Un plan para reconvertir el lago natural más grande de la capital de Camboya en un predio residencial y comercial encendió una tormenta de protestas y advertencias de que podría causar el mayor desalojo de la posguerra.
Organizaciones no gubernamentales locales e internacionales temen que la reconversión del lago Boeung Kak pueda generar una nueva ola de desalojos y renovar la presión sobre comunidades involucradas en las ya existentes disputas por la tierra.
El inicio del proyecto tiene lugar previo a la reunión del 10 de septiembre de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que debatirá si extender o no el mandato de tres años de Yash Ghai, el representante especial del organismo en Camboya.
Grupos de la sociedad civil prevén plantear en la reunión el caso de Boeung Kak como evidencia del continuo problema de los desalojos forzados en Camboya.
Los rumores sobre la reconversión del lago, que circulan desde hace más de una década, fueron confirmados en febrero de 2007, cuando la Municipalidad de Phnom Penh firmó un contrato para arrendar el sitio por 99 años, a un costo de 79 millones de dólares, con una compañía llamada Shukaku Inc.
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Aunque poco conocida, esta firma ha sido vinculada por la prensa camboyana con Pheapimex, una gigante empresa de tierras que es propiedad del senador del partido gobernante Lau Meng Khin.
En medio de una fuerte presencia policial, los contratistas comenzaron a rellenar el lago con arena el 26 de agosto, preparándose para la construcción de un proyecto comercial y de viviendas de 133 hectáreas.
Según la Housing Rights Taskforce, una coalición de más de 20 organizaciones locales e internacionales por el derecho a la vivienda, se les dijo a los residentes que las tareas de relleno continuarán 18 horas al día hasta que se completen 80 hectáreas de las 90 que ocupa el lago.
Los residentes de Boeung Kak alegan que no fueron notificados sobre las obras y que han recibido pocos detalles sobre el proyecto y sobre lo que les ocurrirá a los afectados.
Chou Ngy, abogado de los residentes, dijo en una conferencia de prensa el 27 de agosto que el proyecto infringe varias leyes camboyanas.
Esto incluye el no haber difundido públicamente una evaluación de impacto ambiental y la falta de un procedimiento licitatorio que precediera al acuerdo.
Ngy dijo que los residentes actualmente se preparan para presentar una orden judicial para impedir que las tareas sigan adelante.
"Según la Ley de Tierras de 2001, el lago mismo debería ser tierra estatal inalienable, para que su propiedad no pueda ser transferida por más de 15 años, tiempo durante el cual la función (de la propiedad) no debe cambiar", estableció una declaración conjunta difundida la semana pasada por el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (Cohre) y Amnistía Internacional.
"Muchas de las familias tienen fuertes reclamos legales ante la tierra en el marco de la Ley de Tierras", señaló.
Las autoridades municipales dicen que alrededor de 600 familias serán afectadas, pero las organizaciones no gubernamentales sitúan el número en aproximadamente 4.250, esto es, unas 30.000 personas.
Los medios locales han informado que la municipalidad les dio tres opciones a los residentes: pueden mudarse a viviendas aprobadas por el gobierno en el noreste de la ciudad —que según las organizaciones no están completas—, recibir una suma de 8.500 dólares en compensación o esperar hasta que se hayan construido viviendas alternativas en torno al nuevo lago de Boeung Kak.
El valor del mercado para la tierra es de hasta 6.000 dólares por metro cuadrado. Bajo los términos de su arrendamiento, Shukaku paga aproximadamente 50 centavos por metro cuadrado al año.
"Estamos muy preocupados por lo que ocurrirá con nuestras casas y medios de sustento, y por la posibilidad de que tengamos que mudarnos", dijo Som Vanna, uno de los residentes afectados de Boeung Kak, en la conferencia de prensa del día 27 de agosto.
"Pedimos a la compañía que detenga el proceso de rellenado del lago y se reúna con la comunidad para discutir el asunto", agregó.
Touch Sophany se mudó a Boeung Kak en 1979 y se gana la vida cultivando campanillas alrededor del lago.
"Pienso que hablo por todas las familias cuando digo que es muy fácil vivir en el área de Boeung Kak. Incluso los pobres pueden ganarse la vida cazando caracoles en el lago. El agua está contaminada, pero esto se usa como excusa para obligar a la gente a irse en nombre del desarrollo", sostuvo.
"La oferta de compensación no es aceptable para el pueblo. Deberían pagarnos al valor del mercado", enfatizó.
Organizaciones no gubernamentales internacionales han criticado las obras planeadas.
"Si el gobierno desea desarrollar Boeung Kak, debería hacerlo mediante un proceso legal, con la participación de comunidades que viven alrededor del lago", dijo Dan Nicholson, coordinador de Cohre para Asia radicado en Phnom Penh.
También se expresan preocupaciones en torno al potencial impacto ambiental de rellenar el lago, que las organizaciones no gubernamentales sostienen es una reserva natural de agua de lluvia excedentaria durante la temporada monzónica.
Los funcionarios del Ministerio de Recursos Hídricos y Meteorología discrepan, y han dicho a los medios locales que no es un área de protección contra inundaciones. Un estudio de impacto ambiental realizado por la Municipalidad de Phnom Penh también apoyó la decisión de rellenar el lago.
La apropiación de tierras y los desalojos forzados son un tema importante en Camboya.
Los medios de Camboya están plagados de artículos sobre proyectos inmobiliarios y de infraestructura a gran escala, muchos de los cuales involucran la asignación de áreas significativas de tierras, a menudo como concesiones.
Dos significativos proyectos de construcción fueron anunciados sólo en el último mes.
Se trata del desarrollo de una isla del tamaño de Hong Kong en aguas de la meridional provincia de Sihanoukville y un proyecto residencial de 2.000 millones de dólares en el ex centro turístico colonial francés de Kep.
A las organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda les preocupa la situación de los habitantes de esas áreas, dada la reciente historia de desalojos forzados, a veces violentos, y muchos claramente ilegales, en Camboya. Estos se realizan sin que medie una consulta o compensación adecuada.
Tan serias fueron las protestas sobre este asunto que, en los meses previos a las elecciones del 27 de julio, el primer ministro Hun Sen intervino personalmente y amenazó con disolver la Autoridad Nacional para la Resolución de Disputas sobre Tierras, que muchos ven como un caso perdido por su falta de actividad.
Tras una pausa preelectoral en los desalojos, hay temores de que las comunidades actualmente involucradas en disputas por la tierra estén bajo renovada presión y que se produzca un aluvión de nuevos desalojos.
"Se espera que haya muchos más desalojos ", dio David Pred de la no gubernamental Bridges Across Borders, que administra una escuela en el área de Boeung Kak.
"Nos preocupa que puedan llevarse a cabo varios desalojos luego de las elecciones, y exigimos al gobierno respetar las leyes de Camboya y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", dijo Nicholson.
