El Tribunal Permanente de los Pueblos «ha verificado el peligro inminente de extinción física y cultural de 28 pueblos indígenas», señala su sentencia final sobre Colombia. Agrega que 18 de esas comunidades tienen menos de 100 integrantes «debatiéndose entre la vida y la muerte».
Se trata de los pueblos nukak, shiripu, wipibi, amorúa, guayabero, taiwano, macaguaje, pisamira, muinane, judpa, yauna, bara, ocaina, dujos, piaroa, carabayo, nonuya, matapí, cacua, kawiyarí, tutuyo, tariano, yagua, carapaná, chiricoa, achagua, carijona y masiguare, que habitan distintos lugares de este país andino.
"Su desaparición de la faz de la tierra constituiría, en pleno siglo 21, además de una vergüenza para el Estado colombiano y para la humanidad entera, un genocidio y un crimen de lesa humanidad por su acción u omisión institucional de atender a estos pueblos que de manera irreversible están a punto de extinguirse", advierte el fallo.
De los 41,5 millones de personas que habitan Colombia, 1.4 millones son indígenas, según el Censo Nacional de Población 2005, que contabilizó 87 culturas aborígenes. Pero para la Organización Nacional Indígena de Colombia son 102 los pueblos, pues el censo agrupa a algunas familias lingüísticas como una sola etnia.
El TPP, que se ocupa de casos de violación masiva de los derechos humanos en el mundo, es el sucesor del Tribunal Russell, que juzgó entre 1966 y 1967 los crímenes de la Guerra de Vietnam (1965-1975) y de 1974 a 1975 los cometidos hasta entonces por las dictaduras en América Latina.
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Su nombre refiere al filósofo y pacifista británico Bertrand Russell, quien organizó el primero con el nombre de Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra.
Las sentencias del TPP tienen carácter ético y no vinculante, pero se basan en el derecho y la jurisprudencia internacionales, y tienen en cuenta las competencias de la Corte Penal Internacional. Su definición de impunidad fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, dijo el médico italiano Gianni Tognoni, su secretario general y miembro del jurado.
El miércoles, el TPP presentó su veredicto tras dos años y medio de sesiones que abordaron la acción de las empresas transnacionales sobre los derechos de los pueblos en Colombia.
"Hoy estoy muy triste. Dicen que el mundo ha avanzado, que es civilizado, que hay derechos humanos, que hay avances muy importantes para la protección del ser humano en este planeta Tierra", expresó a IPS el ex constituyente indígena Lorenzo Muelas, gobernador del pueblo guambiano, ex senador y ex gobernador del suroccidental departamento del Cauca.
"Pero para los pueblos indígenas, para nosotros, nunca ha habido esa civilización, ni ha habido derechos humanos", agregó el único colombiano entre los jueces.
El fallo del TPP "observa un cuadro de falta de reconocimiento profundo de la identidad de los pueblos indígenas" y, por tanto, la violación de "su derecho a existir", "con sus propias formas de vida, sus propias costumbres y tradiciones y su propia cosmovisión".
La Constitución de 1991, que Muelas ayudó a redactar, prevé amplios derechos para los pueblos indígenas, que incluyen el reconocimiento de sus mandos tradicionales como autoridad estatal en sus territorios, así como transferencias del presupuesto para la práctica de la educación y la salud propias.
La nación es dueña del subsuelo y, según la Constitución, los indígenas deben ser consultados antes de que se tomen decisiones que afecten sus territorios. Pero la norma no se cumple.
Muelas cuenta que, cuando firmó la nueva ley fundamental, pensó: "por fin un respiro, por fin tenemos algo. Pensé que eso nos iba a ayudar a fortalecernos. Pero no. No fue posible. Por eso estamos en lo que estamos".
"Creo en las denuncias. Había que hacer, sobre estos 18 pueblos, un SOS a nivel mundial. Pero estamos pensando en este momento qué hacer", agregó, en vista de que la sentencia del TPP "no está obligando legalmente a ningún Estado".
