Con el compromiso proclamado de defender su «revolución democrática y cultural boliviana hasta con la vida», el gobierno recibió el respaldo de organizaciones sociales para decretar, sin el consecuente aval parlamentario, el llamado a referendo del proyecto de nueva constitución.
"Debemos defender con nuestras vidas la democracia participativa del pueblo", dijo el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, pero alertó que el gobierno no caerá en "la provocación" de la oposición, que anunció un cerco alimentario al oriente del país, el corte del suministro de carburantes y el bloqueo de carreteras internacionales desde este lunes.
Al cierre del segundo día de deliberaciones de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), en un hotel de campo localizado a 11 kilómetros al este de la central ciudad de Cochabamba, unas 15 organizaciones indígenas, sindicatos campesinos, cultivadores de coca, mineros y representantes de clase media analizaron la estrategia política frente al bloqueo opositor al proyecto de nueva constitución boliviana.
El propio presidente de Bolivia, Evo Morales, recordó en el encuentro que las urnas le dieron el apoyo de 67 por ciento del electorado en el referendo revocatorio de mandatos del 10 de este mes.
Morales también pidió obrar con medidas drásticas para frenar la rebeldía civil de los cinco departamentos de la llamada "media luna" oriental administrados por prefectos (gobernadores) de oposición a su gobierno.
Un dirigente minero de las cooperativas radicadas en la región montañosa del occidente boliviano expresó a Morales la decisión de salir en defensa de la revolución democrática y cultural.
Los mineros de las cooperativas, entidades privadas dirigidas y organizadas por sus propios obreros, se convirtieron en la fuerza que mostró alta capacidad de movilización, presión y aguerrida combatividad en las movilizaciones sociales de sepetiembre y octubre de 2003, que culminaron con la caída, apenas un año después de haber asumido, del segundo gobierno del derechista Gonzalo Sánchez de Lozada, quien ya había ocupado ese cargo de 1993 a 1997.
En el otro frente, organizaciones civiles integradas por sectores de clase media, empresarios y dirigentes regionales de los departamentos de Santa Cruz (este), Chuquisaca (sur) y Tarija (sur), que forman parte de la media luna oriental, resolvieron tomar drásticas medidas de protesta que pueden afectar severamente las relaciones internacionales.
Entre los anuncios se cuentan el bloqueo desde este lunes de las rutas que conectan a Bolivia con Argentina y con Paraguay, sin descartar el cierre de válvulas de los poliductos que transportan carburantes a la región occidental del país.
"Si la derecha se ilegaliza, allá ella, y si es violenta, allá ella", expresó Garcína Linera, uno de los oradores de la reunión cumplida hasta el sábado y que declaró una movilización permanente de las organizaciones sociales, desde las bases comunitarias, municipales departamentales, "para profundizar y consolidar la unidad de Bolivia y de la revolución democrática y cultural".
El Conalcam garantiza la refundación de Bolivia y pide al gobierno que convoque a un referendo para considerar la aprobación del proyecto de constitución política del Estado, además de la elección de subprefectos, consejeros departamentales y de los dos prefectos cuyos mandatos fueron revocados en el referendo del día 10, los de La Paz y de Cochabamba.
El pronunciamiento de las organizaciones cercanas a Morales permitiría sortear el difícil camino de obtener el visto bueno del Congreso nacional para convocar a referendo, ya que el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) posee sólo 84 de los 157 escaños, insuficientes para operar con libertad en la gestión de leyes especiales, como la convocatoria a referendo por ejemplo.
El opositor y derechista frente Poder Democrático y Social (Podemos) cuenta con 56 representantes en el Congreso, lo cual dificulta al oficialismo sumar los dos tercios de votos que requieren la aprobación de muchas normas.
El Conalcam respondió a la demanda de los prefectos opositores de que se reponga el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), recortado parcialmente por el gobierno, y sugirió una nueva redistribución considerando el número de población y nivel de desarrollo.
Los encendidos discursos de las bases que respaldan al presidente Morales reclamaron el ejercicio del poder y el freno a las agresiones de violentos grupos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a jefes policiales, interpretando, según dirigentes, un sentimiento colectivo que se pregunta si la paciencia del gobierno tiene un límite.
Frente a esa inquietud, García Linera expresó que "no se puede tolerar permanentemente la violencia de las bandas fascistas y no hay que olvidar que la defensa contra los violentos y la continuidad en el proceso de transformación será en base a movilización democrática, el voto y la participación democrática".
El vicepresidente interpreta que la "derecha y el fascismo" es el rostro de los derrotados en las elecciones generales de 2005 y en el pasado referendo revocatorio del 10 de agosto. Con un pasado político relacionado con el insurgente Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK) en la década del 90, junto al dirigente campesino Felipe Quispe, García Linera anticipa un escenario de confrontación con los grupos influyentes de empresarios, terratenientes y clase media que gobernó el país desde su independencia, en 1825.
Defiende la aprobación del proyecto de nueva constitución porque considera el único camino para "dejar labrada en piedra" la nacionalización de los hidrocarburos y la redistribución de la riqueza estatal mediante una bonificación anual de 26 dólares a estudiantes de ciclo básico, la renta mensual de 26 dólares a los ancianos y el fondo solidario de 5,7 millones de dólares para las personas con discapacidad.
Proclamó a Bolivia como una tierra donde "el racismo no tiene pisada" por su condición de república de mestizos e indígenas. La mayoría de la población boliviana desciende de los pueblos originarios de ese territorio.
Declaró, además, extinguido el poder de los extranjeros sobre las abundantes riquezas gasíferas que representan la segunda mayor reserva de América del Sur, después de Venezuela, con 48 trillones de pies cúbicos.
Ante los líderes sindicales, García Linera describió al modelo económico de izquierda como un esquema vigoroso, con un Estado generador de riqueza, apoyado por la actividad de los empresarios y pequeños productores, en una alianza con la economía de las comunidades campesinas.
"Hemos recibido un mandato del pueblo y estamos obligados a continuar: Tenemos un programa de gobierno que lo dignifica en materia económica y un proyecto social que une a la gente y los pueblos", afirma.
