¿En qué se parecen una viuda de Bangladesh, sin tierras y con un hijo sordo, un minero de 12 años en Kirguizstán y un matrimonio de campesinos con 12 niños en Uganda? En que están atrapados en la pobreza crónica, aunque viven en países cuya economía crece.
Entre 320 y 440 millones de personas de todo el mundo viven en esa condición. Pero no deberían, según el Informe sobre la Pobreza Crónica 2008-2009, elaborado por una alianza global de universidades, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales de diversos países del Sur y el Norte.
El estudio afirma que esa multitud escaparía de la pobreza crónica si se ataca a los cinco factores que le sirven de fundamento: la inseguridad, la limitación de los derechos ciudadanos, la distribución espacial, la discriminación social y la falta de oportunidades de empleo.
Entre las soluciones para estas "trampas de la pobreza" figuran, según el estudio, la creación de redes de protección social —en particular mediante entregas de dinero a los hogares—, garantías al acceso de los pobres a los servicios públicos, la aplicación de medidas antidiscriminatorias y de empoderamiento de género y la adopción de políticas estratégicas de migración y urbanización.
El informe fue elaborado por el Centro para la Investigación de la Pobreza Crónica (CPRC, por sus siglas en inglés), una red mundial integrada por instituciones de países como Bangladesh, Gran Bretaña, India, Sudáfrica y Uganda.
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El CPRC está financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional del gobierno británico y sus actividades son dirigidas por la Universidad de Manchester y el Instituto de Desarrollo en el Exterior, también de Gran Bretaña.
Quizás la propuesta más interesante del informe es la ampliación de los sistemas de asistencia social para garantizar a los pobres crónicos un ingreso básico, al que se considera como un derecho y también como una vía para escapar de la pobreza.
Experiencias en Brasil, Chile, India y Sudáfrica muestran que las transferencias sociales —en dinero u otras formas de asistencia— reducen la vulnerabilidad, permiten a los pobres participar en actividades económicas más productivas y, en general, son gastadas juiciosamente.
Según los investigadores, la protección social es accesible y puede ser incrementada incluso en países relativamente pobres, como se ha demostrado en los casos de Bangladesh y Uganda.
Sin embargo, los gobiernos frecuentemente tienen reparos frente a esta estrategia, basados en la creación de dependencia en quienes reciben la ayuda y los compromisos financieros a largo plazo que implica.
El informe señala que es clave construir una base de apoyo para la protección social, y hace un llamado a los líderes mundiales a fin de que se comprometan a elaborar para 2010 una Estrategia Global de Protección Social, con el objetivo de erradicar la pobreza extrema para 2025.
Ese plan debería sumarse y tomar como base a los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, que entre otros aspectos plantean reducir a la mitad la proporción de pobres en la población mundial para 2015.
El estudio destaca que algunos gobiernos que han aplicado respuestas efectivas para la pobreza, como Etiopía, Uganda y Vietnam, no son totalmente democráticos.
La democracia por sí misma no garantiza la adopción de políticas que tomen en cuenta las necesidades de los pobres, agrega.
Algunos "proyectos de elite" —término amable para definir a regímenes relativamente autoritarios— han forjado un pacto entre los ciudadanos y el Estado que colocó a la pobreza crónica en la agenda política, indica el informe.
Según los autores, los responsables por la definición de políticas "deben pensar más allá del mantra contemporáneo de la democracia, las elecciones y la descentralización".
El director del CPRC, Andrew Shepherd, dijo a IPS que a veces hay una tensión a nivel internacional "entre la promoción de la reducción de la pobreza y la promoción de la democracia multipartidaria".
En muchos casos "la democracia produce gobiernos que son muy efectivos en la reducción de la pobreza, como lo muestra la reciente experiencia de Brasil, por ejemplo. Y hay regímenes menos democráticos que también han sido muy exitosos en este campo", agregó Shepherd.
"La comunidad internacional debe reconocer que parte de esa efectividad puede responder a la naturaleza del régimen", sostuvo.