"Me siento impotente, me da tristeza. Siento dolor de patria, de mis hermanos", dijo Muelas, pero "yo no represento solamente indígenas, también a afrodescendientes, campesinos, que sufren las mismas consecuencias que nosotros".
En los fallos previos, en 17 audiencias nacionales e internacionales y seis audiencias especializadas que precedieron esta sesión final, el TPP no había calificado como genocidio los hechos en Colombia.
La sentencia establece que en este país, en guerra civil desde 1946, se configura el crimen de genocidio en cuanto a los indígenas, el movimiento sindical y el partido Unión Patriótica, surgido en 1985 a partir de acuerdos de paz con la guerrilla izquierdista.
Sobre los indígenas, la noción de genocidio tiene que ver "con el hecho de que se trate de un pueblo específico que desaparece por acción u omisión del Estado o de un grupo" armado, dijo a IPS Philipe Texier, miembro del jurado del TPP.
Así "es la situación de varios pueblos en Colombia", advirtió el también magistrado de la Corte de Casación de Francia y presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Organización de las Naciones Unidas.
Esa extinción no se debe a la simple absorción por parte de la cultura dominante, "porque a esos pueblos se les han quitado los recursos naturales, sus medios de vida, hasta su alimentación, su agua, a veces la tierra, muchos de ellos son desplazados de su medio natural", señaló Texier.
Define la sentencia del TPP que "en la cosmovisión indígena el territorio representa el universo, esto es, lo que está encima del suelo, sobre el suelo y debajo del suelo. ( ). El territorio está ligado a lo sagrado, al espacio de reproducción social, de supervivencia física, de trabajo, solidaridad, y en general al ejercicio de su autonomía".
"El gobierno de Colombia, pero también otros actores armados y sectores económicos nacionales y transnacionales, participan de distintas maneras en el despliegue de estrategias que tienen como objetivo la expulsión de los pueblos indígenas fuera de las zonas de interés económico", advierte el veredicto.
Esto se hace "para facilitar su explotación a las empresas, en su gran mayoría, transnacionales", agrega.
El TPP registra como "una situación generalizada en los pueblos indígenas" el recurso "del terror contra personas civiles por parte de grupos armados, con frecuencia al servicio de las empresas transnacionales", "tanto para limpiar el territorio antes del inicio de actividades económicas, como para reprimir las expresiones de protestas contra las mismas".
Así, "la militarización del territorio" está asociada a "grandes proyectos de explotación", especialmente en minería, petróleo y la agroindustria", que además precisan de importantes proyectos de infraestructura, prosigue el fallo.
Agrega que "la presencia militar va acompañada de limitaciones de acceso a grandes áreas de territorio y de problemas de abastecimiento de bienes y servicios".
Simultáneamente el gobierno del derechista Álvaro Uribe ha promovido "leyes nacionales incompatibles con la Constitución colombiana ( ), que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, recogidos en los tratados internacionales suscritos por Colombia", puntualiza.
La explotación de los recursos y la contaminación resultante conllevan a "la destrucción de formas de vida tradicionales (agricultura, pesca, caza)", añade el fallo.
Mientras 27 por ciento de la población indígena no tiene un reconocimiento legal de sus derechos territoriales, el gobierno canceló los resguardos nuevos. Más de 400 solicitudes reposan ante la Unidad Nacional de Tierras del Ministerio del Interior.
El TPP juzgó a 26 firmas multinacionales por lucrar sobre un patrón de violencia en Colombia. La sentencia menciona, en el caso indígena, a la estadounidense Monsanto, productora del herbicida usado en la fumigación de cultivos ilegales para la producción de drogas.
Las fumigaciones realizadas a través del Plan Colombia, antidrogas y contrainsurgente, financiado por Washington, han "afectado gravemente 105 territorios indígenas entre 2000 y 2006", señala la sentencia.
La audiencia final del TPP fue presidida por el argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganador en 1980 del Premio Nobel de Paz.
