A 26 años del retorno de la democracia, Honduras no encuentra el rumbo que le permita reducir la brecha económica y social, recuperar el prestigio de los actores políticos, ni la confianza en la justicia y los entes de control del Estado, señalan analistas consultados por IPS.
Las perspectivas lucen sombrías si no se detiene la disparada de los precios de los combustibles y los alimentos. Estudios preliminares indican que si el costo de la canasta básica trepa más de 30 por ciento, 128.653 familias caerían por debajo de la línea de pobreza, aumentando el índice en 10 por ciento.
Esto echaría por tierra los avances en la lucha contra la pobreza realizados en las últimas dos décadas. Según el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2007, elaborado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en 2006 vivían en la pobreza 71,5 por ciento de la población del país.
Honduras logró recuperar la democracia formal con los comicios presidenciales de noviembre de 1981, en los que triunfó Roberto Suazo, del centrista Partido Liberal, quien pasó a encabezar el primer gobierno civil en más de una centuria.
Pero, coinciden diversos analistas, la nación no ha logrado encontrar la senda del crecimiento económico sustentable y la población muestra desencanto con las instituciones.
[related_articles]
Encuestas preliminares realizadas por la Organización de las Naciones Unidas, a las que IPS tuvo acceso, revelan que al menos 55 por ciento de los hondureños están dispuestos a emigrar.
Más de un millón de los 7,3 millones de habitantes han emigrado, principalmente a Estados Unidos y en menor número a Europa. Sus remesas, que superan los 2.000 millones de dólares anuales, son el principal sostén de la economía doméstica.
Pero muchos de los que optaron por radicarse en el exterior enfrentan ahora la amenaza de la deportación, como consecuencia del endurecimiento de las políticas inmigratorias en las naciones ricas: casi 70.000 hondureños sufrirían ese destino para fines de este año.
"La situación actual desafía cualquier análisis político prospectivo, estamos en un momento de tremenda incertidumbre", comentó a IPS el sociólogo Mario Posas.
Esa incertidumbre está marcada desde el inicio del mandato del actual presidente, el liberal Manuel Zelaya, en enero de 2006, por fuertes confrontaciones con los poderes Legislativo y Judicial e incluso con sectores de poder económico. "Cualquiera diría que aquí va a estallar algo, pero la gobernabilidad democrática aún funciona", agregó.
"En el país parece prevalecer la actitud del sálvese quien pueda", dijo Posas, quien destacó la habilidad de los políticos para amortiguar la crisis, fragmentar los movimientos sociales y debilitar las protestas y propuestas que emergen de la sociedad civil.
En un foro televisivo sobre el futuro del país realizado a fines de julio, en el que participaron analistas locales y diplomáticos, se enfatizó la necesidad de ejecutar políticas públicas en materia de educación, seguridad alimentaria y ciudadana, con especial atención en el combate al narcotráfico y el delito organizado.
El ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, quien cesó en sus funciones el lunes, indicó en esa ocasión que la presencia del crimen organizado preocupaba mucho a su país, especialmente en relación con el lavado de dinero. Aseguró que se cree que un tercio de las remesas del exterior, alrededor de 700 millones de dólares anuales, podrían estar comprendidas en maniobras de ese tipo.
El embajador de Francia, Laurent Dominati, dijo que los hondureños deberían recuperar la confianza en sus instituciones e impulsar políticas públicas fuertes que garanticen la institucionalidad democrática, para evitar que en el futuro el país pueda ser "objeto de compra" por parte de los carteles de la droga.
Esas advertencias molestaron al gobierno de Zelaya, que llamó al "silencio" a los diplomáticos por "opinar de más" sobre asuntos internos, según informó el ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Edmundo Orellana.
Para la analista social Julieta Castellanos, la incertidumbre y la complejidad son una constante en el escenario político hondureño y en la medida en que no hay confianza, el tejido social del país se deteriora.
Castellanos identificó al menos siete grandes problemas en materia de gobernabilidad, economía, seguridad, pobreza, crisis energética y cambio climático.
En el área de gobernabilidad, mencionó la confrontación del gobierno con los otros dos poderes, así como con un sector del empresariado, además del proceso electoral que se avecina.
Honduras se apresta a elegir un nuevo gobierno a fines de 2009, pero las elecciones internas de los partidos se realizarán en noviembre. La convocatoria se hizo hace tres meses, pero el fervor político comenzó a intensificarse en julio cuando los precandidatos presentaron sus propuestas electorales y las listas de candidatos que los acompañarán.
En medio de este proceso, Zelaya, cuya popularidad ha caído según las encuestas a apenas 23 por ciento, se embarcó en un discurso de confrontación contra "grupos fácticos de poder" que no identifica.
Este miércoles anunció su intención de sumarse a la Alternativa Bolivariana para las Américas que impulsa su par venezolano, Hugo Chávez.
Al término de una cumbre de ministros agrícolas del grupo regional, Zelaya señaló que Honduras dejaba de ser un país observador de la iniciativa para "incorporarse formalmente, como miembro pleno, aunque griten los grupos de poder".
Pero ese paso requiere la aprobación del Congreso legislativo, donde por el momento no existe consenso sobre esta iniciativa.
Para los empresarios, la acción de Zelaya es "una afrenta a las buenas relaciones con Estados Unidos". Temen sanciones comerciales y un endurecimiento en la política migratoria hacia los hondureños, según Benjamín Bográn, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
La preocupación de Bográn toma en cuenta el escenario económico poco favorable del país. Aunque se estima que el producto bruto interno crecerá cinco por ciento, Honduras no ha logrado estabilizar sus cuentas públicas y el índice de inflación puede alcanzar los dos dígitos para fines de 2008. No se habían registrado tasas tan altas en los últimos ocho años, según el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras.
Los organismos financieros internacionales demandan mayor transparencia en la gestión pública. Todavía no se firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que en tres semanas iniciará una revisión exhaustiva de los acuerdos parciales suscritos, orientados a la eliminación de subsidios, contención del gasto público, reducción de la inflación y políticas de estabilidad monetaria, entre otros aspectos.
A ello se suma el impacto del aumento en los precios del petróleo y los alimentos, acompañado por la demanda social de subsidios para amortiguarlo.
Para el economista Efraín Díaz, las consecuencias de esta tendencia no están siendo analizadas en profundidad por el gobierno "y no cabe duda que de seguir la tendencia alcista en los precios de la energía, aquí se va a disparar la pobreza y aumentará la inseguridad".
Según cifras oficiales, 60 por ciento de los hondureños son pobres que viven con un promedio de dos dólares diarios. Se estima que el nivel de indigencia llega a 35 por ciento de la población. En este contexto se produjo un alarmante repunte de la violencia: hay entre ocho y diez asesinatos diarios.
"Los escenarios no son favorables y si bien es difícil estimar la naturaleza exacta de estas consecuencias las mismas serán inevitables si no se toman correctivos a tiempo a nivel de políticas de Estado y no sólo de coyuntura", advirtió Castellanos.
Con una economía pequeña y abierta, Honduras es vulnerable al vaivén de los volátiles precios del petróleo y los impactos económicos externos. Sus exportaciones se concentran en pocos productos y es un país altamente dependiente de las importaciones de hidrocarburos, coincidieron los expertos consultados por IPS.
Por este motivo, apuntan a la necesidad de acuerdos y al restablecimiento del diálogo entre los líderes políticos, sociales, económicos y culturales para llegar a un pacto social que impida un escenario de interrupción del orden institucional.
