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Un contenedor con más de 1.200 armas se desliza rumbo a un horno gigante. Minutos después, un fuerte olor a hierro fundido inunda el recinto ante la mirada de policías, fiscales y militares salvadoreños, que verifican la destrucción de revólveres, fusiles, escopetas y hasta un lanzacohetes.
La fundición del armamento en una fábrica de hierro ubicada unos 15 kilómetros al norte de San Salvador días atrás, es un intento de las autoridades salvadoreñas por cambiar las estadísticas oficiales sobre homicidios. Entre 2003 y 2007 se registraron más de 16.000 asesinatos y 80 de cada 100 de esos crímenes fueron cometidos con un arma de fuego.
La normativa sobre armas de fuego es "demasiado permisiva", lo cual ha contribuido a la proliferación de éstas y al incremento de los homicidios en los últimos años, han señalado en reiteradas ocasiones especialistas en esta problemática.
"Para disminuir los índices de criminalidad" se debe reformar drásticamente la ley para "no permitir que se porten armas de fuego" en espacios públicos, dijo Jaime Martínez, de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque admite que por razones "culturales" es difícil eliminar el derecho a la tenencia dentro de una vivienda o negocio.
Martínez explicó a IPS que al Poder Ejecutivo se le han presentado varias propuestas en las cuales se pide "prohibir el porte de armas", sin embargo, se continúa sin aplicar mayores restricciones.
"Al final queda claro que se debe a intereses económicos. Es evidente que en la Asamblea Legislativa (parlamento) hay personas ligadas a la provisión de servicios de seguridad privada, importación y comercialización de armas de fuego", a quienes les conviene este clima de inseguridad, "convirtiéndolo en un negocio" de varios dígitos, añadió el abogado de la CSJ.
La ley de Control y Regulación de armas, municiones, explosivos y artículos similares, de 1999 y luego reformada en 2002, concede a la Dirección de Logística del Ministerio de Defensa Nacional la facultad para aplicar la normativa y es la encargada de otorgar las matrículas y licencias para su uso, tenencia, conducción y portación, así como importación y comercialización.
También establece que todo salvadoreño o extranjero residente mayor de 18 años puede obtener una licencia de tenencia y uso de armas una vez que proporcione información personal y carezca de "antecedentes penales y policiales", además de someterse a una capacitación sobre la legislación respectiva, el uso responsable del arma y la aprobación de un examen psicológico.
Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que la tasa de homicidios entre 2002 y 2007 se disparó de 32 a 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina.
En El Salvador existen cerca de 400 agencias de seguridad privada, con unos 25.000 efectivos, mientras la PNC, única fuerza pública de seguridad, tiene sólo 16.000 miembros.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND), con datos de 2003 y publicados dos años más tarde, estimó que en este país circulan casi medio millón de armas, y que de ellas sólo 219.000 están debidamente registradas, según el Ministerio de Defensa.
"Somos una sociedad con demasiadas armas", reconoció a IPS el coronel René Arana, responsable de la destrucción del arsenal y jefe de la dirección de Logística del ministerio castrense. Indudablemente "son un buen negocio", resaltó Arana.
El militar opinó que, si bien la actual ley tiene "algunas restricciones" para obtener una licencia de "uso o portación de armas", ya es tiempo de hacerle "reformas" que permitan un mayor control sobre éstas y quiénes las portan.
El mayor problema "son las armas no registradas", porque con ellas se comete la mayoría de ilícitos reveló Arana, tras explicar que entre las armas destruidas al menos 38 estaban relacionadas a homicidios.
Por ley, una vez que la policía realiza un decomiso de un arma para, luego de iniciar el procedimiento judicial, es puesta en custodia del Ministerio de la Defensa, que entre el 2000 y 2007 ha destruido 27.525 armas, mientras que otras 20.000 esperan resoluciones del juez para determinar qué se hará con ellas.
Aun cuando la PNC decomisa un arma porque la persona no tiene licencia, la ley no le permite la facultad de iniciar algún tipo de sanción legal.
En tanto el PUND, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), la PNC y la alcaldía de Santa Ana, en el noroeste del país, lanzaron la campaña denominada "Menos armas, más vida".
Orlando Mena, alcalde de esa ciudad, con unos 270.000 habitantes, señaló que la veda de armas se implementará como proyecto piloto en julio y agosto para "rescatar espacios públicos", pero que luego podría convertirse en una prohibición indefinida.
La iniciativa es parte del proyecto del CNSP "municipios libres de armas" que ya "demostró" que ese tipo de restricciones han disminuido "hasta en 40 por ciento los homicidios", agregó Óscar Bonilla, presidente del Consejo.
Hace dos años, el CNSP y los municipios de San Martín e Ilopango", ubicados en el denominado gran San Salvador implementaron una medida similar, que logró reducir la cantidad de asesinatos en el área.
Según el estudio del PNUD titulado "Armas de fuego y violencia", las personas "que intentaron usar una para defenderse durante un asalto violento murieron en una relación 48 veces más que aquellos que no lo hicieron".
Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, considera que los vínculos entre algunos propietarios de empresas de seguridad con funcionarios estatales impide la aplicación de una normativa sobre armas que "contribuya a la disminución de los homicidios".
Y se pregunta: Si el proyecto municipios libres de armas ha tenido resultados positivos en cuanto a la reducción de homicidios, ¿por qué no se implementa en todo el territorio.
