José Fausto Gálvez estaba por cruzar la frontera con Estados Unidos hace un año cuando soldados mexicanos le detuvieron y luego le gritaron «¿Dónde está la marihuana? Si no aparece, los vamos a madrear (golpear) y matar».
Gálvez, quien esperaba a un traficante de personas, relató que en junio de 2007 los militares le patearon, dispararon sus armas cerca de la cabeza, le vendaron los ojos, le arrancaron las uñas de las manos y los pies y le abandonaron en el desierto.
Éste es uno de los testimonios recogidos por la oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre abusos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles cometidos entre marzo de 2007 y el mismo mes de este año durante operativos antinarcóticos, recogidos en un informe presentado este viernes en la capital mexicana.
La CNDH o Defensor del Pueblo documentó torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos, cateos, retenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza, trato degradante e incomunicación en cuatro estados donde el ejército lleva a cabo actividades antinarcóticas.
Los casos expuestos ocurrieron en el noroccidental estado de Michoacán, en oriental Tamaulipas y en las localidades norteñas de Sonora y Sinaloa.
Del 1 de diciembre de 2006 al 17 de mayo pasado la oficina del Defensor del Pueblo recibió un total de 634 quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, emitió ocho recomendaciones para la Secretaría (ministerio) de Defensa Nacional respecto a los abusos denunciados.
A lo largo de esta década, esa cartera ministerial ha recibido al menos 24 recomendaciones de la CNDH.
Este nuevo reporte es similar a otro dado a conocer en septiembre, cuando criticó duramente la participación militar en la lucha contra el narcotráfico al considerar que el ejército no está preparado para esas funciones.
Desde que asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 2006, el conservador Felipe Calderón ordenó el despliegue de efectivos del ejército para combatir el tráfico de drogas y las poderosas mafias que lo dirigen, una medida criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos locales e internacionales.
Esas organizaciones no gubernamentales y expertos rechazan que las Fuerzas Armadas desempeñen labores de seguridad ciudadana, reservada para las distintas policías que se preparan para ello.
Aproximadamente 30.000 soldados toman parte en operaciones contra el crimen organizado, según analistas.
La Constitución mexicana establece que, ante problemas graves de seguridad interior, se puede recurrir a los militares, disposición que avaló la Suprema Corte de Justicia en una resolución de marzo de 1996.
Durante las tareas de vigilancia, 14 personas han muerto a manos de militares en incidentes no relacionados con el narcotráfico. Además, unas 2.000 personas han fallecido en hechos vinculados con el trasiego de estupefacientes.
Estos operativos militares han logrado, según las autoridades, destruir más de 50.000 hectáreas de cultivos ilegales y ha decomisado más de 1.700 toneladas de drogas.
El reporte de la Comisión tiene lugar un día después de una jornada particularmente violenta y en la que una veintena de personas murieron en hechos atribuidos al narcotráfico.
A pesar del recuento efectuado, la CNDH mantiene su apoyo a la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcótica, al considerar que la policía carece de la capacidad necesaria para enfrentar a los carteles de la droga.
El informe del Defensor del Pueblo se suma a una serie de denuncias de arbitrariedades cometidas por militares en años recientes. Por caso, la violación de 13 prostitutas a manos de un grupo de soldados en julio de 2006 en la población de Castaños, unos 810 kilómetros al noroeste de la capital mexicana
La Procuraduría (fiscalía) General de Justicia del norteño estado de Coahuila investiga si procede el juzgamiento de nueve militares involucrados en esos sucesos.
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