Eva H. no recuerda haber presenciado niveles de violencia similares a los que su tierra natal padece en estos días. Originaria de Los Mochis, en el norteño estado mexicano de Sinaloa, esta médica de profesión está espantada por los tiroteos que casi a diario ocurren en esa localidad.
Sinaloa, cuna de las mafias del narcotráfico en México y donde en una semana se registraron 43 asesinatos, se colocó, junto al también septentrional estado de Chihuahua, a la cabeza del índice de crímenes en el país.
La Procuraduría (fiscalía) General de Justicia del Estado reportó cinco ejecuciones registradas este lunes en varios municipios de Sinaloa.
De este modo se extiende el fin de semana teñido de rojo en tierras sinaloenses, donde dos grupos de asesinos a sueldo se enfrentaron a tiro limpio, bazucas y granadas incluidas, en un área residencial de Culiacán, la capital estadual.
También un comando de sicarios armados con granadas y fusiles se refugió en un restaurante en el sitio turístico de Mazatlán, luego de matar a un policía municipal, y tomaron de rehenes a unos 40 comensales durante más de tres horas, a quienes liberaron posteriormente.
Otro grupo de matones ejecutó el domingo a una niña, dos adolescentes y a cinco adultos en la población de Guamúchil, en el noroeste de Sinaloa, y otras cinco personas sufrieron heridas. Los cadáveres fueron hallados en cuatro vehículos cerca de un centro comercial.
"Evidentemente ya no sirve para tranquilizar el espíritu la espectacularidad de las tanquetas militares que patrullan esta entidad. Menos aún los continuos y bruscos movimientos de las policías en contra de los civiles", advirtió el analista político Ricardo Raphael en una columna publicada este lunes en el periódico El Universal, de la capital mexicana, en alusión al fracaso de los operativos militares en contra del narcotráfico.
Esta localidad, donde se han contabilizado 500 víctimas de sucesos violentos vinculados con el narcotráfico en lo que va de este año, es el escenario de uno de los más fuertes operativos antinarcóticos en el país y en el que toman parte unos 2.700 soldados y policías.
También en estos mese de 2008 han sido ejecutados 63 agentes y jefes policíacos en Sinaloa. Luego de las ejecuciones del domingo, un jefe de la Policía Municipal presentó su renuncia.
En Culiacán, soldados capturaron a ocho integrantes del cartel de los hermanos Beltrán Leyva, una de las mafias de narcotraficantes que se disputan el control de la región clave para el trasiego de estupefacientes a Estados Unidos, y que habrían participado en los asesinatos de la última semana.
En una semana hubo 124 muertos en 11 estados del país, la mayoría de los cuales ocurrió en Sinaloa y otros 40 en el fronterizo estado de Chihuahua.
"En Sinaloa, el pasado fin de semana no fue distinto al anterior. Desde hace ya más de un año, en esta región del país así de violentas se han vuelto las horas, los días y los meses", relató Raphael.
Desde que asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón ordenó el despliegue de integrantes del ejército para combatir contra el tráfico de drogas, una medida criticada por organizaciones defensores de los derechos humanos mexicanos e internacionales que rechazan que las Fuerzas Armadas desempeñen labores de seguridad ciudadana.
El gobierno conservador considera el despegue de la violencia una respuesta a la guerra abierta que ha lanzado en contra de las organizaciones narcotraficantes.
La magnitud de los hechos de sangre ha atemorizado a la población sinaloense y ha suscitado muestras de indignación. Por caso, alumnos y trabajadores de la estatal Universidad Autónoma de Sinaloa marcharon el domingo por el cese de la violencia, luego del asesinato accidental de dos profesores ocurrido la semana pasada.
A la fecha, más de 2.000 personas han muerto en sucesos ligados al narcotráfico en el país.
En medio de este panorama, el gobierno de Calderón espera el inicio de los desembolsos de la llamada Iniciativa Mérida, un plan de ayuda antidrogas aprobada en junio por el Senado de Estados Unidos, que incluye una asistencia de 400 millones de dólares por un año a México y de 65 millones para Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Haití y República Dominicana.
Unos 73 millones de dólares serán empleados en México para apoyar reformas judiciales y actividades anticorrupción y otros 15 millones para programas contra las adicciones.
