Más de tres millones de colombianos afiliados al estatal Instituto de Seguros Sociales (ISS) pasarán este viernes, en medio de la incertidumbre, a ser atendidos por la Nueva Entidad Promotora de Salud (EPS).
El cambio puso al ministro de Protección Social, Diego Palacio, en un duro trance en el Senado, donde debió afrontar el cuestionamiento de legisladores de la oposición, quienes hicieron hincapié en lo que entienden son las pésimas condiciones del sistema de salud.
Palacio fue blanco esta semana de críticas de ineficiencia en su función por parte de senadores, que se agregaron a las acusaciones presentadas ante la justicia por la ex parlamentaria Yidis Medina, quien hoy están en la cárcel imputada de cohecho.
Medina denunció meses atrás que Palacio y el exministro del Interior y hoy embajador en Italia, Sabas Pretel, le ofrecieron una serie de beneficios a cambio de votar a favor del proyecto de ley que al aprobarse permitió en 2006 la reelección consecutiva del derechista presidente Álvaro Uribe. Cuando no cumplieron con la promesa, se decidió a hablar.
La investigación judicial a Palacio también incluye la presunta "falta de gestión y coherencia", señaló la senadora Cecilia López, del opositor Partido Liberal, en el debate parlamentario del martes por la noche. "Usted ha cometido pecados imperdonables", le imputó.
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López se refirió también al cierre del seguro social, del que fue directora en 1990 hasta su renuncia en 1992 por oponerse a la política económica neoliberal del entonces presidente César Gaviria, que llevaba a la privatización del área de salud.
El proceso de privatización de la salud comenzó en 1993, cuando Uribe impulsó desde su banca en el Senado la ley 100, que en su periplo de 15 años ha sufrido reformas.
Creado en 1946, el ISS se mantuvo en funcionamiento de forma paralela a la transformación del Sistema Nacional de Salud, en la que se autorizó el funcionamiento de instituciones privadas y se impuso la obligatoriedad del pago del seguro social a trabajadores asalariados e independientes.
Los usuarios pudieron optar, pero el sistema estatal se hizo cargo de las personas que obligan a un mayor gasto en salud ya sea por edad o por padecer enfermedades graves, debido a que "las firmas privadas impusieron sus normas", dijo a IPS Saúl Peña, presidente del sindicato de trabajadores del ISS.
Uribe anunció en enero la fusión del instituto con seis EPS, que aseguran una amplia cobertura en el país.
Pero esta medida se postergó en repetidas ocasiones, como consecuencia de la oposición de sindicalistas y médicos, pacientes ancianos y enfermos, además de pronunciamientos en contra por parte de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Influyó también la falta de acuerdo económico entre las EPS privadas y el gobierno Uribe.
Finalmente la medida entrará en vigencia este viernes. Aunque no se ha divulgado la cifra que otorgó el gobierno para la capitalización de la Nueva EPS, se conoció extraoficialmente que la asuma asciende a 353 millones de dólares, con desembolsos equivalentes de cinco cajas de compensación y accionistas de la naciente empresa.
Se trata de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio), Caja de Compensación Familiar (Cafam), Compensar, Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Confandi) y la Caja de Compensación Familiar de la Federación Nacional de Comerciantes (Comfenalco).
"Llamarla Nueva no es suficiente. Se necesita un cambio estructural que nos evite la desprotección social", sostuvo Peña. Hace falta un cambio que evite el alto número de acciones jurídicas que se presentan a diario en busca de atención eficiente, agregó.
La figura más usual para esos casos de falta de atención es la llamada Acción de Tutela, incluida en la Constitución, "como recurso para defenderse de atropellos y obtener pronta justicia".
Sólo en Bogotá, las demandas pasaron de 1.793 en 2004 a 4.263 en 2006, según datos de la gubernamental Contraloría Distrital.
"El servicio es un atropello", sentencia ante IPS Martha Gómez. "Tenía cita con un médico que me ha visto varias veces, pero sin ninguna razón me atendió una doctora que ni siquiera gastó tiempo en revisarme el pie dañado".
"Cuando se lo dije, me respondió que me podía quejar en la administración de la EPS o en la Superintendencia de Salud. ¿Qué con eso? ¿Cuántas quejas se ponen cada día y no pasa nada?", cuestionó Gómez enfática.
Los pronunciamientos de rechazo incluyen tiempo excesivo para lograr una cita. "Esta la pedí por teléfono. Me gasté 18 minutos para que me respondiera un funcionario que lo único que hizo fue remitirme a otro número en el que me atenderían", dijo Marín.
Las citas con especialistas demoran entre 20 y 30 días, aunque hay denuncias de espera hasta por dos meses. Y, lo que es peor, personas que no logran atención por negligencia y desorden administrativo.
"Muchos casos se presentan en este sentido", dijo a IPS Marta Bejarano de la no gubernamental Salud al Derecho. "Recuerdo ahora el caso de un obrero que sufrió un accidente con una máquina. Dos días antes acudió a la cita médica de control, en donde todo estuvo bien, pero al momento del accidente le dijeron que no aparecía en el sistema", precisó.
"Para que lo atendieran tuvo que firmar un pagaré por 1,8 millones de pesos (poco más de 1.000 dólares). Luego tenía que seguir unas terapias, pero al no poder solucionar el problema, que pertenecía realmente a la EPS, se quedó con la deuda, sin la asistencia y menos movilidad en sus manos", continuó Bejarano.
La suma de situaciones, denuncias y tutelas, profundizan el escepticismo frente a la atención que prestará la Nueva EPS, que se anuncia con mensajes publicitarios en todos los medios de comunicación.
Pero la realidad pesa más. Este mes comenzó la obligatoriedad del pago de salud y pensión en la llamada Planilla Única de Liquidación de Aportes (PILA) para los trabajadores independientes o no asalariados.
Esta consiste en pagar de manera simultánea 16 por ciento de los ingresos como abono a pensión, y 12,5 por ciento para atención en salud.
Al alto costo se suma la inoperancia del sistema: cada trabajador debe comunicarse por teléfono con una central que recibe los datos personales y le asigna la planilla única para ser cancelada en un banco en donde el usuario debe tener una cuenta, sumando al costo en promedio un dólar y medio por la transacción.
"A los bancos drácula", dijo Peña. "Por eso a la PILA la estamos llamando pago imposible de liquidar por el afiliado".
De hecho las EPS denunciaron que durante los primeros 15 días de julio dejaron de percibir 254 millones de dólares, y según datos del sindicalista el 40 por ciento de los trabajadores se aburrieron del sistema, por la cantidad de tiempo que requiere la inoperancia, y la obligatoriedad del pago en porcentajes tan altos y "sin esperanzas".
Ante las graves dificultades que expresaron los usuarios este mes, el ministro Palacio informó que también se podrá pagar en agosto.
Pero el sindicalista Peña está convencido de que "al ministro nadie le hace caso, y menos los bancos a los que les interesa ganar. Pero, además, porque si para un trabajador es difícil asumir el pago de un mes, más difícil será asumir dos consecutivos", sostuvo.
En esta situación, la expectativa se mantiene por el inicio de la atención en la Nueva EPS y el debate que contra la gestión de Palacio continuará en el Congreso la próxima semana.
