El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó por decreto para el 7 de diciembre la consulta popular sobre la nueva Constitución. La ofensiva del gobierno puso en alerta a la oposición, que anuncia resistencia al referendo.
Un día después de que los cuatro prefectos (gobernadores) opositores y autonomistas de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija —la llamada Media Luna—, rechazaron que se convocaran consultas populares mediante decreto, Morales promulgó la norma asentado en el respaldo de 67 por ciento de los sufragios que obtuvo el 10 de este mes, en un referendo revocatorio de los cargos ejecutivos electivos.
Junto a la consulta que decidirá sobre la nueva Constitución, la convocatoria también incluirá la elección de los prefectos que reemplazarán a las autoridades revocadas el 10 de agosto en las gobernaciones de La Paz, oeste, y Cochabamba, centro del país.
Además, por primera vez, los votantes elegirán a 112 subprefectos de igual número de provincias en los nueve departamentos de Bolivia.
El jefe del opositor y derechista partido Poder Democrático y Social (Podemos), el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), calificó de dictador a Morales y de perpetrar un "golpe de Estado" por eludir el trámite en el Congreso legislativo para aprobar una convocatoria mediante ley.
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"Evo Morales está siguiendo el camino del ex presidente peruano Alberto Fujimori", dijo a IPS el jefe de la también opositora y centroizquierdista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, en referencia al autogolpe de Estado protagonizado por el peruano el 5 de abril de 1992, cuando disolvió el Poder Legislativo.
Doria Medina, un empresario industrial, cuestionó que un decreto reemplazara una ley que exige el voto favorable de dos tercios de los diputados. El gobernante e izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) sólo tiene 84 representantes y el trámite de una ley obligaría a negociar con el opositor Podemos, que posee 56 escaños.
"El camino de la imposición no lleva lejos a nadie. Hoy, Fujimori está en la cárcel", sentenció Doria Medina.
El decreto "es una alegría por la culminación del largo proceso para llegar a la Asamblea Constituyente", dijo a IPS el miembro de la Asamblea Constituyente por el MAS, René Navarro.
Es oportuno terminar el proceso de debate de la nueva Constitución, estimó Navarro y recordó que la idea de transformar la carta magna nació en 1990, con una marcha de 600 kilómetros de pueblos indígenas de zonas tropicales, desde la norteña Trinidad, capital de Beni, hasta La Paz.
El asambleísta defendió la validez del texto aprobado por la Asamblea Constituyente en la occidental ciudad de Oruro, el 9 de diciembre del pasado año, por la participación de asambleístas de 10 fuerzas políticas, aunque el principal partido opositor, Podemos, se excluyó del debate.
El presidente indígena Morales tiene el respaldo del recién creado Concejo Nacional para el Cambio (Conalcam) que reúne al MAS y a organizaciones sociales, de educadores, campesinos, y sectores de clase media, como un instrumento de réplica al Consejo Nacional Democrático (Conalde), integrado por cinco prefectos opositores y organizaciones civiles y empresariales críticas del gobierno.
El decreto era exigido por los sectores sociales que constituyen la base social del gobierno y que interpretan la ratificación del mandato de Morales como vía expedita para aplicar su programa y reformar el Estado con base en el texto constitucional aprobado por la Constituyente.
Mientras, los pasos fronterizos con Argentina permanecen bloqueados por opositores, que han puesto además cerco a las instalaciones y plantas petroleras en el sur del país. El desabastecimiento de carburantes se sentirá desde este sábado en el sureño departamento de Tarija, anunció este viernes la Superintendencia de Hidrocarburos.
El Conalde declaró una abierta campaña contra el gobierno en reclamo de la devolución de una porción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, recortada por el gobierno para pagar una renta vitalicia a la población anciana. Según el Ministerio de Hacienda, esos fondos suman apenas 49 millones de dólares.
La cartera asevera que, en virtud del incremento en los precios internacionales del petróleo, el impuesto obtuvo recursos adicionales por 100 millones de dólares, de los cuales 49 millones de dólares fueron destinados al fondo para financiar la renta vitalicia, y 41 millones de dólares fueron distribuidos entre las nueve prefecturas.
El fondo para la renta vitalicia alcanza 205 millones de dólares, que se completan con recursos generados por las acciones de ciudadanos bolivianos en empresas transferidas a la administración privada, gobiernos municipales, el Fondo Indígena y el Tesoro General de la Nación. Está destinado a pagar el equivalente a 26 dólares mensuales a 676.000 personas mayores de 60 años.
Desde sus regiones, los representantes de los prefectos opositores ratificaron su decisión de evitar la celebración del referendo, alegando dudas sobre el registro de votantes, aunque la aprobación del decreto sorprendió este viernes a la oposición, que no consiguió reunir a los miembros del Conalde.
En la central Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz y epicentro de la oposición autonomista, los vocales de la Corte Departamental Electoral cuestionaron la convocatoria del presidente Morales y anunciaron su resistencia a la instructiva gubernamental, situación que podría reiterarse en los organismos electorales de Pando, Beni y Tarija.
Quiroga llamó a la movilización y la resistencia civil "para evitar el enfrentamiento y la división".
Navarro advirtió que se exigirá a las cortes electorales que cumplan la ley, aunque admitió que la cercanía de algunos de sus miembros con partidos de la derecha los llevará a obstaculizar el referendo.
"El ex presidente Quiroga tiene privilegios que no desea perder, pero los bolivianos vamos a defender el derecho a opinar y a decidir", concluyó el asambleísta del MAS.
