Unas 100 personas fueron asesinadas o heridas y otras más de 130.000 desplazadas en Filipinas desde que se reanudaron este mes las hostilidades entre el gobierno y los rebeldes del Frente Moro de Liberación Islámica (MILF).
En 2003, un acuerdo de paz intentó poner fin a las décadas de violencia en la sureña isla de Mindanao, donde el MILF lleva adelante su campaña separatista, que se ha cobrado en total 120.000 vidas y hasta 5.900 millones de dólares en pérdidas.
Pero ese tratado, producto de negociaciones secretas, y que se filtró al público apenas días antes de cuando estaba prevista su firma, generó por el contrario una reacción violenta y ahora es considerado la causa del resurgimiento de los combates.
El ex presidente Joseph Estrada (1998-2001) le sugirió al actual gobierno de Gloria Macapagal-Arroyo que lanzara una "guerra total" contra el MILF, similar a la que él había intentado durante su periodo en el poder.
Pero los ex presidentes Corazón Aquino (1986-1992) y Fidel Ramos (1992-1998) aconsejaron a las dos partes que vuelvan a la mesa de negociaciones, posición compartida por la organización de derechos humanos Karapatan (Alianza para el Progreso de los Derechos Humanos).
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Karapatan deplora los ataques contra civiles y recordó al separatista MILF que, al tiempo de promover los intereses del pueblo bangsamoro, también debería respetar los derechos del resto de la población. La organización está preocupada por los desplazados, dijo la secretaria general Marie Hilao-Enriquez.
Representantes del gobierno y del MILF tenían programado firmar este mes un memorando de entendimiento sobre "dominio ancestral" del territorio en disputa.
El documento, cuya redacción insumió casi cinco años, ya contaba, desde la semana anterior, con las iniciales de los negociadores de paz de ambos lados, tras reuniones realizadas en Kuala Lumpur.
Ese texto habría cimentado el camino para la expansión de la Región Autónoma en el Mindanao Musulmán (ARMM), para incluir unas 700 aldeas, y habría dado a los musulmanes mayores poderes económicos y políticos.
Pero el 4 de este mes, la Suprema Corte emitió una orden para detener la firma del documento luego de que representantes católicos de Mindanao presentaron una petición alegando que causaría el desmembramiento del país y que era inconstitucional. Se dijo que la abortada firma del memorando indignó a algunos comandantes del MILF, alentando los ataques contra varios pueblos.
Luego el gobierno dijo que no firmaría el documento en su actual forma y que, en cambio, renegociaría el acuerdo. También quiso que el MILF entregara a aquellos de sus comandantes que eran responsables de los ataques.
Pero el presidente del MILF, Al Haj Murad Ebrahim, dijo que el memorando era "un documento final, un tratado hecho", y que era sometido por el gobierno a "revisión legal por parte de expertos durante casi cuatro meses".
En el sitio web del MILF, Murad dijo que el memorando "es apenas un acuerdo marco y no el compacto final", y que las necesarias consultas públicas, acciones e implementaciones legislativas y el plebiscito estarían guiados por la decisión final del pueblo.
Buena parte de la culpa por el colapso de las negociaciones de paz es depositada en Macapagal-Arroyo. Los políticos que presentaron la petición ante la Suprema Corte dijeron que el gobierno no los consultó en relación al memorando.
La organización izquierdista Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), o Nueva Alianza Patriótica, dijo que Macapagal-Arroyo "negoció de mala fe y elevó las expectativas del MILF y el pueblo moro".
"El memorando, además de reconocer en papel el derecho del pueblo moro a la autodeterminación, estaba destinado a fracasar ante los desafíos legales y las denuncias infundadas de que desmembraría a la república Filipina", dijo Renato Reyes, secretario general de Bayan.
El gobierno sabía que el acuerdo requeriría una enmienda a la Constitución algo muy poco popular en Filipinas— y que era muy probable que la Suprema Corte interviniera.
Bayan cuestionó el involucramiento de Estados Unidos en el proceso de paz y en la discusión de los acuerdos. Reyes dijo que, al hacer eso, Macapagal-Arroyo había "debilitado la soberanía nacional".
Estados Unidos, que teme que Mindanao pueda convertirse en una base para insurgentes vinculados a la red extremista islámica Al Qaeda, del saudita Osama bin Laden, prometió millones de dólares de asistencia a la zona una vez que se firme el acuerdo de paz final.
De hecho, el embajador estadounidense en Filipinas viajó a Malasia para presenciar la —ahora abortada— firma del memorando.
La participación de terceros países se agrega a la ya "sobrecogedora tarea" de conciliar los intereses del gobierno, del MILF, de los políticos y de oligarcas locales, dijo el analista político Bobby Tuazon, del Centro para el Empoderamiento Popular en Gobernanza.
No se puede esperar que políticos, señores de la tierra y oligarcas "abran camino al MILF", dijo a IPS.
Las conversaciones deberían realizarse de modo independiente, "sin interferencia de partes externas, excepto que sea con la misión de facilitar, como hizo Malasia, y controlar la tregua, como en el caso del Equipo Internacional de Vigilancia", añadió.
El Equipo, compuesto en su mayoría por oficiales militares de Malasia, Brunei, Libia y Japón, actúa como mediador en casos de violaciones del acuerdo de cese del fuego.
Esta misión, presente en Mindanao desde 2004, concluirá en los próximos días. Hay negociaciones de último minuto para su extensión, lo que muchos consideran clave para el proceso de paz.
