Tres legisladores de Nigeria decidieron poner fin a años de inercia política respecto de la pena capital, al convocar un debate parlamentario que deberá culminar con la votación de su proyecto para abolir este castigo extremo.
Los miembros de la Asamblea Nacional aún deben decidir las fechas para la primera lectura y el debate del proyecto. Pero fuentes legislativas informaron a IPS que el trámite está previsto para los próximos tres meses.
"Nadie puede decir cuándo será debatido el proyecto hasta que sea listado para el debate", dijo a IPS por teléfono, desde Abuja, sede de la Asamblea Nacional, un funcionario del cuerpo legislativo que pidió reserva de su identidad.
"Creo que en los próximos meses comenzará el debate y que es probable que Nigeria se una a los países abolicionistas antes del fin de la actual legislatura, en 2010", pronosticó.
El proyecto ya presentado busca abolir la pena de muerte, establecida para delitos que van desde el asesinato hasta el robo a mano armada. De aprobarse, unos 500 reclusos verán sus condenas a muerte conmutadas por cadena perpetua.
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Otros miles afrontan juicios por crímenes para los que se prevé ese castigo.
Las normas de Nigeria no cumplen con los tres objetivos de toda ley penal: rehabilitación, castigo y disuasión, alegó el principal patrocinador del proyecto, Friday Itulah, del gobernante Partido Democrático Popular, al igual que los otros dos, Samson Osagie y Patrick Ikhariale.
"La pregunta es cómo se puede rehabilitar, es decir, convertir en alguien útil para la sociedad, a quien fue condenado a muerte", cuestionó Itulah.
En cuanto al objetivo de establecer un castigo justo o proporcional a la falta cometida, agregó, "en este país hubo condenas a muerte por delitos que no incluyeron pérdida de vidas, como amotinamiento, tráfico de divisas y alta traición", argumentó Itulah.
"Esta política presume erróneamente que todos los condenados por estos serios delitos efectivamente los cometieron. Pero a veces son condenados por error", agregó.
Muchos fueron condenados y aun ejecutados de ese modo, según Olawale Fapohunda, socio gerente del no gubernamental Consorcio de Recursos Legales.
"Los desafíos actuales de nuestro sistema penal son tales que no podemos garantizar justicia en la aplicación de la pena de muerte", dijo Fapohunda a IPS. "Eliminar la pena de muerte es apenas un paso en la reforma judicial que necesita Nigeria."
Fapohunda, cuya organización lucha desde hace siete años por la abolición de la pena capital , es uno de los activistas y abogados de derechos humanos más experimentados del país. Fue secretario de una comisión presidencial a cargo de estudiar la reforma del sistema penal.
La histeria, más que los hechos fríos, es lo que alimenta los pedidos de endurecimiento de penas y de mantenimiento de la pena de muerte.
Este país de 140 millones de habitantes tiene una población carcelaria de 40.000 personas. "O bien el clamor popular sobre la criminalidad en Nigeria no responde a la realidad o bien la policía no está atrapando a los delincuentes", sostuvo.
Fapohunda cree que la pena capital no sirve como disuasivo de los crímenes graves.
"La solución nunca será matar a los ladrones. El gobierno debe hacer más para reducir la brecha entre los ricos y los pobres. La pobreza no es excusa para delinquir, pero reducir la pobreza de un modo coherente, sustentable y bien pensada será un gran paso hacia la creación de una sociedad equitativa", dijo.
Lawrence Quakar, del Servicio Legal sobre Derechos Humanos, cree que la abolición de la pena de muerte logrará una gran reducción en la cantidad de delitos serios que se cometen en Nigeria.
A veces, los ladrones matan a sus víctimas para eliminar testigos, declaró a IPS. Si quienes perpetran un robo a mano armada no estuvieran bajo amenaza de terminar en el cadalso, tendrían menos alicientes para cometer asesinato.
Hasta ahora, el proyecto de abolición concitó escasos comentarios. Pero el debate parlamentario podría abrir una intensa discusión pública.
"La cuestión es muy delicada, por lo que el proyecto desatará controversia", pronosticó James Ogenyi, un empleado civil radicado en Lagos. Según él, Nigeria podría seguir la tendencia mundial hacia la abolición.
La mayor oposición podría proceder de comunidades musulmanas, particularmente del norte del país, donde en algunos estados rige la shariá (ley islámica) desde hace casi un decenio.
Mohammad Yahaya, director ejecutivo del Grupo de Acción Democrática, con sede en el septentrional estado de Kano, se opone al proyecto. "Es como legalizar el delito", dijo a IPS.
"Las matanzas que hoy se cometen, sea por robos o por razones religiosas, dejan en evidencia que la vida humana no significa nada para nosotros. Nigeria no está lista para abolir la pena de muerte", dijo Yahaya a IPS.
Citando el Corán, el activista dijo que el castigo para quien mata también debe ser la muerte. "Si alguien sabe que será perdonado luego de cometer semejante crimen, no tendrá ningún respeto por la vida", sostuvo.
El gobierno de Nigeria asegura haber observado una moratoria extraoficial de ejecuciones desde 1999. Pero la organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirma haber constatado algunas en los últimos dos años en el septentrional estado de Kano.
Amnistía informó que las órdenes de ejecución fueron firmadas por el gobernador del estado, Malam Ibrahim Shekarau.
La no gubernamental Organización de Libertades Civiles, dijo a IPS que era posible que también se hubieran realizado ejecuciones secretas en el sudoriental estado de Enugu.
El periódico Daily Trust, que se publica en Abuja, difundió hace poco un artículo de opinión escrito por Adamu Adamu que acusaba a los legisladores abolicionistas de actuar por "vestigios coloniales".
"No deberíamos tener ninguna campaña por la abolición sino, más bien, por la extensión de la pena de muerte. Los asesinos que matan con premeditación deben ser reducidos, independientemente de lo que les hagan en Europa", escribió Adamu.