En esos casos, "una fuerte conexión entre el Estado y los ciudadanos se ha forjado a través de un movimiento popular, que genera un pacto social entre la elite y los pobres como parte de un proyecto de desarrollo nacional", dijo el experto.
"China y Vietnam son dos ejemplos y hubo otros en los últimos 60 años. La comunidad internacional debe ejercer la cautela a la hora de agregar condicionamientos políticos a la ayuda u otras negociaciones internacionales. Por supuesto, esto no significa que en casos extremos, como el de Zimbabwe, no se adopte una firme posición política", afirmó Shepherd.
Duncan Green, jefe de investigaciones de la organización humanitaria Oxfam, considera que se trata de un análisis "valeroso".
"Debemos discutir este tema. Especialmente luego de acontecimientos traumáticos, las autocracias pueden encarar proyectos de construcción nacional más efectivamente que los gobiernos electos. La política es más que el recuento de votos", indicó.
Pero el estudio advierte que apenas un puñado de "proyectos de elite" muestra esa sensibilidad social. En países con riqueza mineral, como Angola, Birmania, Congo-Brazzaville y Sudán, elites predadoras se apoderan, a través de sistemas fiscales opacos, de recursos que podrían emplearse para aliviar la pobreza.
Asimismo, algunos gobiernos predadores y represivos atemorizan a tal punto a sus ciudadanos que éstos prefieren evitar todo trato con el Estado.
El informe analiza varios casos. De las 32 países identificados como en estado de necesidad crónica, 22 son considerados Estados frágiles, víctimas de guerras, conflictos y elites codiciosas.
Un Estado frágil es el que no garantiza la ley y el orden, los servicios y la infraestructura. "Apuntalarlos debe ser tan importante para los donantes como abordar el cambio climático", dijo Shepherd.
En los casos de países ricos en minerales pero con gobiernos "poco amigables" hacia los pobres, los donantes deben apoyar los esfuerzos para empoderar a los ciudadanos y ofrecer asistencia técnica para la protección social, fundamentalmente en salud y educación, según el informe.
En cambio, en las naciones pobres en recursos pero que muestran interés por los pobres, los donantes deben reducir la volatilidad de la ayuda y asumir buena parte del costo de los servicios básicos y la protección social hasta que el crecimiento económico aumente los ingresos del Estado.
Sin embargo, advierte, aunque la expansión de la economía alivia la pobreza, no beneficia automáticamente a quienes son crónicamente pobres.
Éstos viven en áreas remotas, sufren escasez de alimentos y problemas de salud, son explotados en el trabajo, no participan plenamente de la vida social y económica y quedan al margen del proceso de crecimiento nacional.
El estudio señala, asimismo, que las estrategias de reducción de la pobreza han fracasado. Son vistas como propiedad de los donantes, no toman en cuenta a los pobres crónicos, carecen de un análisis serio de la pobreza e ignoran cuestiones como la justicia, la discriminación, el empoderamiento de género y las migraciones.
Se destacan dos tendencias: la dramática reducción del número de pobres en China y el hecho de que en América Latina y el Caribe la pobreza se está volviendo urbana en lugar de rural.
En otras partes del mundo en desarrollo, 70 por ciento de los pobres viven en el campo, pero se puede predecir que esto cambiará a causa de los procesos de rápida urbanización, agrega el informe.
Esto exige la adopción de audaces políticas migratorias y de planeamiento urbano. En lugar de ver a los migrantes como un problema, deben ser asistidos para que tengan acceso a una porción de los beneficios urbanos, la productividad y el crecimiento.
La raíz de la pobreza es la falta de poder. Los pobres crónicos ejercen una ciudadanía limitada y no tienen voz en las capitales de sus países. La sociedad es en gran medida indiferente hacia ellos.
Pero los movimientos sociales pueden influir sobre las políticas públicas necesarias para eliminar las "trampas" de la pobreza crónica.
"En los países en desarrollo, los pobres crónicos no deben esperar por siempre", aseguró Shepherd.
