Cuatro millones de electores en Bolivia decidirán este domingo entre la continuidad y la revocatoria del mandato constitucional del presidente izquierdista Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y ocho prefectos (gobernadores) en un ambiente de tensión, con enfrentamientos y huelgas de hambre.
Las urnas se abrirán tras una conflictiva semana que dejó un saldo de dos mineros muertos en enfrentamientos con la policía, una huelga de hambre de discapacitados y otra de los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz (este), Beni (noreste), Pando (norte) y Tarija (sur), quienes demandan la reposición de las ganancias de los hidrocarburos que el gobierno central tomó hace más de un año de los presupuestos regionales para financiar un bono para personas mayores de 60 años.
Será la primera vez en la historia electoral boliviana de los últimos 30 años que se realice un plebiscito con huelguistas instalados en las plazas de las principales ciudades que reclaman autonomía, en actitud de desafío al poder central y quebrando el auto de buen gobierno emitido por las autoridades para preservar el orden interno.
Precisamente esta tensión entre el primer presidente indígena de Bolivia y los grupos conservadores identificados con un modelo económico de apertura al mercado global ha conducido a este escenario de desempate político, en el cual el mandatario tiene muchas posibilidades de obtener el respaldo ciudadano, pero que en la práctica no doblegará a sus opositores.
Analistas políticos coinciden en que Morales y el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, el principal opositor, tendrán los votos suficientes para continuar en sus funciones por cinco años más, pero seguirán atrincherados en sus posiciones ideológicas, casi irreconciliables.
Tras lograr en diciembre de 2007 la aprobación del proyecto de un nuevo texto constitucional con amplias reivindicaciones sociales, Morales sintió el asedio opositor y la imposibilidad de llevar a la práctica esta reforma, fundamental en su plan de gobierno inclinado hacia cambios sustanciales en un país subdesarrollado.
El mandatario entonces, en una jugada política para lograr el desequilibrio e imponer su modelo socialista, retó a sus opositores a probar fuerzas y popularidad en un referendo que no está comprendido en la Constitución vigente, pero pese a ello fue aprobado en el Congreso Nacional con el respaldo del frente opositor Poder Democrático y Social (Podemos).
De acuerdo con la Ley 3850 de referendo revocatorio, se preguntará a la gente si "está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera".
Un portavoz de la CNE explicó a IPS que el acortamiento o revocatoria de mandato de ambos gobernantes se producirá si los votos en su contra superan 53,740 por ciento de todos los válidos.
El número de sufragios que representa este porcentaje será establecido sólo al finalizar el recuento de votos válidos, y será diferente a los 1.544.000 que obtuvieron Morales y García Linera en las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005.
La resolución 124/2008 de la CNE adopta un principio que preserva el mandato de las autoridades y descarta su revocatoria cuando el voto por el No sea igual o menor a 50 por ciento de los sufragios válidos y emitidos.
Para el caso de los prefectos, la pregunta reza: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto del Departamento?.
Los prefectos que someterán su popularidad al voto ciudadano son: Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Leopoldo Fernández (Pando), Manfred Reyes Villa (Cochabamba), Mario Cossío (Tarija), José Luis Paredes (La Paz), Mario Virreira Iporre (Potosí) y Alberto Aguilar (Oruro).
La consulta no incluye a la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, elegida por votación popular el pasado 29 de junio de 2008.
La ley que rige a los comicios este domingo expresa que en caso de una revocatoria del mandato del presidente y vicepresidente, se convocará a elecciones generales en un plazo comprendido entre 90 a 180 días, desde la emisión del cómputo oficial.
Para el caso de los prefectos revocados, la ley expresa que "cesarán en sus funciones, el cargo será declarado vacante y conforme dispone la Constitución Política del Estado, el presidente de la república designará al prefecto que ejercerá funciones hasta tanto se designe al nuevo prefecto como resultado del proceso eleccionario correspondiente".
