Las esperanzas de paz en el sur de Filipinas se disipan mientras proliferan los combates entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes separatistas musulmanes.
A comienzos de este mes se había registrado cierto avance en las conversaciones de paz entre las dos partes.
Más de 100 personas han muerto y cerca de 150.000 civiles han sido desplazados en cinco provincias de la sureña isla de Mindanao, donde el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF) lleva adelante su campaña separatista, según informes de prensa desde Manila.
La presidenta Gloria Macapagal-Arroyo envió más tropas a la zona y ordenó que la armada bloqueara la posible ruta marítima que los rebeldes podrían usar para escapar. La provincia de Catabato del Norte fue escenario de algunos de los peores combates, que obligaron a cerca de 100.000 personas a abandonar sus hogares, según un funcionario de gobierno.
Agencias humanitarias que trabajan en la zona han quedado sorprendidas por la última escalada de violencia, que comenzó el 4 de este mes. "Nos ha sorprendido la velocidad con que ha amentado", dijo a IPS por vía telefónica desde Manila el vicerrepresentante en Filipinas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Colin Davis.
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"Estamos preocupados por los muchos niños y niñas que han sido afectados. Hay casi 50.000 niños desplazados y que no regresan a sus casas porque tienen miedo", indicó.
Aunque los combates siempre han estado limitados a ciertos lugares, "se han propagado en las últimas tres semanas", añadió Davis.
El jueves, la organización Amnistía Internacional alzó su voz de alarma por los grandes riesgos que correrá la población atrapada en el conflicto si Manila "apoya la creación de milicias civiles no entrenadas".
Se confirmó que "líderes políticos locales en Ciudad Iligan, de Mindanao, y en la provincia de Cotabato del Norte han encabezado esfuerzos para formar milicias civiles tras los ataques del MILF", reveló Amnistía en un comunicado.
"En Ciudad Iligan, lugar donde se perpetraron dos ataques con bomba el 17 de agosto, de los que se responsabilizó a elementos del MILF, un grupo de 300 propietarios de armas con licencia, políticos y funcionarios de gobiernos locales crearon una milicia llamada Dios Salve a Ciudad Iligan", añadió la organización.
"Todas las partes de este conflicto deberían dar un paso atrás y demostrar su compromiso en evitar el daño a civiles", dijo SamZarifi, director de la oficina en Asia Pacífico de Amnistía.
"El MILF debe controlar sus fuerzas, y el gobierno de Filipinas debería asumir su responsabilidad por la seguridad de todas las personas, sin importar religión ni etnia", añadió.
La última escalada de violencia estalló cuando unidades del MILF lanzaron ataques contra aldeas y tierras de cultivo, matando a machetazos a 39 personas y quemando casas. En los días siguientes, los rebeldes atacaron a más civiles y tomaron rehenes.
"Las unidades del MILF que atacaron las aldeas cometieron graves violaciones al derecho internacional y deberían ser responsabilizadas por eso", dijo Zarifi.
La jefatura del grupo rebelde asegura no haber ordenado esos ataques y los atribuye a dos comandantes disidentes.
Los ataques comenzaron poco después de que la Corte Suprema de Filipinas bloqueara la firma de un acuerdo entre Manila y el MILF sobre el delicado tema de los territorios a ser incluidos en la región autónoma musulmana de este país predominantemente católico.
El convenio, concretado en las últimas conversaciones mantenidas en Malasia, señala que más tierra sería concedida a los tres millones de musulmanes que viven en el sur.
La decisión de la Corte fue tomada luego de una queja presentada por líderes católicos, que afirmaron no haber sido informados propiamente de los términos del acuerdo, según el cual la región musulmana sería expandida para incluir 712 aldeas como parte de un territorio considerado de "dominio ancestral".
Esta semana, la administración de Macapagal-Arroyo anunció que desechaba el nuevo acuerdo, pero declaró que aún estaba abierto a las conversaciones de paz.
El frustrado pacto era el eje de las últimas conversaciones de paz, destinadas a poner fin a un conflicto que ya tiene cuatro décadas, y en el que más de 120.000 personas han muerto y otras dos millones han sido desplazadas. La crisis frenó el crecimiento económico en el sur, rico en recursos.
Críticos del gobierno señalan que el acuerdo violaba la Constitución, ya que permitía la creación de un estado dentro del país. "No construyamos un Muro de Berlín para dividir la población de Mindanao", dijo Celso Lobregat, alcalde de la predominantemente católica ciudad de Zamboanga, según informes de prensa.
Las conversaciones de paz entre el gobierno y el MILF habían sido auspiciadas por Malasia, tras un acuerdo del cese del fuego en 2003. A partir de entonces, los combates entre ambas partes comenzaron a disminuir. En 2007 se reportaron 15 combates, contra más de 600 el año anterior.
El fracaso de las gestiones de paz no es algo nuevo en esta nación del sudeste asiático. En 1996, Manila anunció que la rebelión musulmana había finalizado tras lograr un pacto con el Frente Moro de Liberación Nacional (MNLF), grupo predecesor del MILF.
Pero los líderes del MNLF fueron acusados por muchos rebeldes de haber sacrificado los objetivos políticos de su comunidad aceptando ventajas económicas ofrecidas por Manila. Desde 1996, muchos miembros de esa organización han regresado a las armas.
Esta semana, una destacada figura del MILF hizo una advertencia al gobierno. "El acuerdo sobre el dominio ancestral está hecho. Ni más ni menos. Ahora, si quieren desecharlo, depende de ellos. Nosotros no vamos a volver a negociar", afirmó el jefe negociador del grupo rebelde, Mohagher Iqbal, según la agencia AP.
