La oposición de la mayoría de los legisladores de Nigeria, azuzada desde el público por una mezcla de inseguridad ante la delincuencia, preconceptos religiosos y cierto nacionalismo, aleja la perspectiva de que la pena de muerte sea abolida en el mediano plazo.
Una apabullante mayoría, integrada por parlamentarios de todos los partidos y procedentes tanto del norte musulmán como del sur cristiano, impidió que una propuesta de tres diputados oficialistas tendiente a la abolición completara el proceso de debate parlamentario.
El proyecto, rechazado en una discusión que terminó en medio de una intensa gritería, habría conmutado todas las condenas a muerte por cadena perpetua y eliminado el asalto a mano armada de la lista de delitos punibles con la pena capital.
La iniciativa habría acabado con la incertidumbre de cientos de presos condenados a muerte y la amenaza que pende sobre varios miles de personas que aguardan ser juzgadas, algunas de ellas desde hace muchos años, por delitos capitales.
Activistas de derechos humanos manifestaron sorpresa por el grado de oposición al proyecto manifestado por los legisladores, en particular representantes de la población cristiana.
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"Lo que queremos es que nadie mate a nadie por ninguna razón, aunque alguien confiese un crimen", dijo Friday Itulah, principal patrocinador del proyecto, cuando abrió el debate sobre el mismo.
Sus palabras fueron interrumpidas por el furibundo "¡no!", que corearon legisladores opuestos a la iniciativa.
Desde ese momento, estuvo claro que el primer desafío parlamentario a la pena de muerte en la historia de Nigeria estaba condenado al fracaso.
Itulah argumentó que la pena capital se había vuelto inútil, al no cumplir con los tres objetivos de toda ley penal: rehabilitación, castigo y disuasión.
El parlamentario fue apoyado en su iniciativa por otros dos miembros del gobernante Partido Democrático del Pueblo (PDP), Samson Osagie y Patrick Ikhariale. Los tres copatrocinadores proceden del meridional estado de Edo.
Liderando el ataque contra el proyecto estuvo Sada Soli, también del PDP pero del septentrional estado de Katsina, predominantemente musulmán. Los activistas habían pronosticado que en los estados musulmanes, en algunos de los cuales rige la shariá (ley islámica), habría intensa oposición al proyecto.
"La abolición es un asunto serio. La ley debería seguir su curso natural. Cualquiera que tome la vida de otro no se merece conservar la suya", sostuvo.
Soli condenó la "interferencia" interna para presionar a Nigeria para abolir la pena capital.
Entre quienes escuchaban sus comentarios figuraban representantes de organizaciones no gubernamentales, incluida Amnistía Internacional, con sede en Londres.
En un pasaje del debate, Osagay preguntó, retóricamente: "Si alguien comete un crimen punible con la pena capital, ¿debe la sociedad convertirse en asesina?" La respuesta, coreada por la gran mayoría de los legisladores, no fue la que él esperaba: "¡Sí!"
El proyecto fue finalmente rechazado. Cuando el presidente del parlamento preguntó a los legisladores si querían que así fuera, la mayoría gritó "¡Sí!".
La investigadora principal de Amnistía en Nigeria, Aster Van Kregten, aseguró en Lagos el día 15 que la mayoría de los condenados a muerte no reciben un juicio justo.
Van Kregten aseguró que en las cárceles nigerianas había en febrero pasado 736 condenados a muerte, de los cuales 11 son mujeres. "Algunos han estado 15 años presos esperando la ejecución", indicó.
El gobierno de Nigeria asegura haber observado una moratoria extraoficial de ejecuciones desde 1999. Pero Amnistía afirma haber constatado algunas en los últimos dos años en el septentrional estado de Kano.
Amnistía informó que las órdenes de ejecución fueron firmadas por el gobernador del estado, Malam Ibrahim Shekarau.
La no gubernamental Organización de Libertades Civiles, dijo a IPS que era posible que también se hubieran realizado ejecuciones secretas en el sudoriental estado de Enugu.
El presidente de la Conferencia de Partidos Políticos Nigerianos, Olapade Agoro, dijo que era demasiado pronto para que Nigeria aboliera la pena de muerte.
Los legisladores deberían dedicarse a buscar soluciones para acabar con la delincuencia —reducir el desempleo y elevar el nivel educativo—, en lugar de dar "alivio para los asesinos".
"Lo más importante es que esta idea está copiada de Gran Bretaña, y es ridícula. Debemos aprender a desarrollar nuestras propias ideas", declaró.
El secretario de publicidad nacional de la organización sociocultural nigeriana Afenifere, Yinka Odumakin, agregó que habría sido poco sabio para Nigeria abolir la pena capital, dada su elevada criminalidad.
"Pero la abolición podría ser considerada en el futuro cuando el país se ilumine y la población genere riqueza", dijo.
Los abolicionistas de la sociedad civil deberían haber estado más activos antes de la votación parlamentaria, dijo a IPS Olawale Fapohunda, de la organización de derechos humanos Consorcio de Recursos Legales.
Pero cualquier campaña se vio frustrada por falta de recursos, explicó.
Demian Ugwu, de la Organización de Libertades Civiles, coincidió en que la percepción de una elevada criminalidad influyó para que los parlamentarios rechazaran el proyecto.
"Pero para nosotros, en la sociedad civil, no es un asunto de seguridad sino un asunto social", señaló.
Amnistía expresó su decepción, sugiriendo que los parlamentarios parecieron ignorar todos sus informes sobre la situación en materia de derechos humanos de quienes esperan ser ejecutados en Nigeria.
Muchos condenados a muerte no recibieron un juicio justo, porque no se les reconoció el derecho a la representación legal o a la apelación, dijo a IPS Ausphus Guesto, investigadora de Amnistía.
En 2007, los tribunales nigerianos aprobaron por lo menos 20 sentencias de muerte, según la organización.
