Una amenaza se cierne sobre los crímenes impunes de la guerra civil colombiana. La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) toca a la puerta y pregunta por los autores intelectuales de la matanza.
En el escenario bélico interno, donde "tenemos un máximo número de crímenes y una cantidad masiva de criminales", el criterio es ir tras "los máximos responsables", anunció el lunes en Bogotá el fiscal general de la CPI, el abogado argentino Luis Moreno-Ocampo.
En el longevo enfrentamiento armado interno de Colombia cometen crímenes atroces todos los bandos: las guerrillas izquierdistas surgidas en 1964, la fuerza pública y los paramilitares de ultraderecha.
Pero estos últimos, comandados por narcotraficantes o por personas relacionadas con ellos, llegaron a perpetrar 80 por ciento de las matanzas, según la Organización de las Naciones Unidas, que agrega que 12 por ciento de esos delitos son responsabilidad de la insurgencia y el resto de las fuerzas de seguridad del Estado.
Los grupos ultraderechistas surgieron en diciembre de 1982 por iniciativa de narcotraficantes, según unos, para enfrentar a las guerrillas que a partir de ese año comenzaron a secuestrar personas.
[related_articles]
Para otros, esas organizaciones entraron en escena para hacer el trabajo sucio contrainsurgente cuando se hizo insostenible internacionalmente la masiva violación de los derechos humanos que cometía la fuerza pública desde 1977.
En todo caso trabajaron de consuno con las autoridades, según repetidos fallos condenatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano.
Esta es la segunda visita a Colombia de Moreno-Ocampo, quien fue conocido fuera de su país antes de asumir su actual cargo en la CPI por su trabajo de adjunto del fiscal Julio César Strassera en el juicio que condenó en 1985 por delitos contra la humanidad a nueve jefes militares de la última dictadura argentina (1976-1983).
La primera vez fue en octubre de 2007, cuando anunció que hacía tres años que alimentaba un dossier de este país andino.
También señaló que observaba los procesos judiciales de la Ley de Justicia y Paz, marco legal para la desmovilización paramilitar, lograda parcialmente por el gobierno derechista de Álvaro Uribe, tras negociaciones cuyo contenido permanece secreto.
Ahora, la estancia de tres días en Colombia de Moreno-Ocampo coincide con grescas crecientes, que tienden a reforzar la interpretación de que existe una prueba de fuerza entre la mafia que intenta copar el poder del Estado y quienes se le resisten.
Un escándalo protuberante es la destitución de Guillermo Valencia Cossio, hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, de su cargo como jefe seccional de fiscalías de la Fiscalía General de la Nación, por la presunta colaboración con alias "Don Mario", narcotraficante y jefe paramilitar en ascenso.
Pero la pugna de fondo son los reiterados ataques y celadas gubernamentales contra la Corte Suprema de Justicia.
En especial, contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, investigador principal de la Corte en el proceso conocido como de la "parapolítica", por tratarse de casos de parlamentarios apoyados o beneficiarios del paramilitarismo.
Testigos que acusan a Velásquez de buscar pruebas contra el presidente Uribe para implicarlo con los paramilitares, pero luego confiesan que fueron presionados o engañados, condimentan la espiral del llamado "choque de poderes".
O la vuelta de tuerca del domingo, cuando se conoció que dos funcionarios de altísimo rango en el Poder Ejecutivo recibieron en el último año, en pleno palacio presidencial, a emisarios de un narcotraficante porque éste les anunció tener pruebas para implicar al magistrado Velásquez.
En plena visita de Moreno-Ocampo, el asunto se calentó en la víspera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, denunció una "extraña alianza" entre el gobierno y los paramilitares contra el máximo tribunal.
Ricaurte reiteró lo dicho ya hace unos meses: "Se viene adelantado un complot contra la Corte Suprema de Justicia para desacreditar a sus magistrados y para deslegitimar las denuncias".
"Aquí hay un complot. La fiscalía debe investigar", advirtió a su vez el propio Velásquez.
Las investigaciones comprometen a casi 70 parlamentarios, una treintena de ellos ya tras las rejas y casi todos oficialistas. Según el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), implican a cerca de tres millones de votos en las elecciones legislativas de 2006.
