aplicación de la pena capital a otros connacionales en el vecino país del norte.
La inyección letal que mató a José Medellín la noche del martes en el sureño estado de Texas, fronterizo con México, puso en evidencia el fallo del cabildeo mexicano para impedir esa trágica acción, a pesar de la intensa presión internacional ejercida en contra del estado de la "estrella solitaria", el símbolo de la bandera texana.
"El asunto es que la pena de muerte está dentro de la legislación de Texas y eso corresponde a la soberanía de ese estado", dijo a IPS José Valdés, director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La ejecución de Medellín, originario del nororiental estado mexicano de Tamaulipas, pasó por encima de la protesta del gobierno de su país, de un fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya y de la presión de organizaciones defensoras de los derechos humanos y del propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el sudcoreano Ban Ki-moon.
"La principal estrategia es que los consulados mexicanos estén atentos a los casos de presos en Estados Unidos y se preocupen porque sus derechos sean respetados", planteó a IPS Rebeca Rodríguez, presidenta del no gubernamental Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos en la nororiental ciudad de Reynosa, a unos 700 kilómetros de la capital mexicana.
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Pero Washington argumenta que es necesaria una ley de aplicación de tratados internacionales para resoluciones como la de la Corte de La Haya tengan efectos legales en Estados Unidos.
"En la relación con Estados Unidos, México no ha tenido una acotación que obligue en estos últimos años a que se respeten los derechos de los trabajadores hispanos, de los migrantes, de los presos", señaló Valdés.
Luego de la ejecución, la Secretaría (ministerio) mexicana de Relaciones Exteriores envió una nota de protesta al Departamento de Estado de Estados Unidos para expresar su inconformidad por lo que consideró una "violación al derecho internacional".
La cancillería calificó la medida de "claro desacato" a una resolución de la Corte Internacional de Justicia y manifestó su preocupación por sembrar un precedente para los derechos de los mexicanos que sean detenidos en Estados Unidos.
La Corte ordenó el 16 de julio a Estados Unidos frenar la ejecución de cinco condenados en Texas hasta que sus casos sean revisados, entre ellos el de Medellín, quien fue sentenciado por el asesinato en 1993 en Houston, Texas, de las adolescentes Elizabeth Peña y Jennifer Ertman.
Los otros cuatro mexicanos protegidos por esa suspensión temporal son Roberto Moreno Ramos, César Roberto Fierro, Rubén Ramírez y Humberto Real García. En 2004, el alto tribunal de La Haya había exhortado a Estados Unidos, en el llamado "Caso Avena y otros", que revisara y reconsiderara la condena a muerte de 51 mexicanos, puesto que los sentenciados no habían recibido asistencia consular durante los juicios, lo que constituye una violación a la Convención sobre Relaciones Consulares de 1963.
Esa Convención establece que los ciudadanos extranjeros tienen derecho a contactar a sus respectivos consulados si son detenidos.
En el transcurso de esta década, al menos seis mexicanos fueron ejecutados en Estados Unidos, a pesar de las recomendaciones de activistas y de las gestiones llevadas a cabo por su gobierno.
Con el ajusticiamiento de Medellín, el quinto concretado en Texas este año, unos 30 sentenciados de origen latinoamericano y caribeño se encuentran a la espera de una decisión judicial que los salve de la pena capital.
Datos de la no gubernamental Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color de Estados Unidos (NAACP por sus siglas inglesas) indican que en esa situación había en febrero, además de los mexicanos, 12 centroamericanos, siete cubanos, cuatro jamaiquinos, cuatro colombianos, un peruano, un argentino y un haitiano.
Esta situación podría abrir la puerta a la formación de un bloque regional que propugne para que Estados Unidos se apegue a la jurisdicción internacional, idea apoyada por Valdés y Rodríguez.
"Sería una buena idea, ya en otras instancias varios países latinoamericanos han planteado medidas similares, como en la lucha contra el narcotráfico", comentó el académico.
Con un bloque "podemos tener un acercamiento para exigir a Estados Unidos que respete los fallos internacionales, pero sería un trabajo muy titánico", apuntó, por su parte, Rodríguez.
De visita en México para asistir a la XVII Conferencia Internacional sobre Sida que finaliza este viernes, Ban dijo a la cadena privada Televisa que "todas las decisiones y órdenes de la Corte Internacional de Justicia deben ser respetadas por los estados".
"Estados Unidos debe tomar todas las medidas para garantizar que se detenga la ejecución de este ciudadano mexicano", aseguró.
"Lo que está en juego es la pena de muerte rechazada por la gran mayoría de los países democráticos y civilizados y la actitud de Estados Unidos —y de sus estados— que consiste en aplicar a la carta el derecho internacional", afirmó este miércoles Terry Davis, secretario general del Consejo de Europa.
Unos 20 ciudadanos extranjeros, a quienes se les negaron sus derechos consulares luego de su detención, fueron sometidos a la pena de muerte en Estados Unidos desde 1988.
Una treintena de estados incluye la pena de muerte en su legislación, aunque varios aplican una moratoria. En total, unas 3.000 personas esperan en el pasillo de la muerte en ese país.
