La reapertura de la causa por la muerte de Marco Barrantes, un subteniente del ejército de Perú acusado por sus pares de espionaje, revivió las esperanzas de justicia de sus familiares y puede habilitar un proceso contra el país de parte de la viuda del militar ecuatoriano asesinado en iguales circunstancias.
El fiscal supremo de Perú, Pablo Sánchez, planteó reactivar el proceso por el secuestro, tortura y asesinato en 1988 del subteniente Barrantes, atribuidos a agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) que le endilgaban vender secretos militares al sargento de la fuerza aérea ecuatoriana Enrique Duchicela, quien era agregado militar de la embajada de su país en Lima.
Por ese entonces y con el actual presidente Alan García cumpliendo su primer mandato (1985-1990), había recrudecido la añeja disputa entre Perú y Ecuador por la demarcación de una parte de la frontera común, controversia que desembocó en 1995 en un nuevo conflicto armado y que se zanjó finalmente con el acuerdo de paz de Brasilia de 1998.
Carlos Rivera, del no gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL) y abogado de la familia de la víctima, dijo a IPS que la resolución del fiscal permitirá incorporar más evidencias contra los acusados, que en su momento el tribunal rechazó.
Las Fuerzas Armadas mantuvieron silencio por años sobre el crimen perpetrado en las instalaciones del cuartel general del ejército, pero los familiares de la víctima batallaron hasta lograr tiempo atrás que la justicia abriera un proceso.
Sin embargo y pese a las evidencias del homicidio, la Primera Sala Penal Nacional resolvió el 14 de febrero de 2007 que no existían pruebas y absolvió a los inculpados.
Ahora, Sánchez contradijo ese fallo y se pronunció a favor de desarchivar el caso, por entender que el tribunal pasó por alto evidencias relevantes sobre la ejecución extrajudicial de Barrantes, en un operativo que se presume contó con el conocimiento y aprobación de los altos mandos de entonces del ejército.
El general Oswaldo Hanke, jefe del SIE al momento del asesinato, y su asistente, el coronel Harry Rivera, afirman que jamás se produjo la detención del subteniente Barrantes y que, por lo tanto, no existió crimen alguno.
Asesorados por el abogado César Nakazaki, el mismo que defiende al ex presidente Alberto Fujimori en el proceso que se le sigue por varios delitos durante su gobierno (1990-2000), los dos oficiales ya retirados manifiestan que nunca ordenaron la captura de Barrantes, afirmación aceptada por el tribunal.
Pero el fiscal Sánchez considera que el tribunal pasó por alto documentos y testimonios que acreditan que agentes del SIE detuvieron a Barrantes como parte de un operativo que incluyó también la captura del sargento Duchicela.
El dictamen de la fiscalía, al cual tuvo acceso IPS, indica que el tribunal no tomó en cuenta la declaración del ex agente Raúl Gamonal, quien asegura que compartió prisión con Barrantes en el SIE y que allí le dijo que lo acusaban de espionaje.
Una de las pruebas importantes, a juicio del abogado Rivera, pero desechadas por la Primera Sala Penal Nacional, es un manuscrito y un audio que registra la confesión del ex agente del SIE Jesús Sosa sobre su participación en el secuestro y asesinato de los dos militares.
Sosa, quien se encontraba en la clandestinidad, entregó la documentación a la familia de Barrantes porque, dijo, se había enterado por la prensa que los altos mandos del ejército se negaban a asumir su responsabilidad por el doble crimen. Empero, el tribunal no admitió ese material que podría esclarecer los homicidios.
"Ahora que el ex agente Sosa se encuentra preso y está dispuesto a declarar sobre su intervención en el secuestro y homicidio de Barrantes, será fundamental su testimonio cuando se reinicie el juicio por este crimen", señaló Rivera a IPS.
La reapertura de la causa también permitirá a la viuda del militar ecuatoriano, Martha Escobar, a preparar un juicio contra el Estado peruano por el asesinato de su esposo en una instalación militar de este país.
"Solamente un poder muy grande puede haber ordenado ese crimen. No hay que olvidar que mi esposo era diplomático y, por lo tanto, tenía inmunidad", dijo Escobar a la prensa al enterarse de los nuevos hallazgos relacionados con el caso de la desaparición de su cónyuge.
Es que el ex agente Sosa aseguró por escrito que quien ordenó la ejecución del plan para detener y dar muerte a Barrantes y Duchicela fue "el entonces comandante general del ejército, el general Artemio Palomino Toledo".
"Cumplí órdenes, como siempre lo hice durante los 17 años que actué en el Servicio de Inteligencia del Ejército. En ese tiempo serví a mi país realizando actos que la justicia común considera delitos, y siempre por decisión del comando", indicó Sosa en su testimonio.
Según el relato escrito del es agente, cuya copia obtuvo IPS, los jefes militares que organizaron el operativo son el general Hanke, el coronel Rivera y el capitán Jorge Miranda.
"La captura de Barrantes y Duchicela sólo la conocieron los altos mandos (del ejército) y quienes participamos en el operativo", detalló.
"Todo nuestro trabajo como agentes culminó con la detención e interrogatorio de Duchicela, a quien el propio Barrantes señaló como el extranjero a quien le entregaba la información (de inteligencia)", señaló.
Sosa, que en el mismo manuscrito pidió perdón por el asesinato de Barrantes y de Duchicela, añadió que los jefes militares guardaron en secreto el crimen para que el país no se enterara que el ejército había sido infiltrado por un espía.
"La desaparición de Duchicela y Barrantes evitó un escándalo ante la opinión pública", escribió.
Durante una aparición de Sosa en el juicio que se le instruye a Fujimori, el ex agente ratificó públicamente su participación en el operativo que culminó con la muerte de Barrantes en el SIE, ubicado en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército.
Sosa ya había declarado sobre su papel protagónico en estos crímenes, testimonio que publicó el periodista Ricardo Uceda Pérez en el libro "Muerte en el Pentagonito" (2003), pero en esa época el ex agente se encontraba prófugo.
"Ahora que está acreditado como testigo, será posible convocarlo para que lo que dijo por escrito lo declare personalmente", comentó a IPS el representante legal de los familiares de Barrantes.
"El mismo Sosa dice que mataron y desaparecieron a Barrantes y Duchicela, no sólo porque presuntamente eran espías sino también porque, si el caso llegaba a ser público, se habría desatado una controversia que habría implicado el juzgamiento de los jefes militares por la filtración de la seguridad nacional. Ahora es el momento en que la justicia hará su parte", sostuvo Rivera.
El ex Sosa sabe que, debido a su confesión, también le espera una condena, pero no será el único sancionado, sino que también serán imputados sus jefes militares que, en lugar de someter a la justicia ordinaria a los supuestos espías, prefirieron matarlos y hacer desaparecer sus cuerpos para evitar un escándalo que dañaría sus respectivas reputaciones y la del ejército de Perú.
