El parlamento de Perú estudia mejorar la redistribución del canon cobrado por la extracción de minerales y otros recursos naturales, para poder así beneficiar a las regiones más postergadas. Todos coinciden en que este paso es necesario, pero nadie está dispuesto a ceder un ápice de sus ganancias.
"No vamos a permitir que nos quiten ni un centavo. Nosotros también tenemos pobres", dijo de entrada a IPS el presidente regional de Áncash, César Álvarez.
Áncash, ubicada en la sierra norte del país, es la región que más dinero ha recibido por canon en 2007 con la suma extraordinaria de 577,4 millones de dólares, principalmente por las actividades de la empresa minera Antamina, de capitales canadienses, británicos y japoneses.
Sólo cinco de las 25 regiones en que se divide el país concentran más de 60 por ciento de los recursos por ese tributo en el actual contexto de precios altos de minerales.
Mientras que Huancavelica, con más de 80 por ciento de su población en situación de pobreza, apenas recibió por este concepto 13,4 millones de dólares el año pasado, debido a que no se extrae en su territorio los altos niveles de zinc, cobre y molibdeno que entrega Áncash.
El canon es la compensación económica que recibe cada región donde se extraen recursos no renovables, como minerales, gas natural y petróleo. Según la Constitución y la ley que lo regula, este beneficio representa 50 por ciento de todos los ingresos y rentas que recauda el Estado peruano de las industrias extractivas.
El problema es que la ley origina la concentración de cuentas millonarios del canon en las zonas donde se extraen los recursos sin dar lugar a que los pueblos aledaños de los proyectos de explotación también se beneficien así como tampoco los de mayor índice de pobreza.
Para reducir las desigualdades, un grupo parlamentario multipartidario planteó 12 modificaciones a la ley del canon, entre las que se contempla entregar 16,2 por ciento del importe que se cobra en el país a los departamentos que reciben poco de esos recursos y tienen mayores necesidades básicas insatisfechas. Tal porcentaje equivale hoy a 1.063,8 millones de dólares.
Pero ¿por qué se estableció 16,2 por ciento? El equipo legislativo determinó que el gobierno nacional no entrega a las regiones poseedoras de los recursos 50 por ciento todos los ingresos y rentas que provienen de las empresas extractivas, como ordena la norma, sino sólo 33.8 por ciento y termina quedándose con ese resto.
Es que el Poder Ejecutivo efectúa una lectura parcial de la ley porque sólo considera como canon la mitad del Impuesto a la Renta (IR) por tercera categoría que aportan las compañías sin considerar otros tributos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) o el Impuesto General a las Ventas (IGV).
"Primero que nos entreguen ese porcentaje que nos confiscaron y luego que el gobierno central asigne parte del otro 50 por ciento del dinero que se quedan en sus arcas para las zonas más pobres", señaló a IPS el titular de la región sureña de Tacna, Hugo Ordóñez.
"Nosotros también tenemos derecho de recibir dinero, porque estos recursos no renovables le pertenecen al país no a una sola región y no se puede permitir que, mientras una sola parte se enriquece, exista una mayoría de peruanos que siguen viviendo en la indigencia", indicó a IPS el presidente regional de Huancavelica, Federico Salas.
Tacna es una de las regiones más favorecidas con 274,2 millones de dólares y alberga al distrito de Ite, que cuenta con 30,8 millones de dólares para apenas 1.905 habitantes, lo cual representa un presupuesto tres veces mayor que el de la empobrecida Huancavelica con poco más de 447.000 pobladores.
Lo que recibe Ite por las actividades de la firma mexicana Southern Copper Corporation le permite un gasto de 16.296 dólares por persona al año, cuando el promedio nacional de inversión por peruano es de apenas 141 dólares para el mismo lapso.
La concentración del canon no sólo se presenta entre las regiones sino al interior de éstas debido a que los pueblos productores reciben las más exorbitantes sumas de dinero sin que las zonas aledañas obtengan algún beneficio.
Para darnos una idea, el distrito de San Marcos, donde opera Antamina, pasó de recibir 141.843 dólares en 2004 a 74,8 millones en 2007 por canon minero, es decir el 45 por ciento de todo lo que recibió la provincia productora para 16 distritos.
Pese que existen otros siete distritos por donde Antamina ingresa a sus operaciones o transporta el mineral, éstos no reciben nada de canon.
En estos casos, el Congreso propone un porcentaje para estos pueblos considerando el número de pobladores, el nivel de ruralidad y pobreza.
"Estas son áreas que también necesitan algún tipo de compensación económica para invertir en obras que permitan su desarrollo cuando la empresa ya no opere en el lugar", explicó a IPS el economista Edgardo Cruzado, quien fue uno de los técnicos del grupo legislativo.
El presidente de la comisión parlamentaria, Washington Zeballos, convocó a todos los partidos políticos para que la iniciativa pueda ser aprobada en el parlamento luego de contar con la opinión de todos los actores involucrados.
Los expertos coinciden en que el primer paso es sentarse a dialogar.
Entre las modificaciones que concitan un apoyo mayoritario figura la ampliación del uso de los recursos del canon para elaborar expedientes técnicos de proyectos, obras de inversión social y que no sólo sirva para proyectos de infraestructura. Además, la creación de un fondo multianual que garantice el término de obras a mediano y largo plazo como una carretera.
Otro cambio pasa por exigir al Estado un sistema de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos que aportan las empresas por concepto de canon, debido a que el Poder Ejecutivo no informa sobre el detalle de éstos aportes y en qué lo utiliza.
Ante la propuesta, el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, dijo que esperaba que las modificaciones que realice el Congreso a la norma consideren las expectativas de crecimiento y desarrollo que tienen los departamentos del país.
"Esta es una tarea del Congreso, dejémoslo en ese espacio, ellos tienen que estudiar, representan al pueblo, a las regiones, y esperemos que hagan modificaciones que satisfagan las expectativas de crecimiento y desarrollo de los departamentos del país", agregó.
El año pasado, el gobierno de Alan García intentó modificar la distribución del canon recortando a las regiones 10 por ciento del canon para destinarlo a los departamentos más pobres, pero no consideraba dentro del cálculo ceder parte del dinero de sus arcas.
"Todos tienen que dar, no sólo algunos sino ¿de qué justicia social hablamos?", preguntó el especialista en descentralización de la no gubernamental Propuesta Ciudadana, Nilton Quiñones. Y su interrogante va al corazón del problema.
