Una nueva batalla política avanza en Venezuela, que tendrá su culminación en las elecciones de noviembre para gobernadores y alcaldes. Pero ya se sabe que habrá ausencias forzadas por inhabilitación de aspirantes opositores con opción de victoria.
A pesar de su carácter regional y local, el presidente Hugo Chávez dijo que estas son "las elecciones más importantes en la historia de Venezuela", pues las considera cruciales para la prolongación de su proyecto político y su permanencia en el gobierno nacional más allá del término previsto para su actual mandato, que es enero de 2013.
Hace cuatro años el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y aliados ganaron 21 de las 23 gobernaciones del país y casi 300 de las 335 alcaldías, y en 2006 fue reelegido Chávez con 63 por ciento de los votos válidos. Pero la reforma constitucional socialista que el mandatario propuso fue rechazada en diciembre por 51 por ciento de los sufragantes.
"Un nuevo mapa político puede surgir de las elecciones de noviembre, por la pérdida de conexión entre el pueblo y el grupo en el poder que rodea al presidente", advirtió a IPS el diputado Luis Tascón, quien organiza el grupo Nuevo Camino Revolucionario con disidentes del mayoritario PSUV.
Para Tascón, si la oposición se hace con una decena de los estados del occidente y del norte de Venezuela, los distritos más poblados, "al presidente no le quedará otro remedio que sentarse a negociar con la oposición que emergerá".
La inscripción de candidatos y comienzo de la campaña será en agosto, y los aspirantes en las coaliciones oficialistas y opositora están en la recta final del prelanzamiento para resultar ungidos como abanderados, con una sorda pugna dentro de esos bloques que favorece la aparición de disidencias y candidaturas independientes.
"El portaaviones de Chávez como soporte de las candidaturas no será suficiente para que su sector gane gobernaciones y alcaldías, porque mucha gente pensará menos en la condición política del candidato y más en la figura, credenciales y propuestas del candidato", dijo a IPS Oscar Schémel, director de la firma encuestadora Hinterlaces.
El presidente recoge "una valoración positiva de su gestión, que alcanza en promedio nacional a alrededor de 40 por ciento (de los entrevistados), nada desestimable, pese a que la caída de su popularidad se ubica en 20 puntos porcentuales en (el último) año y medio", indicó.
"Pero la calidad del respaldo está cambiando, y quienes simpatizan o respaldan la gestión del mandatario también lo critican y lo cuestionan. Ya no le perdonan errores, excesos y desmesuras", afirmó Schémel.
Bajo ese clima, reflejado por varias encuestas privadas en los primeros meses del año, creció el optimismo de la oposición, disminuido después de que en junio el PSUV escogió sus candidaturas en elecciones primarias, mientras que los opositores han demorado peligrosamente su unidad en torno a postulantes únicos.
El analista Luis León, director de la encuestadora Datanálisis, comentó a IPS que la oposición "tiene posibilidades de hacerse con un tercio de las gobernaciones y alcaldías, y además mostrar la consistencia de su victoria por el peso electoral de los espacios ganados, es decir las regiones más pobladas y económicamente activas" de Venezuela.
Pero para ello "es necesario conquistar al elector ni-ni (como se les llama a los que no adhieren automáticamente ni al gobierno ni a la oposición), y eso es impensable mientras se mantengan las diatribas acerca de las candidaturas unitarias. Las opciones se alejan con cada día", afirmó León.
Una muestra de las dificultades del chavismo está en los estados de Carabobo, en el norte e industrializado, y Guárico, central y con importante actividad agropecuaria, donde los ungidos como postulantes del PSUV chocan con los gobernadores actuales, que fueron oficialistas por años y ahora han preferido la expulsión antes que ceder ante candidaturas que juzgan perdedoras.
