Abogados y legisladores de la oposición figuran entre quienes expresan su preocupación por el prolongado sufrimiento de los condenados a muerte en Malasia, donde muchos apoyan las ejecuciones por delitos como narcotráfico, violación y posesión de armas de fuego.
En el último caso del que se informó ampliamente, una trabajadora en el hogar no logró que su condena por asesinato fuera desestimada porque durante casi seis años le impidieron presentar una apelación.
Los críticos toman este caso como ejemplo de cómo a menudo una sentencia de muerte equivale a un doble castigo durante años —e incluso décadas— de confinamiento solitario antes de que se concrete la ejecución.
En mayo, un tribunal de apelaciones se disculpó ante R. Amathevelli, madre de tres hijos, por ser obligada a esperar tanto tiempo para apelar su sentencia de muerte de 2001, por el asesinato del dueño de una tienda.
Pero la demora, causada porque el juez del caso no suministró un fallo escrito en más de cinco años, no se consideró un motivo para revocar su sentencia, según el tribunal.
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El abogado defensor de Amathevelli, Karpal Singh, había alegado que la prolongada detención de su clienta en espera de una apelación había perjudicado su caso. Su continua reclusión en espera de ser ejecutada equivaldría a un fallo injusto y que ella debería ser liberada inmediatamente.
"No podemos aceptar esta decisión y estamos presentando una apelación. Lucharemos por sus derechos hasta el final", dijo Singh a IPS.
"Su difícil situación está fortaleciendo la opinión pública contra la pena de muerte. Semejante castigo no tiene lugar en el sistema de la justicia penal de Malasia. Todas las sentencias de muerte deberían ser conmutadas inmediatamente por cadena perpetua", agregó Singh, quien también es un destacado legislador de la oposición.
Otros parlamentarios de la oposición también se dedicaron al caso de Amathevelli.
"La larga demora en proporcionar un fallo escrito es razón suficiente para liberar a Amathevelli", dijo a IPS Murugesan Kulasegaran.
"Ella es una víctima de un poder judicial ineficiente y lento. Se la debería liberar instantáneamente. Su caso ilustra cuán anticuadas y sesgadas son nuestras leyes. El pensamiento que está detrás del sistema de justicia penal ha permanecido igual desde la era victoriana, cuando este país fue colonizado por primera vez", añadió.
Kulasegaran anunció que plantearía el asunto en el parlamento e internacionalizaría el caso llevándolo ante el Foro Interparlamentario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
El Consejo de Abogados Malasios, una asociación que reúne a 12.000 profesionales del derecho, ha sido expreso en sus críticas al fallo del tribunal, alegando que esas tardanzas a la hora de presentar apelaciones deberían ser motivo para reducir las sentencias.
"El tribunal de apelaciones podría haber conmutado el cargo de asesinato (que pesa) sobre Amathevelli por el de homicidio culpable, que no equivale a asesinato, porque fue el poder judicial el responsable de la demora. Este fallo es un paso en la dirección incorrecta", dijo el vicepresidente del Consejo, Ragu Kesavan.
Agregó que la cantidad cada vez mayor de malasios que reconocen a la pena de muerte como una práctica bárbara y el gobierno necesitaban acompasar a la opinión pública y abolir ese castigo.
En marzo de 2006, el Consejo aprobó una resolución exigiendo un fin a la pena de muerte en el país y que todas las sentencias de muerte sean conmutadas.
"La espera incierta e indefinida y el temor al momento final constituyen una tortura psicológica inhumana, la naturaleza de la cual ni siquiera comenzarán a comprender quienes no vivieron esa experiencia", dijo en ese momento el presidente del Consejo, Yeo Yang Poh, agregando que el sufrimiento se veía intensificado por el confinamiento solitario en que se esperaba la ejecución.
Recientes informes de prensa sobre las condiciones de los narcotraficantes condenados a muerte en Malasia también juegan un rol en la creciente oposición a la pena capital.
La situación de unos 230 migrantes de la septentrional provincia indonesia de Aceh, en la isla de Sumatra, recibe una amplia publicidad, tanto en Malasia como en Indonesia.
La pobreza y el severo desplazamiento de la sociedad de Aceh, causados por el tsunami del 26 de diciembre de 2004, forzaron a una gran cantidad de personas a migrar a Malasia en busca de trabajo.
Entre ellas, algunas trafican marihuana, que es ampliamente cultivada en Aceh, dijeron funcionarios de policía a IPS. Muchas de estas personas sometidas a juicio por narcotráfico, un delito capital en Malasia, actualmente son migrantes desplazados por buscar una manera de alimentar a sus familias, señalaron los funcionarios.
También aumenta la compasión pública hacia las jóvenes mujeres malasias encarceladas en prisiones extranjeras. Algunas de ellas están condenadas a muerte por servir como mulas (personas que transportan droga, muchas veces incluso en su propio estómago, tras ingerirla en forma de cápsulas) para agrupaciones que operan en el exterior.
Su situación está cobrando destaque tanto en los medios de comunicación como en círculos del gobierno y en el parlamento.
"La gente finalmente se está uniendo contra la pena de muerte. Ve la difícil situación de condenados a muerte como Amathevelli y los (desplazados) de Aceh", dijo el abogado experto en derechos humanos Ramu Annamalai Kandasamy.
Les preocupa el destino que pueden correr los malasios que se encuentran en cárceles extranjeras.
"La gente está comenzando a darse cuenta de que la pena de muerte es cruel y va contra todas las normas de la decencia. Si la oposición forja una masa crítica podemos hacer que la pena de muerte sea abolida para bien", declaró a IPS.
En su último informe anual, Amnistía Internacional expresó preocupación por la naturaleza hermética de la pena de muerte en Malasia. La organización cree que en 2007 hubo ejecuciones. Informes señalan que 12 personas fueron condenadas a muerte por tribunales malasios en 2007.
Entre 1970 y octubre de 2001, fueron ejecutadas 359 personas en Malasia, la mayoría de ellas por narcotráfico..
