La «guerra popular contra las drogas» emprendida por China obstaculiza la reforma de la aplicación de la pena de muerte anunciada por las autoridades, que se comprometieron a usar ese castigo extremo con moderación ante los Juegos Olímpicos.
El gobierno chino, en ese sentido, aseguró que remitiría a la Corte Suprema de Justicia todas las condenas dictadas en tribunales de provincia para su revisión.
Pero la intención de organizar un gran torneo sin drogas deja sin aliento a la maquinaria de muerte china. Por lo tanto, numerosos traficantes han sido condenados y ejecutados en los últimos meses.
"No hay menos condenas a muerte", dijo a IPS Zhou Jianzhong, abogado penal que ejerce su profesión en esta sudoccidental ciudad china donde se registraron cientos de casos en los últimos años.
"La mayoría de mis clientes son traficantes de drogas no tradicionales elaboradas a nivel local y fáciles de trasladar. Como aumenta la cantidad de narcotraficantes, también aumentan las condenas a muerte", sostuvo el abogado.
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China ejecutó el mes pasado a tres narcotraficantes y condenó a la pena capital o a cadena perpetua a una docena más, según se anunció el 26 de junio, Día de Mundial de Lucha contra las Drogas fijado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El gobierno anunció una nueva ronda de su "guerra popular contra las drogas", que ya lleva tres años, antes de los Juegos Olímpicos. Cientos de duras condenas se dictaron en todo el país.
"Hemos logrado contener las fuentes y la expansión de estupefacientes peligrosos", dijo en conferencia de prensa el jefe de control de drogas del Ministerio del Interior, Yang Fengrui.
"Hemos tenido éxito, pero sigue siendo una lucha difícil", añadió..
Luego del triunfo de la Revolución China en 1949, la drogadicción y la prostitución, entre otros fenómenos considerados males del capitalismo, fueron prácticamente erradicados.
Los traficantes fueron ejecutados y los adictos confinados a clínicas especializadas. Pero tras el inicio de las reformas económicas de principios de los años 80, el tráfico y el uso de drogas experimentaron un resurgimiento gradual.
Según los cálculos de Yang, un millón de consumidores son conocidos por las autoridades, pero en las ciudades de alto riesgo la proporción entre identificados y desconocidos ascendería a uno a 1,3.
Desde hace tiempo, Chengdu es uno de los campos de batalla donde se libra la "guerra".
Esta ciudad, capital de la central provincia de Sichuan, se ubica en el cruce de rutas de narcotráfico que ingresa a este país desde el "Triángulo Dorado" de productores de heroína —Birmania, Laos y Tailandia— en el sur, y la "Media Luna Dorada" —Afganistán, Irán y Pakistán— en el oeste..
En los últimos años, China logró detener el flujo de opio desde Birmania y Laos mediante unos 100 millones de dólares destinados a programas de sustitución de cultivos que alejaron a los agricultores de esa actividad.
Pero los logros se vieron atenuados por el aumento de consumo de drogas relativamente nuevas como metanfetaminas y ketamina, producidas en China.
En marzo se encontraron unos 200 kilogramos de ketamina en un taller en Chengdu, junto con cuatro armas. Según la legislación china, el castigo previsto para el tráfico de un kilogramo de ketamina es la muerte.
El surgimiento de nuevas drogas resultó un verdadero dolor de cabeza, según Zhou y sus socios del estudio de abogados Xinhuazhong, uno de los pocos en Sichuan dedicado a grandes narcotraficantes.
"Cuando apareció el primer caso de tráfico de ketamina en 2000, no había antecedentes. La sentencia más dura que se dictó fue cadena perpetua", según Zhong.
Pero la renovada interpretación judicial y los nuevos castigos por tráfico de ketamina y metanfetamina elevaron la cantidad de condenas a muerte.
En tanto que abogado de narcotraficantes, Zhou no es muy exitoso. "Sólo gana 10 por ciento de los casos", reconoció.
Hace poco, un narcotraficante de Chengdu acusado de vender 2,1 kilogramos de heroína fue condenado a muerte porque al juez le pareció que no demostraba arrepentimiento.
"La impresión del juez de que Chen Zhishi no suplicara ni protestara en el juicio influyó en la sentencia", aseguró Zhou. "Traté de objetar eso, pero fui interrumpido."
En 1996, China revisó su código penal e incorporó conceptos occidentales como la presunción de inocencia y el derecho del acusado a contar con un abogado en ciertos casos. Pero la práctica no se condice con la norma, protestan los profesionales.
"Las condenas a muerte suelen dictarse en un mes y medio, el tiempo que suele llevar el proceso de un caso de robo", remarcó Zhou. "El abogado no tiene tiempo ni posibilidades de preparar una defensa adecuada."
"Como abogados no nos sentimos cómodos. La gente nos culpa por la muerte de los acusados y suelen buscarnos para pedirnos que devolvamos nuestros honorarios", añadió.
China ha sido muy cuestionada por organizaciones de derechos humanos internacionales por su exagerado uso de ese castigo extremo. Más de 60 delitos en China, incluidos corrupción y malversación de fondos, pueden castigarse con la muerte.
El gobierno no divulga cifras oficiales de las ejecuciones, pero investigadores chinos independientes creen que puede llegar a superar las 10.000 al año.
Al día siguiente del devastador sismo que golpeó esta provincia en mayo, las autoridades de Chengdu ejecutaron al funcionario Zhu Fuzhong, condenado por pedir y recibir sobornos.
"Ni siquiera los estragos causados por el terremoto los hizo postergar la ejecución un solo día", indicó Xu Youping, colega de Zhou Jianzhong en el estudio de abogados.
"Las tareas de rescate fueron la prioridad. La segunda fueron las ejecuciones", apuntó.
