La llamada «ley seca» para conductores de vehículos, aplaudida por reducir la mortalidad del tránsito brasileño en su primer mes de vigencia, está cambiando hábitos, pero enfrenta una oposición que intenta derogarla, por inconstitucional, o limitar sus efectos.
Las muertes por accidentes callejeros en la sureña São Paulo se redujeron 63 por ciento en las tres primeras semanas de aplicación de la ley, en comparación con las tres semanas anteriores, según el Instituto Médico Legal. En Brasilia, la caída de siniestros mortales fue de 20 por ciento en el primer mes, indicaron autoridades locales.
En los hospitales disminuyeron los heridos por choques automovilísticos y por violencia interpersonal que ha caído también, se supone, por el menor consumo de bebidas alcohólicas.
Resultados similares se registraron en grandes ciudades y carreteras brasileñas desde el 19 de junio, cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó la legislación que modifica el Código de Tránsito Brasileño, agravando los castigos contra los que conduzcan vehículos después de ingerir alcohol.
La multa de 957 reales (600 dólares) puede ser aplicada ante cualquier rastro de alcohol en la sangre o el hálito, por mínimo que sea, y los agravantes, como la presencia de más de 6 decigramos de alcohol por litro de sangre o la reincidencia, llevan a la incautación del vehículo, la suspensión del permiso de conducir por un año e incluso la prisión del infractor.
Esa "tolerancia cero" y las penas violan "los principios de razonabilidad y proporcionalidad" de una ley "inconstitucional", porque obliga a la gente a someterse a pruebas de alcoholemia, según Percival Maricato, director jurídico de la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes (Abrasel).
Un gran despliegue policial en las carreteras y ciudades sometió a miles de conductores al alcoholímetro, aparato para medir la cantidad de alcohol en el aliento de una persona, y a análisis de la sangre, para comprobar la ingestión de alcohol. De acuerdo con la Constitución, nadie puede ser obligado a producir pruebas contra sí mismo.
En base a ese derecho, algunas personas obtuvieron protección judicial que los exime de someterse al alcoholímetro o a otros exámenes clínicos.
Además, la norma viola otros derechos constitucionales, como el de libre tránsito, la libertad económica, la iniciativa privada y los derechos adquiridos de los comerciantes, según los argumentos con los que la Abrasel solicitó la declaración de inconstitucionalidad al Supremo Tribunal Federal.
La reducción de los accidentes no es resultado de la legislación, sino del "terrorismo" que se está practicando, al movilizar a tantos policiales colocando a este país en "medio toque de queda", dijo Maricato a IPS.
Pero la amplia cobertura noticiosa ha generado una opinión pública favorable a la "ley seca", basada en fuertes argumentos de defensa de la vida.
Se trata de combatir una "cultura de la muerte" que cuesta entre 34.000 y 36.000 vidas cada año en accidentes de tránsito, "involucrando bebidas alcohólicas en 70 por ciento de los casos", destacó a IPS Nazareno Affonso, coordinador del Movimiento Nacional por el Derecho al Transporte Público de Calidad para Todos (MDT).
"En Brasil el tránsito mata a 100 personas por día", más que las 60 diarias de la guerra de Iraq en su peor momento, comparó.
La idea de incorporar la "alcoholemia cero" en la legislación fue desarrollada en el Comité de Movilización por Salud, Paz y Seguridad en el Tránsito, coordinado por el Ministerio de Ciudades y con participación de distintas áreas públicas y de la sociedad.
El objetivo fue obtener un "impacto simbólico fuerte" para convencer a los brasileños de que "beber y conducir" son actividades incompatibles, explicó Affonso, quien logró una gran reducción de los accidentes automovilísticos cuando fue secretario de Transportes de Brasilia en los años 90.
Es necesario castigar como un delito "casi doloso" provocar un accidente de tránsito después de ingerir cantidades mínimas de alcohol, porque en Brasil "la ley no considera bebida alcohólica a la cerveza" y por eso su publicidad es libre, al contrario que en el caso del vino o el whisky, sostuvo.
El Comité estudia otras medidas para contener esta mortalidad que en Brasil compite con la violencia criminal, que mata cerca de 46.000 personas al año. Los blancos serán la velocidad excesiva, castigándola con más rigor y la consigna de que "correr mata", y las motocicletas, que proliferan y cuyos accidentes mortales son los que más aumentan, anunció Affonso.
La presión policial y las duras punas están impulsando nuevos hábitos entre los consumidores, y soluciones para los bares y restaurantes que perdieron entre 30 y 45 por ciento de sus ingresos, según la Abrasel.
Una alternativa es poner a disposición de los clientes medios de transporte o conductores para llevarlos en su propio auto a sus residencias. Los taxistas celebran un gran aumento de pasajeros en las noches.
La "ley seca" puede llevar a la ruina a buena parte del millón de empresas del sector de bares y restaurantes, que emplea a seis millones de trabajadores y aporta 2,4 por ciento del producto bruto interno del país, señala la Abrasel.
Además de autoritaria, la ley se basa en la "hipocresía", pues trata de delincuentes a "90 millones de brasileños" que beben en forma ocasional, y por eso tendrá corta vida, como ocurrió con un decreto que prohibió la venta de bebidas alcohólicas a lo largo de las carreteras, vaticinó Maricato.
Carlos Muller, un periodista que trabaja en una empresa estatal en Brasilia, donde vive hace 19 años, teme que la ley "pegue", es decir se consolide ante las noticias de sus resultados. Pero el grupo de amigos con los que se reunía los jueves para tomar vino y charlar aun busca alternativas al taxi para que el encuentro no tenga que ser sólo "virtual".
El taxi "no es solución" para Muller, porque vive a 20 kilómetros del centro de Brasilia y le costaría por lo menos cien reales (63 dólares) en transporte para no privarse de "un bello vino", comentó a IPS.
Su colega, Adelay Bonolo, abogado, también ve varios aspectos inconstitucionales en la "ley seca", pero prevé "mucha cautela" en la el Tribunal ante el apoyo y el "aparente éxito" que la drástica medida obtuvo hasta ahora. En agosto, con el fin de las vacaciones escolares, se podrán medir mejor los resultados, señaló.
Algunas exageraciones, como la "alcoholemia cero", podrían corregirse en la reglamentación de la ley, que deberá aprobar el Consejo Nacional del Tránsito, acotó. Los dulces con licor y hasta algunos medicamentos pueden introducir suficiente alcohol en la sangre para configurar delito, si se mantiene la tolerancia cero.
Los propietarios de bares y restaurantes también podrán reclamar indemnizaciones ante la justicia para hacer frente a las pérdidas sufridas, opinó Bonolo.
