La prensa no pudo ver al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, cuando acudió este jueves a declarar ante la Comisión de Acusaciones del Congreso legislativo, que lo investiga por cohecho.
El operativo de seguridad incluyó el cierre de dos pisos del edificio del Congreso y el bloqueo del tránsito en varias cuadras a la redonda.
El mandatario acudió acompañado de su abogado Jaime Lombana y del secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo.
Uribe fue acusado hace cuatro meses de "cohecho impropio" por el senador Luis Carlos Avellaneda, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) al considerarlo responsable de supuestos sobornos ofrecidos en 2004 la ex legisladora Yidis Medina para que diera su voto favorable a una enmienda constitucional que a la postre permitió la reelección del presidente.
Medina, que se encuentra detenida, entregó a los tribunales pruebas de que en 2004 votó a favor de la reforma a cambio de empleos públicos para sus simpatizantes y contratos con el Estado. Ahora, la investigación judicial avanza contra el ministro de la Protección Social, Diego Palacios, y el actual embajador en Italia, Sabas Pretelt, quien ocupaba en 2004 la cartera de Gobierno.
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En la central Plaza de Bolívar, estudiantes de la pública Universidad Distrital se manifestaron contra el gobierno, mientras el presidente evadía a los periodistas al ingresar por la puerta de atrás del recinto parlamentario.
César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de Uribe, aseguró a los reporteros que el presidente estaba tranquilo y que la diligencia "se cumplió en medio de un ambiente cordial y respetuoso".
Durante dos horas y media, Uribe respondió un cuestionario de 15 preguntas que no han sido divulgadas y que al parecer fueron elaboradas en una sesión secreta celebrada una semana atrás.
Al término de la sesión, Uribe se retiró del recinto por la misma puerta, mientras el senador Avellaneda declaraba a la prensa "en caso de que el fallo de la Comisión de Acusaciones sea contra evidente con la verdad, acudiré a entidades internacionales".
"Necesitamos que estas instancias ayuden a aplicar justicia en Colombia, para que los ciudadanos de a pie estén en igualdad de condiciones con delincuentes de cuello blanco que no se someten a la justicia", afirmó el senador del izquierdista PDA.
"Si Yidis Medina fue condenada por cohecho, dentro del gobierno debe existir un responsable de esa irregularidad", añadió.
La confesión de Medina es plena prueba de las ofertas cumplidas, como el nombramiento del médico Eduardo Esquivel en una Empresa Social del Estado (ESE), de Carlos Correa en la dirección de la clínica Primero de Mayo, y de amigos y recomendados de la congresista que se beneficiaron con cargos, arguyó.
Es el caso del ex parlamentario Teodolindo Avendaño, de 73 años, actualmente detenido, y de Sandra Domínguez, nombrada notaria segunda en la nororiental ciudad de Barrancabermeja, ciudad natal de Medina.
La ex congresista ratificó su denuncia contra Uribe hace una semana ante la misma Comisión, a la que llegó afirmando que "diré toda la verdad".
El abogado del presidente volvió a decir de ella que es "mentirosa". "Lo único que se ha probado es que la señora tiene sed de venganza, con unos móviles oscuros que nadie ha podido descifrar".
Avellaneda asegura que dos miembros de la Comisión de Acusaciones, que forman parte del bloque gobernante, debieron declararse impedidos por "su sociedad política con el presidente, lo que hace que tengan un interés directo con el resultado del proceso". La próxima semana formulará una recusación "para que terminen separados del proceso", agregó.
Uno de ellos es el representante Edgar Eulises Torres, coordinador de investigadores en el proceso quien, al término de la versión libre de Uribe, negó de manera rotunda "cualquier sociedad política".
"Estamos investidos de una responsabilidad que nos otorgó la Cámara de Representantes en pleno, que integran 166 congresistas, y no un partido en particular. La investigación se adelanta por mandato de la Constitución y la ley", dijo Torres a la prensa al término de la diligencia, que se cumplió con asistencia de un delegado del ministerio público "para garantizar la transparencia".
Torres aseguró que Uribe pidió investigar al periodista Daniel Coronell, director del programa de televisión Noticias Uno, autor de una entrevista a Medina en la que ésta denunció el ofrecimiento de prebendas efectuado por funcionarios del gobierno, y que fue guardada durante varios meses por solicitud de la ex congresista.
Medina formuló las denuncias en la entrevista, enojada porque el gobierno no le había cumplido todas las prebendas ofrecidas a cambio de su voto.
"El presidente cree que el señor Coronell debió publicar el vídeo de la entrevista y ponerlo a consideración de la opinión pública de manera inmediata", dijo Torres.
El 18 de abril, el Poder Ejecutivo aseveró en un comunicado que "Daniel Coronell y Yidis Medina han preparado, desde agosto de 2004, un vídeo en el que el primero actúa como periodista entrevistador y la segunda como parlamentaria entrevistada. Por lo conocido hasta ahora, el entrevistador induce las respuestas".
"Se considera un delito guardar por varios años un vídeo con la confesión de Medina", agregó Torres.
IPS intentó sin éxito una reacción de Coronell.
Este jueves, la Corte Suprema de Justicia pidió a la Procuraduría General de la Nación que haga cumplir al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) una sentencia del máximo tribunal, que concedió prisión domiciliaria a la ex congresista Medina.
En una carta dirigida al titular del ministerio público, Edgardo Maya Villazón, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, recordó que pese "a que el fallo fue proferido hace casi dos meses, no ha sido ejecutoriado por decisión del entonces director del INPEC".
La decisión de imponer a Medina aseguramiento sin excarcelación es "una burda maniobra de desprecio por una decisión judicial", agregó la carta.
