Sesenta y seis por ciento del dinero que recauda el Estado peruano de las industrias extractivas no figura en la rendición de las cuentas públicas. El parlamento busca tomar cartas en el asunto ante la presión empresarial para que el gobierno no cumpla con acuerdos internacionales al respecto.
Los planes para adoptar la llamada Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés), a la que Perú adhirió en 2004, están frenados por la resistencia de un grupo de firmas del sector.
La recaudación fiscal sobre la extracción de los recursos naturales ascendieron el año pasado a 7.464 millones de dólares, 44 por ciento de los cuales fueron transferidos en forma de canon a las 25 regiones en que se divide el país y el resto se queda en manos del gobierno nacional sin que se conozca el destino de ese dinero.
La cifra en la sombra es de 4.938 millones de dólares y requiere de la fiscalización de la ciudadanía, como advierte un grupo de trabajo multipartidario del Congreso legislativo, que plantea modificaciones a la ley del Canon.
"Debe haber transparencia en el manejo de estos recursos. ¿Si se conoce el detalle de lo que se transfiere a las regiones, por qué se mantiene en secreto el destino de los recursos del gobierno central? La rendición de cuentas debe darse en todos los niveles", señaló a IPS el presidente del equipo legislativo, Washington Zeballos.
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El legislador advierte que el gobierno peruano de Alan García hace una lectura parcial de las leyes al considerar como canon sólo 50 por ciento del Impuesto a la Renta (IR) por tercera categoría que aportan las compañías sin considerar otros tributos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) o el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Así, el Poder Ejecutivo termina quedándose con 16 por ciento del dinero que debe transferirse a las regiones como compensación a la explotación de los minerales en sus territorios.
Por ello, la comisión parlamentaria propone que el Ministerio de Economía y Finanzas cree una fuente de financiamiento que incluya el detalle de todos los ingresos y beneficios generados por las industrias extractivas en cumplimiento de la estrategia global EITI.
Esta iniciativa internacional fue lanzada en 2001 por el entonces primer ministro británico Tony Blair (1997-2007) para luchar contra la corrupción mediante la publicación periódica y completa, de fácil acceso al público, de todos los pagos significativos efectuados por las firmas petroleras, gasíferas y mineras a los Estados que sustenten sus economías en la explotación de recursos naturales.
Si las empresas y el Estado rinden cuentas del dinero que se mueve por esa actividad, se reducirán los sobornos gracias a la vigilancia ciudadana.
La propuesta de Blair ha sido apoyada por Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, entre otros. Mientras que en América Latina lo ha hecho Bolivia al igual que Perú, que ha dado los primeros pasos para su implementación aunque de manera muy lenta debido a la resistencia de algunas compañías.
"Un sector de empresas está presionando para que no se reporte el detalle de lo que cada una aporta sino para que sólo se conozca el monto total por sector, y el gobierno está cediendo en esa posición", indicó el responsable de Vigila Perú de la no gubernamental Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, quien integra la comisión de trabajo de la EITI.
En 2006 se creó un equipo de trabajo para echar andar esta propuesta de transparencia bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas y la participación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, representantes de organizaciones no gubernamentales y universidades.
La comisión ha tenido reuniones periódicas para estudiar el tema, pero según los portavoces de la sociedad civil no existen grandes avances, tanto que el presidente de la EITI, Peter Eigen, envió una carta en octubre de 2007 dirigida al presidente Alan García señalando que Perú no califica como país cumplidor de la iniciativa.
Pese a ello, el Ministerio de Energía y Minas comunicó últimamente a los demás miembros de la comisión de trabajo que lo más viable es que informen de manera individual sólo las empresas que estén dispuestas a hacerlo, es decir de modo voluntario.
"Eso revela la falta de compromiso del gobierno y una actitud pragmática de que se haga lo que se pueda sin importar el resultado final. Si esas empresas van a informar lo que ya se sabe, para qué les vamos a dar el sello de transparencia. No tiene sentido", insistió Baca.
En respuesta, el presidente de la comisión, viceministro de Energía, Pedro Gamio Aita, señaló a IPS que "existe la voluntad de actuar con transparencia, pero debemos respetar el marco legal porque las empresas están protegidas por la reserva tributaria".
El viceministro aseguró que se ha conseguido que las grandes compañías, las cuales representan 80 por ciento de la producción de las industrias extractivas del país, decidan informar los pormenores de lo que tributan.
"Sólo las pequeñas y medianas empresas se oponen a que se haga público lo que aporta cada una, pero sí lo harán en conjunto", agregó.
Para esclarecer las cuentas, el Estado debe contratar una auditora internacional que elabore un llamado Estudio de Conciliación con el propósito de comparar lo que el gobierno reporta como dinero recibido y lo que las empresas consignan como aportaciones.
Aunque hay expectativa de que las compañías informen a la población por cada tributo generado por sus actividades, el viceministro precisó que sólo se harán público los montos por Impuesto a la Renta por tercera categoría, que en la mayoría de casos ya se conocen.
La mitad de ese tributo es entregado como canon a las regiones donde se explotan los recursos y el detalle de estos montos son públicos. Además, muchas de las grandes empresas informan sobre estas cifras en la página en Internet de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), a la que pertenecen.
El gobierno peruano ha destinado 300.000 dólares para la contratación de la auditora internacional y otras actividades como la ejecución de sistemas de transparencia piloto en las regiones de Cajamarca y Cusco.
Pero Baca considera que ese dinero sería tirado por la borda si el Estado no se pone firme para obtener resultados nuevos.
"Hemos hecho todo los esfuerzos para conseguir un punto de consenso. Ya existe un proceso de transparencia en marcha iniciado individualmente por las empresas más importantes, y ahora lo que se busca es oficializarlo, hacerlo de forma corporativa", apuntó Gamio.
Entre las grandes empresas que cuentan con declaraciones de adhesión a la EITI en sus páginas web figuran las mineras Antamina, Anglo American, la canadiense Barrick Gold, la anglo-australiana BHP Billinton, la estadounidense Newmont y la hidrocarburífera hispano-argentina Repsol.
El gerente de asuntos corporativos de Antamina, Gonzalo Quijandría, informó que desde hace dos años la empresa reporta públicamente los impuestos que paga porque considera que la implementación de la EITI contribuirá a generar confianza entre las comunidades.
En esa línea demandó que el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los municipios también revelen "a dónde va el dinero que aporta la minería".
El viceministro Gamino señaló que el gobierno nacional tiene interés en hacerlo y que la implementación de la EITI es una buena oportunidad.
Mientras que en nombre del interior del país, el presidente regional de la sureña Tacna, Hugo Ordóñez, manifestó que es "necesario impulsar un proceso de transparencia total porque hay una grave crisis de confianza producida por la corrupción y revelada en el incremento de los conflictos sociales".
