Siete mil condenados a muerte en Pakistán podrían beneficiarse de una propuesta del primer ministro Yousuf Raza Gillani de conmutar el máximo castigo por el de cadena perpetua, en honor a la ex primera ministra Benazir Bhutto, asesinada el año pasado.
El gabinete aprobó el 3 de este mes la idea, que había sido anunciada al parlamento con motivo del 55 natalicio de Bhutto, el 21 junio.
La ex primera ministra (1988-1990 y 1993-1996) murió víctima de un atentado el 27 de diciembre de 2007. Su Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) llegó al poder el 18 de febrero de este año.
Se espera que el indulto beneficie a la mayoría de los presos del pabellón de la muerte, salvo a los acusados de terrorismo e intento de asesinato al presidente, dijo a IPS el director de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, L. A. Rehman.
El visto bueno definitivo a la iniciativa, la mayor en tiempos modernos, está en manos del presidente Pervez Musharraf.
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"Hay indicios de que el mandatario aprobará la propuesta", señaló Rehman, quien citó una muy buena fuente confidencial.
Tras el anuncio del primer ministro, tanto la Comisión de Derechos Humanos como la organización Amnistía Internacional, con sede en Londres, presionaron a Pakistán para que declare una moratoria sobre las ejecuciones.
En los primeros cinco meses de este año hubo en promedio una ejecución semanal, según el periódico Ureports.
El año pasado, 135 personas fueron ejecutadas en este país, que se ubica en el cuarto lugar de la lista de 25 estados registrados por Amnistía.
El "primer paso" debe ser declarar una moratoria, remarcó Rehman.
"Este gobierno puede al menos asegurar que no haya ejecuciones durante su mandato con la firma de la moratoria de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)", dijo a IPS Ali Dayan Hassan, investigador de la organización Human Rights Watch (HRW) en Pakistán.
Cuatro días antes de la propuesta del primer ministro, HRW envió una carta abierta a Gillani pidiendo que Islamabad declarara una moratoria como paso previo a una derogación de la pena capital.
La organización con sede en Nueva York también pidió la disminución del número de delitos punibles con la muerte. Actualmente son 26, y van desde asesinato hasta relaciones sexuales consensuadas fuera del matrimonio.
"Por supuesto, hay que resolver muchos problemas antes de que eso pueda concretarse", reconoció Rehman. "En un país conservador, brutalizado por sucesivos regímenes militares, y hay oposición a la medida", añadió.
Partidos religiosos como Jamiat-Ulema-e-Islam ya expresaron su desacuerdo con la iniciativa. Días después de conocida, algunos clérigos la criticaron en una declaración conjunta.
Desde hace tiempo, organizaciones de derechos humanos y activistas abogan por una amnistía para los condenados a muerte en Pakistán, alegando que muchas de las sentencias pueden estar equivocadas.
La tortura como método para extraer confesiones a los detenidos es "endémica", denunció HRW en una carta abierta.
En ese sentido, el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán mencionó el caso de Maqsood Kalia, detenido en Lahore en 1989 por un delito menor. Luego, la policía lo acusó de asesinar a un comerciante, lo torturó hasta obtener su confesión e incluso encontró testigos, dijo a IPS.
Kalia fue acusado de asesinato, a pesar de que fue tan duramente golpeado que apenas pudo mantenerse de pie durante el juicio, indicó Arif.
Posteriormente, dos sospechosos, detenidos por otro delito, confesaron ser responsables de ese asesinato. Pero el Alto Tribunal se negó a reabrir el caso o a admitir nuevas pruebas, pese a que el jefe de policía de la oriental ciudad de Lahore confirmó la inocencia de Kalia, quien fue colgado en marzo de 1998.
"Hay muchos más casos como ese, pero en la mayoría de ellos no es tan fácil establecer de forma tan clara la inocencia" del acusado, apuntó Arif.
Otro sonado caso que concentró la atención de organizaciones de derechos humanos fue el de Zahid Masih, conserje en un edificio del ejército, analfabeto, ahorcado en una prisión de Peshawar, capital de la Provincia de la Frontera Noroccidental, el 12 de marzo.
Masih fue detenido junto a otras tres personas por el asesinato del hijo de un oficial del ejército en 2005. Los investigadores militares declararon la inocencia de los otros (todos musulmanes) y un tribunal castrense lo condenó a muerte.
"Masih habría sido torturado 28 días, en los cuales hizo una serie de confesiones. También señaló que algunos oficiales del ejército y sus subordinados lo convencieron de que si confesaba sería absuelto", informó HRW.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que la mayoría de los condenados a muerte en Pakistán son demasiado pobres para pagar una defensa legal adecuada.
"Los sentenciados a la pena capital suelen ser los más pobres", dijo a IPS el abogado Faisal Siddiqi, quien defiende detenidos en la prisión central de Karachi.
"En los casos de pena de muerte, la falta de un abogado efectivo parece ser la diferencia entre la confirmación del máximo castigo o no", indicó Siddiqi.
La familia Bhutto ha estado muy vinculada a las iniciativas tendientes a abolir la pena capital desde la independencia de Pakistán en 1947.
En diciembre de 1988, una de las primeras medidas de Benazir Bhutto tras ser elegida primera ministra fue conmutar la pena de los condenados a muerte. Entonces había varios cientos de presos sentenciados a la máxima pena.
En 1970, el gobierno de su padre, Zulfikar Ali Bhutto, aumentó la cantidad mínima de años de la cadena perpetua, de 14 a 25, con la idea de abolir en algún momento la pena de muerte.
Zulfikar Ali Bhutto fue destituido por el general Zia ul-Haq en un golpe militar en 1977.
Zia mantuvo la pena capital y dos años después firmó la "orden negra" de Zulfikar. Su ejecución fue considerada como un "asesinato judicial".
La propuesta de Gillani renovó las esperanzas de los indios de que su compatriota Sarabjit Singh, sentenciado a muerte por terrorismo en este país, regrese a India.
