Los costos financieros y la falta de información son los principales obstáculos de los defensores públicos para llevar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que concluyó este viernes en la capital uruguaya su XXXV Periodo Extraordinario de Sesiones.
"El costo es un gran problema. En general, las defensorías públicas en América Latina no tenemos mucho apoyo de los gobiernos. No hay recursos. En Brasil, por ejemplo, solamente en los últimos años hemos venido recibiendo más atención de parte del gobierno. En este momento, el mayor obstáculo es ése", dijo a IPS el defensor público brasileño Clodoaldo Queiroz.
Conducir casos de derechos humanos ante la Corte, luego de haber agotado todos los recursos jurídicos en el país, que también supone importantes costos para los demandantes, puede tomar varios años y muchos viajes, ya que el tribunal, además de sesionar en su sede de San José de Costa Rica, lo hace también en diferentes ciudades americanas.
"No sé cuánto puede costar presentar un caso ante la Corte. Hay traslados, hospedajes, trámites… Y hay casos que demoran un tiempo. Además, para las pruebas se necesita contratar peritos, tanto de la parte actora como del Estado. En un caso sobre supuesta violación a la libertad de prensa en Panamá, por ejemplo, se contrataron dos peritos", explicó a IPS Alejandro Bonanni Fernández, de la Defensoría de Oficio de la sureña ciudad uruguaya de Pando.
Esto hace que demandantes y abogados apelen al respaldo financiero de fundaciones u organizaciones no gubernamentales.
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"En nuestro caso particular, hasta ahora no se ha tenido una experiencia ante la Corte porque llegar a esa instancia implica muchos recursos económicos y generalmente nuestros patrocinados carecen de ellos, y dependemos de organismos que puedan ayudar", dijo a IPS la directora nacional de la Defensa Pública de Honduras, Paulina Pérez Núñez.
Pero los abogados que ejercen la defensoría pública —garantía básica del debido proceso— también se enfrentan a la falta de conocimiento sobre procedimientos y jurisprudencia de la Corte. El funcionamiento del tribunal difiere del sistema procesal de cada país. Algunas naciones, por ejemplo, no cuentan con audiencias públicas, sino que todo el proceso se lleva a cabo en forma escrita.
"La principal dificultad es el conocimiento. Nosotros hemos sido formados para litigar más bien a nivel interno. Y carecemos de entrenamiento para acceder a los organismos internacionales", dijo a IPS el defensor público dominicano Jacinto Castillo.
Para dar respuesta a esa necesidad, en este periodo de sesiones iniciado el lunes en Montevideo, la Corte organizó, junto con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, el primer Programa de Capacitación en el Sistema Interamericano para Defensores Públicos Oficiales de América.
La Corte es un organismo judicial autónomo, de competencia contenciosa y consultiva, con la misión de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica.
Veinticinco naciones han ratificado o se han adherido a la Convención y por tanto se someten a la Corte: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
El tribunal recibe denuncias contra los Estados por presuntas violaciones de la Convención, sólo luego de que se hayan agotado todos los procedimientos que ésta prevé. Personas, grupos o entidades no estatales no pueden presentarse directamente ante la Corte, pero sí recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otro organismo que conforma la arquitectura jurídica continental.
La CIDH, con sede en Washington, puede formular recomendaciones, disponer medidas cautelares y presentar denuncias ante la Corte, siempre que el Estado cuestionado haya aceptado su competencia.
A la Corte pueden llegar procesos que, por sus características, se convierten en un emblema de la lucha por los derechos humanos, como el referido a la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada, cometida en Bolivia el 22 de julio de 1980, pocos días después del golpe de Estado perpetrado por el dictador Luis García Meza.
Ticona Estrada fue detenido junto a su hermano Hugo por una patrulla militar en las cercanías de un puesto de control en la occidental ciudad de Oruro. Ambos fueron torturados. Hugo fue liberado tiempo después, pero de Renato nada se supo. El proceso por su desaparición, abierto en tribunales de Bolivia en 1982, nunca pasó de la etapa de presumario.