La oposición, en tanto, no se une en su principal bastión, que es el estado petrolero de Zulia, en la frontera noroccidental con Colombia, ni en los municipios del este caraqueño, donde es particularmente fuerte, pues las plazas las disputan muchos aspirantes bajo la presunción de que se trata de victorias seguras.
Para complicar más el cuadro, la Contraloría General de la República dispuso en los últimos años la inhabilitación política (prohibición de desempeñar cargos públicos) para unos 400 funcionarios de mediano y bajo nivel de la última década.
Los dirigentes políticos y medios de comunicación de oposición sostienen que al menos 85 por ciento de los sancionados por la Contraloría son contrarios a Chávez. "Yo no llevo esa estadística de si son pro-gobierno o pro-oposición, (pues) si lo hiciera le daría a nuestras decisiones un sesgo político", dijo a corresponsales el Contralor General, Clodosbaldo Russián.
Al menos cuatro de los inhabilitados son opositores con opción de victoria en los estados de Táchira, en frontera sudoeste, Miranda, al este de Caracas, Anzoátegui, en el oriente y rico en petróleo, y en la alcaldía mayor de la capital venezolana. La oposición acusa a Russián, durante décadas un militante izquierdista, de actuar con parcialidad a favor del oficialismo.
Pero, sobre todo, lo acusan de violar una disposición constitucional según la cual no pueden optar a cargos de elección popular "quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", es decir quienes hayan sido procesados y condenados en un tribunal, no sancionados administrativamente por la Contraloría.
Russián recibió el apoyo del Consejo Electoral, que colocó a los inhabilitados en una lista de inadmisibles, del parlamento, donde 95 por ciento de los diputados son oficialistas debido a que la oposición no se presentó en las elecciones para integrar el cuerpo, y de Chávez, quien en un acto público le ofreció "un apoyo especial, porque quienes lo atacan son los vendepatria que no volverán a gobernar más nunca". El líder opositor Leopoldo López, alcalde de un pequeño municipio de Caracas y quien compite bien posicionado en las encuestas por el cargo de Alcalde Metropolitano, dijo a IPS que el Tribunal Supremo de Justicia le ofreció verbalmente decidir sobre la materia este mes, lo cual colocaría a la oposición en carrera contrarreloj para hacer sus elecciones internas. Los analistas políticos concuerdan en que la oposición pierde tiempo y esfuerzos con el dilema de las inhabilitaciones, porque si lanza uno de ellos como abanderado corre el riesgo de que no pueda inscribirse, y si escoge de antemano a un sustituto admitiría que el oficialismo, en la práctica, escoja al rival contra el cual competirá.
López fue sancionado porque su municipio redirigió recursos para hacer frente a pagos de electricidad, bomberos y maestros que en noviembre de 2002 no fueron previstos en el presupuesto para el año siguiente y que se dispararon tras la crisis política y económica que sacudió a Venezuela en esos años, que incluyó un frustrado golpe de Estado contra Chávez.
"Llegaremos hasta el final. Lucharemos en la calle, ante las instancias jurisdiccionales en Venezuela y con nuestras denuncias en órganos internacionales, porque se viola el derecho del pueblo a ser quien decida en definitiva y elija a quien quiera", insistió López.
Si las sanciones de la Contraloría prosperan, "en el futuro bastará con ver quien puede ser un exitoso candidato a diputado o presidente para inhabilitarlo de un plumazo, por la vía administrativa que decide un solo funcionario", cuestionó López, de 37 años y quien comienza a ser reseñado en medios internacionales como un "presidenciable". Chávez advirtió a sus seguidores que, si la oposición conquista una decena de regiones importantes, "el año próximo vendrán por mí", dando a entender que se animarían a reunir firmas para un referendo revocatorio de su mandato o una asamblea constituyente.
Por el contrario, si el oficialismo logra victorias contundentes, Chávez podría reeditar su propuesta de reformar o enmendar la Constitución para permitir la reelección indefinida y así presentarse nuevamente como candidato a fines de 2012.
