El presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, encuentra en Egipto un firme apoyo contra la acusación internacional que se le formula por crímenes de guerra, contra la humanidad y actos de genocidio en Darfur.
"Es un intento de ciertas naciones occidentales de internacionalizar el problema de Darfur para sus propios fines políticos", dijo a IPS Ayman Shebana, profesor de ciencias políticas en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de El Cairo.
Moreno Ocampo pidió el 14 de julio una orden de arresto contra Al-Bashir por crímenes contra la humanidad y genocidio en la occidental región sudanesa de Darfur, en el marco del conflicto que desde 2003 enfrenta a insurgentes con fuerzas militares y con paramilitares apoyadas por el régimen de Jartum.
Organizaciones de derechos humanos señalan que alrededor de 300.000 personas perdieron la vida en el conflicto, mientras unos 2,5 millones debieron abandonar sus aldeas y afrontan una gravísima crisis humanitaria.
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El gobierno sudanés argumenta que las acusaciones son "falsas" y que las bajas en ambos bandos no han superado las 10.000 personas en estos cinco años. La mayoría de la población de Darfur es negra, mientras que la del norte de Sudán, hegemónica en el régimen, es árabe.
En declaraciones al semanario argentino Noticias, Moreno Ocampo dijo que en Darfur "los ciudadanos son atacados por quienes deberían protegerlos".
El presidente Al-Bashir, agregó, "se sirve del ejército nacional y milicias armadas para atacar a grupos étnicos de su país. Esos pueblos fueron removidos de sus tierras y enviados al desierto, donde están albergados en campamentos de refugiados ( ) donde no hay agua ni comida y las milicias impiden que los grupos humanitarios les acerquen alimentos".
Tras ratificar la cifra de 300.000 muertos, Moreno Ocampo indicó: "Estamos acusando a Al-Bashir de ser el responsable de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio."
Pocos días después del pedido de Moreno Ocampo, tanto la Liga Árabe como la Unión Africana (UA) pidieron a la CPI que postergue 12 meses la acusación contra Al-Bashir, para permitir que la justicia sudanesa tome el caso en sus manos. Egipto se mostró especialmente activo en su apoyo al presidente de Sudán.
El 23 de julio, el ministro de Relaciones Exteriores, Ahmed Aboul-Gheit, calificó a la acusación de "irresponsable y peligrosa", y argumentó que "tendrá un impacto negativo sobre el establecimiento de la justicia en Darfur".
El presidente egipcio Hosni Mubarak dijo el 29 de julio, en una conferencia de prensa conjunta con su par sudafricano Thabo Mbeki, en Pretoria, que se oponía "a la entrega de cualquier líder africano a la CPI".
También expresó su convicción acerca de que existen "indicios positivos sobre la solución de la crisis".
Según Shebana, la situación en Sudán es de extrema importancia para las fuerzas de seguridad en Egipto. Ambos países comparten una frontera de unos 1.200 kilómetros.
"Consideran que la cuestión es clave para la seguridad nacional egipcia", agregó. Egipto juega un importante papel para mantener la paz en su vecino y alrededor de 20 por ciento de la misión conjunta de la ONU y la UA en Darfur está integrada por soldados de este país, comentó.
Según Aymen Abdelaziz Salaama, profesor de derecho internacional en la Universidad de El Cairo, "la CPI cuenta con el mandato de juzgar a individuos, líderes y altos funcionarios, antes que a gobiernos, partidos o regímenes políticos".
Sudán y Egipto firmaron el Estatuto de Roma, la convención internacional que creó la CPI, pero no figuran entre los 106 países que lo ratificaron. Por este motivo, señaló Salaama, Jartum alega que la Corte carece de jurisdicción para juzgar crímenes cometidos en su territorio.
Pero esa posición carece de sustento legal, consideró. "La jurisdicción de la Corte se extiende a todas las naciones, hayan firmado o no la convención, si el Consejo de Seguridad de la ONU, considerando amenazas para la paz y la seguridad internacional, pide que se investiguen los crímenes perpetrados en un país".
Es lo que el Consejo hizo en 2005, cuando aprobó la resolución 1.593 que pidió a la CPI investigar las denuncias de crímenes en Darfur cometidos por el Estado sudanés desde 2003.
Sin embargo, Shebana cree que la CPI es un instrumento de las potencias occidentales, que intentarían explotar el asunto por su codicia de la riqueza mineral de la región.
"Históricamente, la falta de desarrollo, más que las diferencias étnicas, han sido la raíz del conflicto. Occidente sólo comenzó a considerarlo una cuestión internacional luego del descubrimiento de petróleo y uranio en Darfur", agregó.
A su juicio, habría "evidencias considerables sobre la presencia estadounidense, francesa e israelí en la región, que promovió la actividad de los rebeldes. De no contar con ese apoyo extranjero, la crisis se hubiera resuelto hace cinco años".
"Hubo efectivamente crímenes de guerra, pero los cometieron tanto el gobierno como los rebeldes", dijo Shebana, quien considera que la crisis humanitaria en Darfur ha sido "exagerada" por gobiernos occidentales, organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de prensa.
"Algunas ONG que trabajan en Darfur hacen grandes negocios inflando el número de víctimas y refugiados para obtener más fondos de la comunidad internacional. Estas exageraciones también sirven a los fines de las potencias extranjeras que quieren internacionalizar el problema con el propósito de dividir a Sudán", argumentó.
Para Salaama, existen dos escenarios posibles si se emite una orden de captura contra Al-Bashir.
"Sudán puede entregarlo a la CPI o rehusarse, en cuyo caso la Corte puede pedir al Consejo de Seguridad que imponga sanciones graduales, bajo los términos del Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas", explicó.
"Comenzarían con la interrupción de las relaciones diplomáticas, pero eventualmente podrían escalar hasta la imposición de un bloqueo naval y, en el peor de los casos, el empleo de la fuerza militar para forzar a Sudán a cumplir con las demandas de la CPI", dijo Salaama.
La tensión pareció aplacarse el domingo, cuando el Consejo de Seguridad extendió el mandato de la fuerza de paz en Darfur por un año. La resolución también llama a discutir la postergación de la acusación contra Al-Bashir por un período de 12 meses, tal como lo pidieron la UA y la Liga Árabe.
Aunque Shebana considera que esa decisión es un buen augurio para Jartum, que debe ser seguido por continuados esfuerzos árabes y africanos para evitar "una mayor escalada contra Sudán", Salaama es más prudente.
"Incluso si se concede esa postergación, eso no significará que el caso ha sido retirado de la consideración del Consejo de Seguridad de la ONU", afirmó.