Por eso los demandantes se encaminaron al sistema interamericano. El miércoles la Corte celebró una audiencia pública en Montevideo, en la que el Estado boliviano reconoció su responsabilidad por la desaparición y pidió disculpas.
El proceso ahora avanza en los puntos referidos a las reparaciones que recibirá la familia de la víctima, aunque ésta insiste en que se debe castigar a los autores materiales del crimen, que siguen en libertad, y establecer el paradero de los restos de Ticona Estrada.
"El Estado no es nuestro enemigo… Esta audiencia, más allá de las connotaciones jurídicas, debe tener un carácter pedagógico, en el sentido de que el fallo permita contribuir al fortalecimiento de la democracia boliviana", dijo a IPS el defensor del Pueblo (ombudsman) de Bolivia, Waldo Albarracín.
"Democracia no es sólo elegir autoridades mediante el voto. Es también vivir en el contexto del respeto a los derechos humanos y que todo lo que quede pendiente, venga de la dictadura o no, no se quede en la impunidad. Queremos sentar un precedente para que nunca más en Bolivia un gobierno, sea civil o militar, detenga ilegalmente, torture y haga desaparecer gente. Se trata de ir creando una cultura de derechos humanos", añadió.
La mayoría de los defensores públicos presentes en Montevideo se manifestaron satisfechos con el funcionamiento de la Corte, y subrayaron que sus fallos tienen un importante peso en sus respectivos países.
"La Corte ejerce una influencia muy importante en materia de derechos humanos. Ha liderado un proceso que ha llevado paulatinamente a que la gente ubique la importancia del tribunal", dijo a IPS la defensora costarricense Diana Montero.
Para la hondureña Pérez Núñez "es netamente positiva por las recomendaciones que realiza y porque los estados contratantes aceptan esas recomendaciones y las cumplen".
Por su parte, el brasileño Queiroz destacó que "a pesar de no tener una estructura suficiente para dar cabida a todos los procesos, el tribunal ha tenido resultados importantes", y subrayó que sus conclusiones sobre un caso de violencia doméstica contra Maria da Penha Souza fueron motivo de un cambio en la legislación de Brasil, en 2006.
"Se creó una nueva ley que da más protección a las mujeres víctimas de violencia en el hogar. Ahora los delitos cometidos contra las mujeres son considerados mucho más graves que antes", indicó.
"Esto es muy significativo, porque derivó de un proceso tratado en la Corte. La mujer fue agredida por el marido y hubo dos tentativas de homicidio, pero la justicia brasileña no lo condenó por más de 20 años. El caso fue llevado a la Corte y, antes de que ésta dictara sentencia, Brasil llegó a un acuerdo con el tribunal y se comprometió a indemnizar a la víctima y cambiar la legislación", agregó.
Al inaugurar las sesiones, el presidente en funciones del tribunal, el peruano Diego García Sayán, destacó que, "en sus 25 años de gestión, la Corte emitió 180 sentencias, y la mitad de éstas en los últimos cuatro años".
Este rendimiento fue elogiado por varios defensores de oficio presentes.
El tribunal "tiene casos pendientes de 2007. El atraso no existe como tal. Hoy en día podemos considerar que un año es poco. En los últimos cuatro se han dado la mayor parte de las sentencias, lo cual habla de que esta integración se ha preocupado por ir resolviendo los casos con la mayor celeridad posible", sostuvo el uruguayo Bonanni Fernández.
El boliviano Albarracín destacó que el tribunal entiende denuncias contra los estados, y no contra las personas, como sí lo hace la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Esto, en su opinión, permite que se pueda procurar justicia aun muchos años después de cometido el delito, e incluso cuando los responsables materiales no estén vivos o se encuentren fuera de jurisdicción.
Pero no todos están plenamente satisfechos. "Algo que siempre me ha llamado la atención sobre el acceso a la Corte es el largo tiempo que se tardan en tomar una decisión. Han tardado a veces más de 15, 20 años. Yo sé que eso depende de las particularidades de cada caso. Sin embargo, entiendo que una justicia retrasada es la consolidación de una injusticia", sostuvo el dominicano Castillo.
