Un nuevo fondo en Estados Unidos para preservar, rehabilitar y construir viviendas accesibles a los más pobres es visto como una gran victoria de los grupos de base y un paso clave para atender las necesidades de las personas de bajos ingresos.
Hay nueve millones de familias con ingresos extremadamente bajos en Estados Unidos, y sólo 6,2 millones alquilan a precios que realmente pueden pagar, según la Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos (NLIHC, por sus siglas en inglés).
Unas 37 millones de familias gastan más de 30 por ciento de sus ingresos en alquiler o en préstamos hipotecarios, según información de la NLIHC.
"Tenemos la peor crisis de vivienda y de ejecuciones hipotecarias", dijo Greg White, analista del NLIHC.
La campaña por el fondo fue llevada adelante por miles de individuos y organizaciones a nivel local y nacional. La NLIHC presionó a miembros del Congreso legislativo en Washington, mientras que grupos comunitarios, como refugios para personas sin hogar, organizaciones religiosas y activistas, llevaron adelante sus propias campañas locales instando a los legisladores.
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"Han estado trabajando en esto desde 2000. La coalición fue creada para asegurar que las personas de bajos ingresos no se queden en la calle y tengan una voz ante la asistencia federal de vivienda", indicó White.
En los últimos años, las autoridades en todo el país han demolido miles de unidades de viviendas públicas, arguyendo falta de financiamiento federal para las remodelaciones. Entonces, la disponibilidad de nuevos fondos podría socavar los argumentos de que esas demoliciones están justificadas.
A fines de julio, la Cámara e Representantes aprobó la Ley de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias y de Rescate de Viviendas, con la que se crea el fondo. El Senado la aprobó poco después, y el presidente George W. Bush, que inicialmente se había mostrado en contra, la promulgó el 30 de julio.
Se trata así del primer programa de creación de viviendas específicamente destinado a las familias con ingresos extremadamente bajos desde el plan de casas subsidiadas conocido como Sección 8, de 1974.
La nueva ley, propuesta en 2001 por el senador Bernie Sanders, del nororiental estado de Vermont, fue un significativo avance en política interna por parte del Congreso, liderado por el opositor Partido Demócrata, que también aumentó el salario mínimo federal el año pasado.
Los ingresos para el fondo provendrán de Fannie Mae y Freddie Mac, dos empresas de financiamiento de vivienda patrocinadas por el gobierno, que proveerán un mercado secundario de hipotecas. Ambas firmas harán contribuciones anuales al fondo basándose en una fracción de un porcentaje de cada nuevo negocio que concreten por año.
Si bien ahora las dos empresas afrontan dificultades, el fondo fue incluido en un más amplio paquete de leyes de vivienda que a su vez le garantizará una estabilidad a las compañías.
El año próximo, cuando entre en vigencia la ley, 100 por ciento de los recursos del fondo serán destinados al programa Esperanza para Propietarios de Casas, que cubrirá las carencias de la Autoridad Federal de Vivienda, permitiendo la refinanciación de hipotecas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el fondo recolectará 837 millones de dólares para 2018. Esto permitiría construir o preservar por lo menos 837.000 casas accesibles.
Marcie Porter, de la Coalición de Viviendas de Bajos Ingresos del sudoriental estado de Alabama, dijo que el trabajo de su grupo por el fondo nacional encaja con sus propios esfuerzos para crear un fondo estadual.
"Nuestra atención ha estado en la creación de un fondo en Alabama. Afortunadamente, el fondo nacional hará más fácil a la gente entender la necesidad de uno estadual", dijo a IPS.
"Hemos hecho mucho en nuestra legislatura, creando un equipo especial para trabajar por el fondo e intentando ver cómo funcionaría en el estado", añadió.
Al menos 75 por ciento del dinero para viviendas de alquiler en el nuevo fondo nacional deberá beneficiar a familias con ingresos "extremadamente bajos", y todo lo recaudado deberá siempre ser destinado a hogares de "muy bajos" recursos.
El fondo será administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, que distribuirá los recursos entre los que considere más necesitados.
Cada estado designará una agencia local que será calificada para entregar el dinero.
"Fuimos y le hablamos a nuestros congresistas en Washington sobre la necesidad y los beneficios de un fondo nacional, y les explicamos cómo sería usado. Les hablamos de nuestro propio fondo", dijo a IPS Chris Estes, director ejecutivo del fondo del oriental estado de Carolina del Norte.
En un mensaje de correo electrónico a los activistas del fondo luego de que fuera aprobada la ley, la presidenta de la NLIHC, Sheila Crowley, escribió: "Ha tomado muchos años, y hubo muchas idas y venidas en el camino. Personas menos pacientes (¿o tercas?) se hubieran rendido en varias ocasiones. Las fuerzas de la oposición eran poderosas y no siempre amenas. Superar muchos grandes desafíos hace la victoria aun más dulce".
