Myrna no está segura de votar este domingo en la consulta sobre el futuro petrolero en México convocada por el gobierno izquierdista del distrito capitalino. «Me interesa ir porque es un tema que nos compete a todos, pero dudo si el resultado tendrá alguna influencia», comentó a IPS esta estudiante universitaria.
La administración del alcalde Marcelo Ebrard, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), prepara el ejercicio de opinión, de carácter no vinculante, sobre la participación privada en actividades fundamentales de la industria petrolera, como refinación y transporte, y la iniciativa de reforma de la firma estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), enviada por el gobierno nacional en abril al Senado.
La consulta, que costará unos 300.000 dólares, consta de dos preguntas referidas al apoyo o rechazo al proyecto del presidente conservador Felipe Calderón, quien sugiere cambios a cinco leyes relacionadas con Pemex.
"El debate es si se privatiza o no (Pemex), si los ingresos petroleros se usan de una forma u otra, pero no está en el debate el tema de la sustentabilidad", señaló a IPS el ambientalista Enrique Leff.
El acto de consulta se repetirá este domingo en 10 estados, mientras que se prevé completar en el resto de los distritos del país el 10 y el 24 de agosto. El gobierno capitalino imprimió para esta ocasión 12 millones de boletas y planifica instalar 5.000 urnas para votar.
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Legisladores y gobernadores estaduales del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) y del opositor e histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI) objetan la consulta.
Desde esas dos tiendas políticas se señalan problemas jurídicos para llevarla a cabo, pues no está establecida por la Constitución, además de apuntar dificultades para formular preguntas sobre una reforma que incluye muchas aristas, varias de ellas vinculadas a la tecnología.
El gobierno sostiene que sus propuestas apuntan a dotar a Pemex de autonomía de gestión y de un perfil que lo acerque más al funcionamiento de una empresa que de un ministerio, como sucede hoy.
Según el discurso oficial, el proyecto pretende dotar a Pemex de flexibilidad para negociar contratos con particulares y realizar todo tipo de compras, ámbitos en los que ahora afronta engorrosos pasos administrativos.
Pero la izquierda y numerosos expertos sostienen que es una propuesta privatizadora y carente de transparencia, que debe ser rechazada, mientras el oficialismo y otra porción de especialistas afirman lo contrario. Las reformas no incluyen modificar la Constitución, que establece la propiedad estatal del petróleo.
"La consulta sobre la reforma energética es positiva porque alienta el interés y la participación ciudadana en un tema vital para el país, porque llama la atención sobre carencias bien serias de nuestra maltratada democracia, y porque es un antídoto útil para el combate a la polarización", escribió esta semana el analista Sergio Aguayo en las páginas del diario capitalino Reforma.
Luego de 21 foros de discusión sobre el contenido de la iniciativa gubernamental escenificados en el Senado entre mayo y julio, las fracciones políticas representadas en la cámara alta empezaron el proceso de debate y acordaron, por lo pronto, emitir un dictamen consensuado para aprobar una reforma de Pemex en septiembre próximo.
Desde que asumió el control de la administración capitalina en 1997, el PRD se ha vuelto proclive a este tipo de consultas, como ejercicio de la democracia participativa.
En enero de 2002, el entonces alcalde Andrés López Obrador llevó a cabo una encuesta telefónica para determinar si la población estaba de acuerdo con la construcción de segundos pisos en una de las principales arterias capitalinas, obras que se finalizó en mayo de 2006.
En diciembre de 2004, López Obrador, quien perdió las elecciones nacionales de julio de 2006 por un margen menor a uno por ciento de los votos frente a Calderón, recurrió de nuevo a la opinión ciudadana, al preguntar si permanecía a la cabeza del gobierno citadino o abandonaba para competir por la presidencia de México.
La última consulta data de julio de 2007, cuando el gobierno de la ciudad de México convocó a votar sobre proyectos ecológicos a desarrollar en la metrópoli.
La llamada ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, vigente desde 1995, incluye 11 mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la consulta ciudadana.
Un comité ciudadano supervisará el desarrollo de la consulta, que es vista como una medida de presión para que los senadores no aprueben el proyecto oficial. Ebrard adelantó que enviará los resultados al parlamento.
Instituciones académicas han levantado su propia medición. El estatal Instituto Politécnico Nacional creó una página electrónica para preguntar sobre la iniciativa gubernamental. De 3.453 votos emitidos, 89 por ciento manifestó su oposición a ese plan y 10 por ciento lo defendió.
Una encuesta de la consultora Ipsos divulgada el jueves indicó que 40 por ciento de los consultados votaría este domingo a favor de la propuesta presidencial, 34 por ciento lo haría en contra y el 26 por ciento restante se manifestó indeciso. Además, 52 por ciento de los entrevistados respondió que piensa concurrir a las urnas.
Hasta la Iglesia Católica se ha pronunciado sobre el asunto en un documento titulado "El petróleo para una vida digna de México".
En ese texto, la Conferencia Episcopal dijo que "las consultas serán útiles en la medida en que no se politicen, que se propongan por encima de intereses de grupo o partido, que sean precedidas por información previa y suficiente a la ciudadanía y que se realicen con la coordinación de una instancia que tenga autoridad moral y asegure la transparencia y la imparcialidad de los resultados".
Leff planteó "abrir un debate realmente público, abrir la mente y la palabra".
"La consulta tiene omisiones, apresuramientos y contradicciones. Es igualmente posible que sus resultados sean minimizados e ignorados por quienes van a tomar las decisiones", previno Aguayo.