Todos los fiscales de Justicia y Paz están amenazados, así como los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Y para rematar, precisamente el ministro Valencia Cossio impulsa cambios al sistema de justicia que, precisamente, le puede quitar poderes a la Corte para investigar y juzgar a los parapolíticos, además de una reforma política que sólo comenzará a operar poco antes de que termine funciones el actual parlamento, en 2010, alargando el statu quo.
Iván Cepeda, portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, considera que hay que llamar la atención de la CPI "sobre la forma en que se está comenzando a absolver" a los parapolíticos.
Entre los implicados en la parapolítica aparece Mario Uribe, primo del presidente de Colombia y su principal socio político, quien renunció a la curul del Senado para evadir a la Corte Suprema y ser investigado por la Fiscalía, que está dirigida por un ex viceministro del actual gobierno, Mario Iguarán.
Mario Uribe intentó también evadir a la justicia ordinaria cuando ésta le impuso medida de aseguramiento, y fallidamente buscó asilo político en la embajada de Costa Rica, en abril.
La Corte Suprema de Justicia le abrió investigación en julio de 2007 por presuntos nexos con organizaciones paramilitares, supuesto apoyo de éstas en su campaña electoral y por la adquisición de 5.000 hectáreas de tierra al parecer mediante amenazas a sus propietarios.
El ex senador Uribe fue excarcelado el 20 de este mes porque la fiscalía no halló "graves indicios de responsabilidad", aunque sigue vinculado a la investigación. Ésta no abordó un negocio de tierras en 2000 con uno de los capos paramilitares extraditados en mayo, según la bogotana revista Semana.
Otros tres parapolíticos, que también renunciaron a sus escaños y pasaron a la justicia ordinaria, fueron dejados en libertad en las últimas semanas. La fiscalía no tuvo en cuenta a varios testigos en estos casos.
"La coalición de gobierno está integrada por partidos que desde su dirección, casi todos, han estado comprometidos en la parapolítica. Tienen involucrados en procesos a sus presidentes y comprometidos, ya sea enjuiciados o en la cárcel, entre 30 y 70 por ciento de sus votos", dijo a IPS el ex ministro Camilo González Posso, director de Indepaz.
Se trata de "una coalición de gobierno que ha obtenido participación en el poder desde la violencia. Son corresponsables de los crímenes atroces por los cuales se están juzgando a los paramilitares", agregó.
González Posso se pregunta "¿cómo se va a garantizar la no impunidad y cuál es la obligación de reparación de los parapolíticos que contribuyeron a asesinatos, masacres y al desplazamiento forzado de más de tres millones de personas en Colombia?".
Los mismos interrogantes se hace la fiscalía de la CPI, según una carta al gobierno colombiano de Moreno-Ocampo, fechada el 18 de junio, pero mantenida en secreto hasta el 15 de este mes, cuando la reveló el diario bogotano El Nuevo Siglo, 10 días antes de que el abogado argentino llegara al país.
"¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso (legislativo) presuntamente vinculados a grupos desmovilizados?", inquiere Moreno- Ocampo.
"La parapolítica es un tema central para nosotros, porque los máximos responsables deben ser juzgados y condenados", dijo sin ambages.
Cepeda recordó a IPS que después de julio de 2002, cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma, firmado en esa ciudad en 1998, tuvieron lugar elecciones "que se hicieron utilizando mecanismos de presión armada y de control territorial, que pueden ser vinculados a crímenes de lesa humanidad".
IPS conoció que a la fiscalía de la CPI le produce malestar que los parapolíticos estén siendo imputados sólo de concierto para delinquir agravado, y no de crímenes contra la humanidad.
El escenario podría llegar a que los más comprometidos entre éstos paguen condena en Colombia por concierto para delinquir agravado y queden expuestos a que la CPI los llame a responder por crímenes de lesa humanidad.
Este alto tribunal con sede en La Haya tiene potestad para actuar en casos de crímenes de guerra y contra la humanidad así como genocidio, en todos los países que ratificaron el Estatuto de Roma y que no hayan sido procesados por la justicia local.
"La parapolítica es el frente esencial de la lucha hoy aquí en Colombia", señaló Cepeda.
"De cómo se resuelva este pulso entre las pretensiones de impunidad y la búsqueda de verdad y justicia en los casos de la parapolítica depende que pueda haber una opción que apunte hacia la democracia", puntualizó.
