El presidente de Perú, Alan García, atribuyó a la «guerra de las empresas de los países petroleros contra los pueblos», que el crecimiento de la economía peruana no beneficie a la población más pobre de este país y que se haya elevado el costo de los alimentos.
En su discurso ante el Congreso legislativo al iniciarse el tercer año de su mandato, García aceptó que se cometieron algunos errores en su administración, y prometió más énfasis en la lucha contra la pobreza y la inflación y a favor del empleo.
Pocas semanas después de haber soportado episodios de protesta y violencia social, el presidente no mencionó sin embargo medidas concretas para estos frentes.
La inflación, que fue de siete por ciento entre junio de 2007 y el mismo mes de este año, "es una de las más bajas en el continente", dijo García, aunque no aclaró que en las provincias la suba de precios llega hasta 15 por ciento.
El mandatario dedicó la mayor parte de su alocución, de una hora y cuarenta y cinco minutos, a describir las grandes obras de su gobierno. Por ejemplo: en 2006, seis millones de peruanos contaban con un teléfono móvil, y este año ese servicio llega a 18,5 millones de personas. Además, en el último año se instalaron 700.000 nuevas líneas de telefonía fija.
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García también resaltó el notable incremento de lo recaudado a través del canon minero, un impuesto a las empresas del sector que el Poder Ejecutivo transfiere a los gobiernos regionales y locales con fines de inversión social. En 2006, el monto transferido fue equivalente a 607 millones de dólares y este año se llegará a 1.845 millones de dólares.
Este aumento, de más de 300 por ciento, obedece a los boyantes precios internacionales de materias primas como los metales.
Entre 2004 y 2007, los recursos del canon se multiplicaron por 10, pero su distribución, destinada primordialmente a las zonas mineras, generó desigualdad entre las regiones.
Este impuesto se reparte, en distintas proporciones, entre el sitio donde se ubica la explotación minera y los gobiernos local, provincial y regional a los que corresponde, lo que lleva a que zonas muy pobres, aledañas a ciertas minas, pero pertenecientes a otro distrito, reciban poco o nada del canon.
Esa fórmula de distribución lleva a que 61 por ciento del canon se transfiera a sólo cinco regiones —Áncash, Tacna, Cusco, Cajamarca y Moquegua—, mientras apenas 5,45 por ciento va a las de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno y Huanuco, donde la pobreza afecta a entre 64 y 85 por ciento de los habitantes.
García no mencionó qué mecanismo aplicará para modificar esta forma de distribución, que es una fuente de permanente de conflictos sociales, como los que estallaron en las regiones de Moquegua y Madre de Dios en los últimos tiempos.
Desde enero hasta junio de este año se registraron 132 conflictos sociales, 65 por ciento de ellos activos y 32 por ciento latentes, afirma el último informe de la Defensoría del Pueblo (ombudsman). "Ninguno ha sido resuelto durante el mes", afirma el reporte.
En el mismo periodo, se llevaron a cabo 53 acciones de protesta social, con una tendencia ascendente. Los funcionarios de la Defensoría han tenido que intervenir como mediadores en 78 oportunidades para evitar la confrontación violenta entre manifestantes y la fuerza pública.
Entre junio de 2007 y el mismo mes de este año, los conflictos sociales se elevaron en casi 57 por ciento, de acuerdo con la Defensoría.
"Anuncio que en este tercer año, luego de un gran impulso material, nos proponemos profundizar la redistribución, aumentando los recursos de la lucha contra la extrema pobreza y el número de sus beneficiarios", dijo García.
"Si el Perú avanza, que los pobres avancen más", agregó.
En 2006, 57.000 hogares eran beneficiarios del programa Juntos, que suministra a las madres de familias pobres una ayuda mensual equivalente ahora a casi 36 dólares, a cambio de que se destine a alimentar a los hijos, enviarlos a la escuela y asegurarles atención médica.
Hoy, ese programa abarca a 600.000 familias en 811 distritos más pobres del país. Este año, el Estado desembolsará 232 millones de dólares para solventarlo.
Pero el mandatario no "ha dicho nada sobre el impuesto a las sobreganancias mineras, el aumento de los salarios, los sueldos y las pensiones, y tampoco se refirió a las medidas concretas para enfrentar el alza del costo de vida", dijo a IPS el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, que encabezó el 9 de este mes la mayor manifestación de protesta contra el gobierno: una huelga nacional de 24 horas. En opinión de Huamán, "quiere decir que no ha previsto enfrentar la inflación, en consecuencia el precio de los alimentos seguirá en aumento, lo que afectará especialmente a los pobres".
Una encuesta publicada por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica asevera que 62 por ciento de los consultados desaprobaron la gestión del jefe de Estado, y 31 por ciento le dieron su visto bueno.
En los sectores D y E —los más pobres de la muestra—, la desaprobación trepó a 79 por ciento, mientras sólo 15 por ciento se manifestaron favorables a la gestión presidencial. Además, 43 por ciento de los encuestados en esta franja social atribuyeron su rechazo al alza de precios.
"No creo que el mensaje presidencial tenga un impacto en ningún sentido, dado que el ciudadano promedio no lo escucha", explicó a IPS el director del Instituto de Opinión Pública, Fernando Tuesta.
Ese discurso "sólo concentra interés entre los medios de comunicación, los políticos y otros entendidos. Ante la opinión pública, no favorecerá a García y tampoco creo que ellos lo esperaran, sobre todo cuando se trata de un discurso de esta naturaleza, largo y con una serie de detalles que al ciudadano común y corriente no le interesan", sentenció.
Para el legislador Jhony Peralta, del gobernante Partido Aprista Peruano y titular de la Comisión de Economía, "el presidente ha reconocido la repercusión de la inflación en los hogares peruanos y ha planteado frenarla pero sin medidas bruscas o improvisadas".
"El mandatario ha ratificado su compromiso de que para el final de su gobierno reducirá la pobreza a 30 por ciento, lo que implica sin duda alguna que controlará la inflación. Una medida efectiva será promover la producción agrícola nacional para no depender de las exportaciones de alimentos, que son los que impulsan la inflación", dijo Peralta a IPS.
García sorprendió al manifestar que hay otro tipo de reformas que deberían emprender los ciudadanos.
"Hay una reforma del alma que cada peruano puede impulsar", dijo. "Que la evasión de impuestos no se convierta en astucia, y tampoco que se permita el racismo porque eso ofende y detiene el avance de la patria. Eso no nace de la ley sino de cada uno", añadió.
Pero el presidente no mencionó ninguna medida para combatir la corrupción. Un año atrás, había anunciado la creación de de la Oficina Nacional Anticorrupción, a cargo de la respetada jueza Carolina Lizárraga, quien renunció unos días atrás, dejando la repartición acéfala.
"No sólo hubo un gran vacío respecto a las medidas que se van a tomar para controlar la inflación, lo que también llamó la atención es la absoluta ausencia del tema de la lucha contra la corrupción a pesar de los episodios que se han registrado", señaló el legislador opositor Víctor Andrés García Belaúnde.
Tampoco hubo espacio en el mensaje presidencial para la inversión de más de 500 millones de dólares que acaba de decidir el Poder Ejecutivo, destinada a modernizar el equipamiento bélico. "El Perú cuenta con un sistema de defensa de alta capacidad disuasiva que garantiza su soberanía", fue todo lo que dijo el mandatario.
