La política de mano dura, con la adopción de leyes cada vez más severas, ha sido la respuesta predilecta del gobierno de El Salvador para enfrentar la creciente ola delictiva. Pero jueces y especialistas opinan que esa estrategia «atenta contra el Estado de derecho».
En los últimos años se introdujeron más de 300 reformas a la legislación penal, pero esos cambios, según los expertos, constituyen "un revés" para los avances logrados en el terreno judicial tras la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil de 12 años (1980-1992).
El gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) y la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) firmaron un acuerdo de paz en 1992 en México, que contempló la desmilitarización y democratización de la sociedad, el respeto a las libertades básicas y el establecimiento de un Estado de derecho, entre otros aspectos.
Pero las reformas adoptadas en los últimos años "tienden a reducir las garantías del ciudadano frente al poder estatal", aseguró Jaime Martínez, abogado de la Corte Suprema de Justicia. Los principales retrocesos se refieren a la ausencia de "garantías al debido proceso" cuando se realiza una detención, agregó.
Antes de la modificación de las leyes, que Martínez denomina "contrarreforma", todos los arrestos "debían realizarse con orden escrita de autoridad competente y exhibirse a la persona a la que se iba a detener", pero actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) "si no quiere no la muestra", subrayó el abogado, quien en 2005 publicó el libro "Límites democráticos al poder penal".
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En esencia, la "contrarreforma" es "autoritaria. Vulnera derechos humanos y está orientada a recortar lo que parecerían garantías excesivas, "incrementa penas y concede más atribuciones a la PNC y los fiscales, elevando su poder de control sobre la población", dijo Martínez a IPS.
Los acuerdos de paz establecieron reformas constitucionales que renovaron el sistema de justicia, con el objetivo de superar la impunidad y corrupción, así como de garantizar la vigencia del Estado de derecho.
El Congreso legislativo aprobó esas reformas, entre las que se destacaron los cambios en el código penal y el código procesal penal, que "permitieron la evolución del sistema inquisitivo a uno acusatorio", señaló Martínez, dejando atrás décadas de dictaduras militares.
Pero antes de que fueran completamente puestas en práctica, el gobierno del ex presidente Armando Calderón (1994-1999) comenzó a introducir varias modificaciones. Sus sucesores aplicaron la misma receta, en un proceso que se extendió hasta 2007. Actualmente, el parlamento debate nuevos cambios.
Los gobiernos del ex presidente Francisco Flores (1999-2004) y del actual mandatario Antonio Saca han señalado que se requieren leyes que permitan a la PNC y a la Fiscalía ser más eficaces en la lucha contra la ola delictiva, ya que tal cual estaban diseñadas favorecían más a los delincuentes que a la población honrada, argumentaron.
Agrupaciones de magistrados han criticado los cambios por considerar que afectan su "independencia e imparcialidad". Señalaron, además, que la nueva ronda de modificaciones a estudio del parlamento los despojan de su facultad constitucional de "juzgar", atribución que sería entregada a la Fiscalía.
El juez de instrucción Sidney Blanco dijo a IPS que los legisladores han introducido tantos cambios que ya "cuesta identificar el proyecto original".
Las reformas "han sido desatinadas y motivadas por impulsos reactivos" ante la violencia creciente y bajo la presión de "publicaciones en los medios de comunicación". No están basadas "en estudios sociológicos y criminológicos", agregó.
Blanco citó como ejemplo un fallo de la Corte Suprema, en abril de este año, que ratificó la decisión del parlamento, de julio de 2001, de incrementar la pena máxima de prisión de 35 a 75 años.
"Esto no tiene respaldo científico. Se cree que elevando las penas las personas van a parar de cometer delitos. Es un error: los delincuentes temen más a la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento que a los años de condena que aparecen en el código penal", aseguró el juez.
La política de mano dura también intenta esconder la "ineficiencia" de la PNC y la Fiscalía a la hora de investigar los delitos, en esta nación centroamericana caracterizada por los altos índices de criminalidad e impunidad, dijo Blanco.
Datos oficiales indican que en 2007 en el Gran San Salvador se concentraron 40 por ciento de los delitos cometidos en el país, incluyendo asesinatos. Le siguieron como distritos más violentos los departamentos de La Libertad, Sonsonate y Santa Ana, donde tuvieron lugar 73 por ciento del total de los asesinatos.
El Salvador presenta una tasa de 57,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina. Más aun, los resultados del último censo, realizado en mayo de 2007, muestran que ese indicador se dispararía hasta 64, o incluso más. Expertos advierten que, en el caso de asesinatos de jóvenes, la tasa podría alcanzar hasta 149 por cada 100.000 habitantes.
Las cifras oficiales demuestran la impotencia de los planes de mano dura aplicados entre 2003 y 2007 por los gobiernos de Flores y Saca. En ese período, hubo más de 16.000 asesinatos, 80 por ciento de los cuales se cometieron con armas de fuego.
Las autoridades estiman que en este país hay unas 450.000 armas de fuego en manos privadas, pero sólo 170.000 están debidamente registradas.
Las maras (pandillas) se encuentran en la cresta de la violencia, pero no alcanzan para explicarla. En este país actúan principalmente las denominadas Mara Salvatrucha (MS) o Calle 13 y Pandilla 18 (P18), que tuvieron su origen en los años 80 en la diáspora salvadoreña dispersa en varias ciudades de Estados Unidos.
En sus primeros años las integraban sobre todo jóvenes, para transformarse luego en grupos conducidos por mayores de 40 años de edad, aunque se les sumaran niños inclusive de 10 años.
Las leyes de mano dura tampoco evitan la impunidad, reveló el estudio "Funcionamiento del Sistema Penal: Manejo de Homicidios 2007", patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El trabajo estuvo a cargo de Blanco y el jurista Francisco Díaz. Estableció que sólo 14 de cada 100 asesinatos cometidos en 2005 fueron presentados por la Fiscalía ante los tribunales. Apenas hubo condena en cuatro de cada 100.
Blanco admite que muchas de las críticas acerca de la corrupción e ineficiencia de la justicia "son consistentes y sustentables", porque la Corte Suprema carece de mecanismos de control disciplinario. Pero advirtió que los cuestionamientos no pueden generalizarse.
Desde 2001, los informes anuales del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos han señalado que la justicia salvadoreña está afectada por la "ineficiencia y la corrupción", comentó.
El sistema judicial "no está muy convencido de la extensión de la palabra independencia" y, en muchos casos, "las influencias económicas y las complacencias políticas son determinantes", afirmó Blanco, particularmente en el ámbito de la Corte Suprema.
