El alcalde de la capital de México, el izquierdista Marcelo Ebrard, anunció el cese de su secretario de Seguridad y cambios de gran calado en la desprestigiada policía de esta ciudad, 17 días después de un fatal operativo en una discoteca que dejó nueve jóvenes y tres policías muertos.
Ebrard, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que las muertes de la discoteca, atribuidas a la impericia policial, constituyen un hecho mayúsculo, y no basta con las renuncias y los procesos penales en marcha contra los responsables. Es el momento de construir "otro tipo de policía", señaló.
El 20 de junio, agentes policiales cercaron la discoteca News Divine, en una zona populosa de la capital donde se vendía cerveza y se divertían unos 500 jóvenes, la mayoría adolescentes. Los uniformados bloquearon la salida de los asistentes, con el fin de registrarlos, lo que provocó un tumulto que acabó matando por asfixia a 12 personas, tres de ellas menores de 18 años.
Además, los policías arrestaron sin órdenes judiciales a varios jóvenes, todos menores, los maltrataron y desnudaron y les tomaron fotografías propias de un prontuario. Los agentes y oficiales ocultaron asimismo evidencias sobre su actuación.
Ebrard —que ha sufrido una caída de popularidad por el escándalo, según encuestas— aceptó la renuncia del secretario de Seguridad, Joel Ortega, y anunció que el procurador (fiscal) de la ciudad, Rodolfo Félix, había presentado también su dimisión, aunque no aclaró su situación.
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El alcalde prometió revolucionar los esquemas de operación y administración del cuerpo policial a su cargo y que habrá "una nueva Procuraduría".
Ebrard consideró que lo sucedido en News Divine contraviene el ideario y los principios del opositor PRD, que gobierna la capital mexicana desde 1997.
Horas antes de los anuncios de Ebrard, la estatal Comisión de Derechos Humanos de la capital acusó en un informe a las dependencias de Ortega y Félix de ser responsables de la "tragedia en News Divine", pues el operativo fue mal planificado, peor ejecutado y estuvo marcado por abusos de autoridad.
La investigación demostró que se intentó hacer una redada contra jóvenes que bebían cerveza, aun sabiendo que la gran mayoría eran menores de edad.
El informe indica pesquisas sesgadas con la intención de inculpar a los dueños de la discoteca, a quienes las autoridades habían otorgado permisos de operación de forma irregular, y ocultar así la responsabilidad policial.
El presidente de la Comisión, Emilio Álvarez, sostuvo que los hechos reflejan un deterioro de las instituciones encargadas de la seguridad pública, que "no contemplan a los derechos humanos en el centro de su proceder".
Los acontecimientos "motivan y generan una gran indignación, rabia e impotencia y son un ejemplo del deterioro de las instituciones", pues se denigró y afectó la dignidad de menores de edad, además de provocar muertes de una manera absurda, dijo Álvarez.
Investigadores de la Comisión de Derechos Humanos y familiares de las víctimas denunciaron en los últimos días amenazas por insistir en que se aclaren los hechos.
El gobierno de la capital ha estado bajo fuerte presión y críticas de políticos y observadores, y muchos demandaron la renuncia inmediata de las autoridades responsables.
Con las muertes en News Divine, la policía capitalina ahondó su ya marcado desprestigio.
En todas las encuestas, la policía de la ciudad se ubica en los últimos lugares de apoyo popular. Los agentes de la fuerza pública no despiertan confianza e incluso causan miedo, indican los consultados.
En el distrito capitalino, de 1.479 kilómetros cuadrados, hay poco más de 75.000 policías distribuidos en diferentes cuerpos. Un tercio de ellos no han terminado la enseñanza secundaria y otro tanto enfrentan graves problemas de obesidad.
No está claro aún cuáles serán los cambios que impulsará Ebrard, ni el tipo de cargos que pueden recaer sobre Ortega y Félix, quienes no planificaron el operativo ni estuvieron presentes en el lugar, aunque ostenten la responsabilidad institucional.
De momento hay 41 personas acusadas penalmente, 39 funcionarios y policías y dos civiles, responsables de la discoteca.
