El preámbulo de una nueva ley de medios aprobada por la Cámara de Representantes de Etiopía asegura eliminar todos los «impedimentos» para el funcionamiento de la prensa. Per periodistas señalan que en realidad despeja el camino para que el gobierno persiga al mensajero cuando el mensaje no va en línea con sus caprichos.
La "Proclama de medios masivos y libertad de información", que dice actualizar y reformar la primera ley de prensa de la historia de Etiopía, que data de 1992, ha sido fuente de controversia desde sus inicios, en 2002.
En incontables reuniones con el Ministerio de Información —que regula a los medios de comunicación del país—, activistas nacionales e internacionales ejercieron presión en vano para que se revisara el boceto a fin de hacerlo compatible con las normas y convenciones internacionales sobre libertad de prensa.
Parece seguro que la versión adoptada por el parlamento la semana pasada restringirá más la libertad de expresión e intimidará a los periodistas.
"Hemos llegado a comprender que la proclama es incompatible con la Constitución (etíope) y con otras leyes, convenciones y acuerdos internacionales sobre derechos humanos. Es un cambio total y una profanación de las victorias conseguidas por la revocada ley de prensa" de 2004, señaló una resolución aprobada el 2 de este mes en el final de un taller de profesionales de los medios patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Adis Abeba, organizada por el Instituto de Prensa del Cuerno de África (HAPI, por sus siglas en inglés).
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El taller revisó la nueva legislación y exigió "una reevaluación de todas las disposiciones de la ley", dado que impone "restricciones sustanciales con una pesada carga y obligaciones" a los periodistas.
Uno de los aspectos más perturbadores de la nueva ley es que el gobierno se apropió del derecho a juzgar casos de difamación contra los medios aunque los funcionarios gubernamentales ostensiblemente difamados no inicien acciones legales.
El artículo 43 (7) de la proclama dice que la difamación y las falsas acusaciones contra "legisladores ejecutivos y magistrados constitucionalmente mandatados, será un asunto del gobierno y juzgable aunque la persona contra la que fueron cometidos elija no presentar cargos".
Esta disposición anula la ley penal de 2004 que había establecido que los casos de difamación irían a tribunales sólo cuando las víctimas presentaran demandas. También, la compensación por daños morales causados por los medios de comunicación aumentó un poco más de 10.000 dólares.
Los periodistas que asistían al taller también destacaron que muchas medidas restrictivas ya habían sido incorporadas a otras leyes durante el debate de seis años sobre este proyecto.
Por ejemplo, el Código Penal del país, que entró en vigor en 2005, incluye disposiciones penales por "participación en delitos por parte de los medios masivos".
En otro ejemplo, el papel y las responsabilidades del Ministerio de Información fueron redefinidos en 2007 para dar al gobierno poderes arbitrarios para usar procedimientos de registro y emisión de licencias como castigo para el disenso. También se habilitó al gobierno a interrumpir la distribución de un periódico si el fiscal general estima que un elemento noticioso puede ser un acto criminal.
Y en un país donde la mayoría de los periódicos establecidos, las radios y los canales de televisión son propiedad del gobierno, la nueva ley debilita el crecimiento del sector privado independiente poniendo su destino en manos del Ministerio de Información.
"Comprendemos que la autoridad regulatoria en sí misma está involucrada en los medios y en la elaboración de noticias y no tiene libertad institucional", observó la resolución del taller.
PERIODISTAS PROHIBIDOS
La nueva ley se enmarca en un patrón de persecución oficial de periodistas, algo común en los últimos tres años.
Poco después de las controvertidas elecciones de 2005, tres periódicos y revistas pertenecientes a la mayor editorial privada del país, Serkalem Publishing House, fueron clausurados como parte de una amplia ofensiva contra los medios que se atrevieron a criticar el manejo de los comicios. Serkalem Fasil y su familia fueron encarcelados por aproximadamente un año.
Otras 10 publicaciones independientes también fueron obligadas a cerrar, dejando a cientos de periodistas desempleados.
En lo que va del año, el gobierno sacó de circulación a otras dos revistas, usando leyes contra la alteración del orden público. Una de ellas, la revista de modas Enku, no sólo fue confiscada, sino que su subeditor, Aleymayehu Mahtemwork, y tres colegas pasaron cuatro días en prisión por cubrir el juicio de una popular estrella de la música cuyas canciones indignaron al gobierno. Aunque fue liberado, la demanda contra él sigue pendiente y su revista todavía no volvió a salir.
Fasil recordó la historia reciente de persecución de medios por parte del Estado y explicó la apatía de la comunidad internacional.
"En buena medida para total sorpresa del público etíope, la comunidad internacional se encogió de hombros y siguió adelante, tal vez destrozando la causa democrática en Etiopía por considerarla superflua, a la luz del peligro que se percibía planteaban extremistas islámicos en el Cuerno de África. Cada uno de esos documentos todavía está cerrado, y casi todos los periodistas que trabajaban para ellos están o bien exiliados o bien desempleados hasta ahora", expresó.
Fasil dijo a IPS que pocos meses después de quedarse sin trabajo se postuló a nuevas licencias de prensa, tal como está prescrito por la Ley de Prensa y la Constitución.
"Y aunque el Ministerio de Información nos aseguró que habíamos cumplido todos los requisitos legales y que nos corresponden las licencias por ley, nos aconsejaron que planteáramos el tema en la oficina del primer ministro, que había intercedido extrajudicialmente para bloquear las postulaciones. Diez meses después, todavía estamos esperando pacientemente que se aplique el régimen de derecho", relató.
"Las disposiciones de leyes mejores son deseables, pero prácticamente no importarán si no son vinculantes, y podrían ser derogadas a voluntad por funcionarios del gobierno, como fue claramente establecido en nuestro caso", señaló.
Hay señales de que el gobierno intenta ampliar el alcance de su ataque contra los derechos de las personas. La actual sesión del parlamento también se está dedicando a un proyecto de ley para regular las organizaciones de la sociedad civil. Parece que los periodistas prohibidos pronto tendrán más aliados con los que compartir su adversidad y a los que unirse en su lucha.
